CONCENTRACIÓN
martes 24 de enero, a las 13.30 horas
ante el MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, Plaza de la Provincia 1.
Desde 2010, numerosas asociaciones, organizaciones y colegios profesionales de distintas continentes nos sumamos a la convocatoria del Día de la Abogacía Amenazada.
El 24 de enero fue elegido como el Día Internacional de la Abogacía Amenazada porque en este día de 1977, cuatro abogados y un compañero de trabajo fueron asesinados en su Despacho en la calle Atocha 55 de Madrid, un evento que llegó a conocerse como la Masacre de Atocha.
El objetivo de este Día Internacional es llamar la atención de los gobiernos, las instituciones internacionales, la sociedad civil, los medios de comunicación y el público en general sobre la situación de la abogacía en un país en particular, con el fin de crear conciencia sobre las amenazas que enfrentan el ejercicio de su profesión. En los últimos años, este Día se ha dedicado a países como Colombia (2022 y 2014) Azerbaiyán (2021), Pakistán (2020), Turquía (2019 y 2012), Egipto (2018), China (2017), Honduras (2016), Filipinas (2015), País Vasco / España (2013) e Irán (2010).
Este año, el Día del Abogacía Amenazada se centra en Afganistán, donde continúa la persecución a las abogadas y los abogados de derechos humanos, impidiéndoles ejercer su profesión de manera libre, independiente y segura y donde la persecución sufrida ha llegado a costarles la vida.
Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de Naciones Unidas establece que “Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones”. Asimismo determinan que “Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas” y que “Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada”.
En el 2001, tras la caída del régimen talibán, y varias décadas de guerras y conflictos armados, el sistema judicial se encontraba en un estado muy precario, pero comenzaron a implementarse numerosos programas de reconstrucción, reformas y modernización en las instituciones afganas.
Antes de 2001, la ley y los tribunales estaban constituidos en una única entidad basada en la religión, conocido como mulá o mullah. El nuevo sistema tras la caída del régimen Talibán separó el derecho de la religión y la judicatura del clero o tribunales locales de ancianos. La judicatura pasó a estar formada por jueces formados en derecho laico e independientes, incluyendo, por primera vez, a más de 270 juezas. Lo mismo ocurrió con la fiscalía, a la que se incorporaron 400 mujeres.
El Colegio de la Abogacía Independiente de Afganistán (“AIBA”) se creó en 2008, con más de 6.000 miembros, de ellos apenas 1.500 eran mujeres. Esta institución independiente promovía la defensa del Estado de derecho, del ejercicio libre e independiente de la abogacía y de los derechos humanos.
La caída del gobierno afgano en agosto de 2021 borró dos décadas de progreso súbitamente. El sistema judicial colapsó, se derogaron las normas vigentes, incluida la Constitución de 2004, y pasaron a ser sustituidos por los principios de la Sharía. Se suprimió la libertad de expresión, la de prensa y la de movimiento, entre otros derechos fundamentales. Unos 2.000 jueces fueron despedidos y la mayoría de los jueces incorporados por el gobierno Talibán proceden de titulaciones de instituciones religiosas.
Las autoridades también están persiguiendo a los y las compañeras (y otras juristas del mundo académico y de ONGs) que, en defensa del Estado de derecho, protegieron los derechos fundamentales de sus conciudadanas, asegurando su acceso a la justicia. También la judicatura y la fiscalía que ejercía durante el gobierno afgano antes de agosto de 2021 están sujetas a graves represalias por parte de los talibanes, así como de algunas personas que habían sido condenadas en ese tiempo y que fueron puestas en libertad cuando éstos tomaron el poder.
La situación es especialmente crítica para los abogados, y en particular para las abogadas, que representaron los intereses, tanto de víctimas como de acusados, en casos en los que hubo condenas a miembros de los talibanes; muchas de ellas se han visto forzadas a exiliarse o esconderse y a día de hoy varias han intentado solicitar ayuda internacional para poder optar a protección internacional, sin éxito.
El informe relata los casos de diversos abogados y abogadas y juristas que han tenido que exiliarse y de otros tantos que no lo han conseguido aún y se les deniega el ejercicio de su profesión. En el caso de las abogadas, ni siquiera pueden salir de su casa sin el acompañamiento de un varón. Pueden consultarse los caso individuales en el siguiente enlace, que da acceso al informe completo en su versión en inglés: https://eldh.eu/wp-content/uploads/2023/01/Final-version-of-the-Report-Day-of-the-Endangered-Lawyer-2023.pdf
En noviembre de 2021 el Ministerio de Justicia Talibán de facto eliminó la independencia de la AIBA y retiró su autoridad para conceder permisos de ejercicio de la profesión a la abogacía. Al día siguiente de este decreto, las fuerzas talibanas asaltaron las oficinas de la AIBA en Kabul, amenazando a los empleados y miembros de la asociación y los obligaron a abandonar las instalaciones violentamente. Tras esto, accedieron a las bases de datos de la AIBA que contenían los datos personales y de contacto de las y los colegiados, así como información de los casos que defendían y las afiliaciones a organizaciones nacionales e internacionales; información que ha sido utilizada para perseguir a quienes llevaban la defensa de casos considerados sensibles (derechos humanos y en particular derechos de las mujeres). Asimismo, se hicieron con el control de las cuentas bancarias del Colegio y su presupuesto, que pasaron a manos del Ministerio de Justicia Talibán de facto.
