El Gobierno recortará también en leyes

{A. I. SÁNCHEZ
Día 29/03/2012 -}
Sueldos, altos cargos, empresas públicas, fundaciones y, ahora, leyes. El Gobierno ha identificado el exceso normativo como uno de los puntos negros que dilata la labor de la Administración y dificulta la transparencia hacia el ciudadano y ha decidido aplicar la tijera también a los textos jurídicos.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha incluido una disposición adicional en el Anteproyecto de la nueva Ley de Transparencia que obligará a todas las administraciones a reducir el tamaño de su cuerpo legislativo. El objetivo es simplificar la legislación y, para ello, Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales deberán revisar toda su normativa para desechar aquellas normas que ya no sirven.
El texto, divulgadooficialmente por el Gobierno desde el lunes por la tarde, establece que deberán ser derogadas todas aquellas disposiciones «que hayan quedado obsoletas». Además, se deberá valorar «la necesidad de introducir modificaciones o novedades» en la legislación en vigor o incluso elaborar «un texto refundido» cuando varias se refieran al mismo objeto para evitar así duplicidades legislativas e incluso conflictos. Eso sí, cumpliendo siempre «las previsiones constitucionales y legales sobre competencia y procedimiento a seguir en función del rango de las normas que queden afectadas».
{{Ayllón, coordinador}}
La tarea de coordinar esta ingente revisión y simplificación normativa no es fácil. A nivel estatal ha recaído en la Secretaría de Estado de relaciones con las Cortes, a cuyo frente se encuentra José Luis Ayllón, responsable de la elaboración del propio borrador del anteproyecto de Transparencia. Además, Ayllón tendrá que impulsar y coordinar el mismo proceso a nivel local a través de la Comisión Nacional de Administración Local y la Federación Española de Municipios y provincias. La coordinación de la labor de las comunidades recaerá, por su parte, en las secretarías generales de los ministerios que deberán llevar a cabo su propia revisión —en su ámbito competencial— en armonía con las autonomías que, según el texto, también deberán impulsar en este proceso.
El Gobierno espera poder llevar la Ley de Transparencia a las Cortes durante el segundo semestre del año. A partir de entonces, comenzará la cura de adelgazamiento para el ordenamientio jurídico del país.