¿Puede aprobarse una Ley de Transparencia sin transparencia? El plazo para la presentación de enmiendas al texto legal que se está tramitando en el Congreso se terminaba hoy y se ha ampliado al 2 de octubre, pero la Coalición pro Acceso ha dado la voz de alarma. A juicio de este colectivo, que aglutina a 50 organizaciones a favor del libre acceso a la información, la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno nace vieja para los tiempos que corren y es del todo insuficiente.
“La ley no está a la altura. El Ejecutivo se ha centrado en el buen gobierno y se ha olvidado de la transparencia. La ley debería recoger el derecho de toda persona a solicitar cualquier información a cualquier Administración en cualquier formato y no lo hace”, asegura Victoria Anderica, investigadora y coordinadora de Access Info Europe.
El citado proyecto de ley fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio tras atravesar un periodo de consulta pública. El texto se encuentra ahora en las Cortes a la espera de ser mejorado con las enmiendas de los partidos. Pero, desde la Coalición pro Acceso -de la que forman parte organizaciones como Amnistía Internacional, Ayuda en Acción, Asociación de la Prensa, Greenpeace e Intermón Oxfam- temen que si las formaciones políticas no recogen ninguna de sus peticiones, la ley nazca coja antes de aprobarse.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Presidencia rechazan estos reproches, argumentan que la ley se ha tramitado tras un proceso de consulta pública en el que se han producido 80.000 intervenciones y que se han introducido 20 cambios en el proyecto de ley tras las sugerencias de los ciudadanos.
Desde Presidencia destacan además que el Gobierno está dando un paso pionero y que ésta no va a ser una ley exprés, sino que su tramitación será larga tanto en el Congreso como en el Senado. De hecho, el Ejecutivo ha respaldado que representantes de las asociaciones críticas con la ley puedan comparecer en las Cortes para exponer su opinión sobre esta norma.
La Coalición pro Acceso ha enviado una carta a los diputados en la que recogen los puntos débiles de la norma y propone cambios para mejorarla:
1º. El derecho de acceso a la información, un derecho fundamental
El derecho de acceso a la información aparece en el texto vinculado al artículo 105 b) de la Constitución sobre acceso a archivos y registros. Sin embargo, la Coalición pro Acceso considera que este derecho debe ser un derecho fundamental y, por tanto, estar asociado al artículo 20 de la Constitución. De esta forma, la ley debería tramitarse como una ley orgánica y no como una ley ordinaria.
2º. El alcance de la ley debe ser más amplio
El texto legal abarca a la Administración del Estado, a las comunidades autónomas, a las entidades locales, a las agencias estatales y a las fundaciones. Su ámbito de aplicación también incluye al Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, pero sólo en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo.
Sin embargo, deja fuera a partidos políticos, sindicatos y a la Casa Real. Desde la Coalición pro Acceso critican duramente esta exclusión: “Hay que arrojar luz sobre las cuentas de los partidos políticos y sindicatos. Las formaciones reciben subvenciones públicas, están muy endeudadas e intercambian favores. La ley de financiación de partidos políticos se ha demostrado ineficaz y es necesario que la transparencia alcance a estas entidades para que los ciudadanos recuperen la confianza en ellas”, asegura la investigadora de Access Info Europe.
3º. Problemas con la publicación de información
El proyecto de ley no incorpora la publicación de informes finales derivados de las auditorías realizados por los órganos de control interno, según la Coalición pro Acceso. Tampoco incluye el patrimonio (edificios, terrenos, vehículos…) con el que cuentan los 21.000 organismos públicos que hay en España.
El colectivo considera que se deben publicar tanto las auditorías como el patrimonio de los organismos para facilitar un control social de las administraciones públicas.
Desde Presidencia niegan este extremo y sostienen que el artículo 7 del texto legal afirma que “las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan” sí están sujetos a la ley.
La Coalición pro Acceso también cuestiona que la creación de un portal de la transparencia sea la solución más adecuada. Afirma que en muchos países se ha optado por publicar la información en las páginas web de cada institución, “que es la forma más intuitiva de buscarla”, según sostiene en el escrito enviado a los diputados.
4º. Cambio de silencio administrativo negativo por positivo
Según la actual redacción de la ley, si transcurre el plazo para contestar y la institución no da respuesta, se entiende por denegada la solicitud. A juicio de este colectivo, teniendo en cuenta que en España, más del 50% de las solicitudes quedan sin respuesta, establecer un silencio negativo tendría consecuencias negativas para la puesta en marcha de la ley. Por ello, pide que todas las solicitudes reciban una respuesta concediendo o denegando el acceso a la información.
Por todos estos motivos, la Coalición pro Acceso reclama a los diputados que incluyan alguna de estas peticiones en sus enmiendas para mejorar una ley necesaria, ya que España era el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no tenía una norma de estas características.
Ana del Barrio | Madrid. EL MUNDO
Actualizado martes 25/09/2012