MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) –
El Colegio de Abogados de Madrid ha asegurado este viernes que entre enero y octubre del presente año se han remitido un total de 46.766 expedientes a la Comisión de Justicia Gratuita de la que forma parte la Comunidad de Madrid, de los que han sido confirmados como aptos 44.001.
Por otro lado, el Colegio también remarca que la Comunidad de Madrid adeuda la totalidad de las actuaciones realizadas por los abogados de Turno de Oficio y que han sido certificadas a lo largo de 2012.
Durante este período, la Comunidad ha denegado tan sólo casi un siete por ciento de las solicitudes formuladas por los ciudadanos por no cumplir los requisitos establecidos por la norma, mientras que entendió que debía ser concedido el beneficio de justicia gratuita a un 20,8 por ciento de los 1.925 expedientes que el Colegio de Abogados de Madrid valoró sin embargo de forma negativa.
En la actualidad la Comunidad, según remarca el Golegio de Abogados en un comunicado, tiene pendiente la resolución de un 22 por ciento de los expedientes remitidos por el Colegio de Abogados de Madrid. Si la resolución de estos 11.093 expedientes no se realiza en el plazo de 30 días que impone la ley para su resolución, se confirmará la decisión adoptada por el Colegio de forma automática.
La organización colegial de los letrados madrileños explica que envía toda la información a la Comisión de Justicia Gratuita por medio de un sistema informático propio que supera todos los estándares de calidad, eficacia y control que exige la gestión de los expedientes de justicia gratuita.
Sin embargo y en aras a conseguir una mayor eficacia en la comprobación de las circunstancias económicas de los solicitantes, ha venido reiterando la necesidad de poder acceder a los datos disponibles en la Tesorería General de la Seguridad Social.
El Colegio tiene la seguridad de contar con la colaboración de las administraciones públicas de modo que antes de fin de año la herramienta informática adecuada estará plenamente operativa y, cumpliendo la legalidad vigente en materia de protección de datos de carácter personal, podrá comprobar de forma ágil los datos económicos del solicitante con su consentimiento.