Corte Interamericana ordena a El Salvador determinar el paradero de niños desaparecidos

10-10-11
San Salvador y San José, 10 de octubre del 2011- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a El Salvador realizar todos los esfuerzos para determinar el paradero de cinco niños desaparecidos durante el conflicto armado interno en ese país. La sentencia [http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_232_esp.pdf->http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_232_esp.pdf] ) sobre el caso Gregoria Herminia Contreras y otros vs. El Salvador fue comunicado el jueves pasado al Estado y a las organizaciones representantes de las víctimas, la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
La Corte IDH reconoció que en El Salvador existió un patrón sistemático de desapariciones forzadas de niños y niñas durante los años del conflicto armado interno (1980-1992), quienes eran sustraídos y retenidos ilegalmente por miembros de las Fuerzas Armadas, principalmente entre 1980 y 1984. En la sentencia, el tribunal ordena continuar con las investigaciones –o abrir las que sean necesarias– para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de las desapariciones forzadas de los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras; de las hermanas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez; y del niño José Rubén Rivera Rivera. De los seis niños, Gregoria Contreras ha sido la única joven reencontrada, gracias a la Asociación Pro-Búsqueda.
“Es la primera vez que la Corte Interamericana describe de manera detallada el patrón de desapariciones forzadas de niños y niñas ejecutadas por el Ejército durante el conflicto armado. El tribunal reconoce la verdad que por años les fue negada a los familiares de los cientos de niños y niñas que se encuentran en esta situación”, declaró Ester Alvarenga, directora de Pro-Búsqueda.
Más allá de estos casos particulares, la sentencia ordena al Estado garantizar que los operadores de justicia tengan acceso a los archivos que contengan información útil para la investigación de causas seguidas por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.
“Una de las principales dificultades enfrentadas para determinar lo ocurrido a los niños y niñas desaparecidos es la obstaculización en el acceso a la información por parte de las fuerzas militares cuando las autoridades encargadas de la investigación les piden los datos requeridos. A partir de la sentencia de la Corte, el Estado tendrá que adoptar medidas para asegurar que esto no vuelva a ocurrir”, afirmó Alejandra Nuño, directora regional de CEJIL para Mesoamérica. Nuño agregó que esta orden de la Corte Interamericana es especialmente relevante en este momento, cuando en El Salvador se discute sobre los reglamentos a la nueva Ley de Acceso a la Información Pública.
Durante el proceso ante el más alto tribunal hemisférico, el Estado salvadoreño reconoció la responsabilidad internacional en los hechos.
CEJIL y la Asociación Pro-Búsqueda resaltan la trascendencia de la decisión de la Corte Interamericana. Asimismo instan al Estado a cumplir la sentencia a cabalidad y a que se comprometa a reparar el daño causado por la desaparición forzada de más de 881 niños y niñas durante el conflicto armado interno en El Salvador.
{{Los hechos}}
El caso Herminia Contreras y otros vs. El Salvador es la fusión de tres procesos en los que se denunció la desaparición forzada de niños.
El 25 de agosto de 1982 los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras, de 4 años, 1 año y 8 meses, y 4 meses de edad, desaparecieron en manos de miembros del ejército salvadoreño durante un operativo realizado en el cantón San Juan de Buena Vista (departamento de San Vicente). Gregoria Herminia fue ubicada por la Asociación Pro-Búsqueda en el 2006 pero aún no se tiene conocimiento del paradero de sus hermanos.
Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez fueron testigos del asesinato de sus familiares cuando, el 13 de diciembre de 1981, miembros del Ejército ingresaron en el cantón de Cerro Pando (departamento de Morazán) y ejecutaron la “Masacre de El Mozote”, en el contexto de la llamada “Operación Rescate”. Posteriormente, las niñas, de 15 y 7 años de edad, fueron llevadas por un grupo de soldados y no se conoce su paradero.
El 19 de mayo de 1982, José Rubén Rivera, de 3 años de edad, fue llevado por un grupo de soldados de la Quinta Brigada de Infantería cuando él y su familia huían de un operativo militar que se llevaba a cabo en el cantón de La Joya (departamento de Morazán). Aún no se conoce su paradero.
Estrategias:
Litigio en el Sistema Interamericano
Tema:
Acceso a la justicia,
Implementación de las decisiones del SI,
Justicia histórica/Amnistías,
Masacres,
Niños, niñas y adolescentes
Autor:
CEJIL y otras organizaciones
Pais:
El Salvador