Según datos de la propia AIBA, desde entonces 7 abogados han sido asesinados y 146 has sido detenidos o investigados.
El decreto de 21 de noviembre de 2021 estableció que sólo podrían ejercer aquellos abogados aprobados por los talibanes, por lo que los abogados ya ejercientes deben obtener un nuevo permiso. Para ello, los abogados son examinados conforme a sus actividades pasadas y su conocimiento de los principios de la Sharia y quienes finalmente pueden ejercer no pueden hacerlo con independencia alguna. A aquellos que hayan ejercido, aun remotamente, en el campo de los derechos humanos o hayan tenido relaciones con organizaciones internacionales les han sido denegados los permisos y no pueden ejercer actualmente. A las mujeres no se les ha concedido este permiso para ejercer en ningún caso y quienes intentan trabajar están bajo constante amenaza y sus derechos, en general, se han visto progresivamente disminuidos a casi ninguno. Estos y estas compañeras se han quedado sin sustento para sus familias, forzados a vivir en condiciones muy complejas y su única opción actualmente es abandonar el país en la esperanza de recibir protección por parte de la comunidad internacional, un apoyo que aún llega muy escasamente.
Cientos de compañeras y compañeros han sido evacuados a otros países pero aún siguen llegando llamadas desesperadas de quienes continúan atrapados en Afganistán o países vecinos, cuyas vidas están en riesgo inminente por su desempeño profesional.
Diversos países están utilizando violencia en las fronteras contra estos solicitantes de asilo, habiéndose documentado casos de devoluciones en caliente y denegaciones para tramitar solicitudes de protección internacional y en muchas ocasiones, aun cuando consiguen llegar a Europa, sus solicitudes son rechazadas alegando el concepto de “tercer país seguro”, como ha ocurrido, por ejemplo, en Grecia, que considera a Turquía como estado seguro a pesar de que Turquía está deportando a ciudadanos afganos a su país de origen.
Por tanto, las organizaciones firmantes realizamos una serie de recomendaciones y exigencias:
a) A las autoridades afganas de facto, que respeten los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, restauren la independencia e integridad del sistema de justicia al estado previo al 15 de agosto de 2021, devolviendo su independencia a la AIBA y su autoridad para emitir permisos de ejercicio de la abogacía. Asimismo, que restauren el derecho de las mujeres a ejercer la abogacía en Afganistán, garanticen la protección e independencia de las y los abogados en el ejercicio de su profesión, su vida, seguridad y libertad, cesen cualquier persecución o estigma frente a las y los abogados que defienden casos considerados sensibles y permitan su salida del país y la de sus familias si así lo desean.
b) A la comunidad internacional para que, a través de sus delegaciones diplomáticas, garantice la independencia del ejercicio de la abogacía y salvaguarde sus derechos fundamentales, así como la observancia del Estado de derecho e independencia de la administración de justicia y presione al gobierno de facto afgano para que cumpla con sus obligaciones internacionales.
La comunidad internacional debe garantizar la protección internacional de las y los abogados afganos en riesgo que soliciten asilo e implementar las medidas necesarias para poder garantizar una salida segura para las y los compañeros que aún se encuentran en Afganistán y en países vecinos, organizando programas de evacuación y reasentamiento, respetando el principio de no devolución a Afganistan o terceros países, expidiendo visados humanitarios, investigando las denuncias de malos tratos en fronteras y centros de expulsión.
Además, deben diseñarse políticas de reasentamiento que permitan a las y los abogados refugiados desarrollar su profesión en los países de acogida.
c) Los colegios profesionales y organizaciones jurídicas deben apoyar a las y los abogados en Afganistán y las actividades de la AIBA, incluso desde el exilio, y realizar seguimiento e informes periódicos sobre la situación de las y los abogados afganos.
d) También los medios deben investigar e informar sobre esta situación concienciando sobre el papel vital desarrollado por las y los abogados para construir una sociedad democrática en Afganistán y sobre el grave riesgo que enfrentan actualmente por ello.
Comunicado formato PDF