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Consejería pone justicia gratuita "en serio peligro de quiebra", según ALTODO

{Madrid, 10 oct (EFE).-}
La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) ha acusado hoy a la Consejería de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid de “desatender totalmente” la justicia gratuita, poniéndola “en serio peligro de quiebra irreversible”.
Así lo manifiesta Altodo en un comunicado, en respuesta a las declaraciones de la consejera Regina Plañiol durante su comparecencia del pasado día 6 en la Asamblea de Madrid, donde ésta consideró “fuera de lugar” en plena crisis la petición del Colegio de Abogados de subir un 23% los honorarios del turno de oficio.
Altodo explica que no pretende subir dichos honorarios “sino tan solo adecuar al incremento del IPC los baremos retributivos, que permanecen congelados desde 2003, en las materias transferidas a la Comunidad de Madrid, o desde 1998 en el caso de los asuntos que siguen siendo competencia del Ministerio de Justicia”.
La asociación rechaza, asimismo, que la Comunidad destine casi 50 millones a la asistencia gratuita como aseguró Plañiol, ya que “a consecuencia de los sucesivos recortes en el acceso a la justicia gratuita, especialmente en materia de extranjería”, la Comunidad “ha conseguido reducir a menos de 35 millones de euros el coste anual de la justicia gratuita”, según Altodo.
En cuanto a la afirmación de Plañiol de que la Comunidad está al corriente de pago a esos letrados hasta 31 de diciembre de 2010, Altodo recuerda que “en el ejercicio presente la Comunidad no ha abonado un solo euro” y que, por lo tanto, “adeuda 10 meses y medio de duro trabajo a los letrados de oficio de Madrid, que prestan un servicio ininterrumpido 24 horas al día todos los días del año”.
Sobre la afirmación de Plañiol de que la adscripción al turno de oficio es “voluntaria”, Altodo se pregunta si “¿quiere decir esto que los letrados de oficio, además de pagar de su bolsillo los múltiples gastos de su despacho profesional, en el que reciben a los justiciables carentes de recursos, han de desempeñar gratuitamente sus labores”?
A juicio de Altodo, la consejera “debe solucionar de una vez el conflicto que injustamente está contribuyendo a mantener, en lugar de parapetarse de forma absurda bajo múltiples excusas de mal pagador, y debe actuar conforme a los principios que juró defender al aceptar su cargo”.
Para Altodo “no se están respetando derechos como el de tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad, y normas como la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita”, además de “diversa normativa que establece plazos improrrogables para el pago a los Colegios Profesionales de las certificaciones que éstos emiten trimestralmente”, señala en su comunicado. EFE

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