Decanos piden por unanimidad al gobierno atajar con urgencia la "zozobra" generada por la ley sobre los futuros abogados

{Fecha: 23/04/2012 (EUROPA PRESS) -}
Los decanos de las facultades de Derecho de toda España han pedido por unanimidad a los Ministerios de Educación y Justicia que adopten medidas para resolver de modo “urgente” la “situación de inseguridad jurídica, zozobra institucional e insatisfacción social” que ha generado la modificación de la ley de acceso a la Abogacía y la Procura.
Esta norma obliga a los estudiantes a superar un máster de un año, un periodo de prácticas y un examen final para poder ejercer. El Consejo de Ministros aprobó el pasado marzo una reforma de esta ley -vigente desde octubre- para eximir a los licenciados en Derecho del postgrado.
La Conferencia de Decanos ha adoptado un acuerdo, recogido por Europa Press, que traslada a los departamentos ministeriales así como a los Consejos Generales de la Abogacía y la Procura la “modificación inoportuna de un régimen jurídico” sobre el que las Universidades y los Colegios Profesionales llevaban trabajando “con decisión” para poner en marcha los másteres en los términos prefijados.
A su juicio, las excepciones aprobadas el Gobierno suponen “un tratamiento injustificadamente desigual para situaciones materialmente equiparables” y desdobla el modo de acceso a estas profesiones de una manera “confusa” e “ineficiente”.
{{INTERVENCIÓN NORMATIVA IMPROVISADA}}
Los decanos coinciden en afirmar que esta “intervención normativa” es “a todas luces improvisada” y reúne “palmarios defectos de técnica legislativa”. Además, reprueban que se ha gestado sin la colaboración de las partes afectadas y que, lejos de resolver problemas, creará otros de “difícil y compleja solución”.
“Provoca inseguridad jurídica e introduce nuevos y serios inconvenientes que ponen en evidente riesgo la implantación de los másteres en el modo y plazos previstos”, recoge el acuerdo adoptado de forma unánime.
Defienden que las Facultades de Derecho han cumplido “fielmente” la legislación vigente y que este proceder permanecerá “invariable”. En consecuencia, han instado a Justicia y Educación a adoptar las medidas necesarias para resolver esta situación y “restaurar los cauces de diálogo y acuerdo” con los interesados