El coste de la Justicia

Se acaba publicar en el BOE la polémica Ley 10/2012, de Tasas Judiciales.
¿Qué ocurre con esto? Que se acabó lo de la Justicia gratuita, en el sentido de recurrir al Juez para dirimir la cuestión que sea, sin pagar la correspondiente tasa (o pagando bastante más de lo que se aplicaba antes, en el caso de las personas jurídicas).
El tema tiene una vertiente política y moral nada baladí. Y existen dos caras de la misma medalla que hay que valorar.
En primer lugar, es insostenible el recurso permanente a la Justicia para solventar problemas que deberían ser merecedores de soluciones amistosas lejos de los Tribunales, bien mediante el uso de los servicios de mediación, bien mediante unas puras y simples negociaciones entre gente sensata.
La demagogia quiere demostrar que la aplicación de las tasas es directamente inmoral, utilizando ejemplos sangrantes e hiperbólicos como el de la viejecita atropellada por un pirata de la carretera que, además de los daños físicos, debe pagarse un buen abogado y – ahora – las tasas judiciales.
El supuesto es uno de los muchos que se pueden dar, pero habría que ser honestos y reconocer que hay otros tantos en los que, simplemente, existen dos o más partes en guerra entre ellas por temas económicos, mercantiles o incluso civiles (véase divorcios a punta de navaja), supuestos estos que en muchas ocasiones deberían encontrar su solución lejos de los jueces, vía negociación y sentido común. Sin embargo, tenemos una magnífica propensión para pleitear y atascar los Tribunales con cuestiones a menudo absurdas.
Dicho lo dicho, y asumido que el recurso a la Justicia debe ser una extrema ratio en situaciones ya imposibles de solventar por la vía amistosa, también debemos reconocer que este Gobierno – como ya ha hecho en otras circunstancias, en particular con la subida de determinados impuestos – lejos de encontrar soluciones estructurales a la sobrecarga de trabajo de los Tribunales, ha optado por el camino más corto para desincentivar el acceso de los ciudadanos a la Justicia: más dinero, más coste, menos gente que pueda permitirse recurrir a los Tribunales.
Debo entonces reiterar lo que ya dije en varias ocasiones: si existen unos ámbitos en los que el Estado – desde luego sin malgastar y reformando el sistema cuando sea preciso – no puede abdicar a sus funciones, precisamente es en los entornos de la Sanidad, de la Educación, de la Seguridad y de la Justicia.
¿Es posible que no existan otras partidas del gasto público que merezcan una radical reducción (o supresión) en aras a conseguir más dinero para asegurar al ciudadano un buen profesor, un buen médico, un buen Guardia Civil y un buen Juez, todos ellos en tiempo y forma?
En resumidas cuentas, si es cierto que el recurso a la Justicia no debe seguir siendo una “barra libre” de pleitos, también es cierto que una medida así hubiera tenido que enmarcarse dentro de una más amplia y decidida inversión para la mejora del servicio que los Tribunales brindan a ciudadanos y empresas.
Y para cerrar: entre Adelson y las reformas normativas a la carta para Eurovegas, la residencia a los extranjeros que compren su pisito bien barato, la intervención a destiempo sobre el tema desahucios y esta última medida sobre tasas judiciales, la sensación que empezamos a tener, no es de las más tranquilizadoras.
21/11/2012