En los últimos días hemos asistido con indignación a la tragedia de miles de personas hacinadas, heridas, moribundas, o directamente sin vida, siendo blanco de crueles disparos, a un lado y otro de la frontera de Melilla, que trataban de cruzar en busca de un tipo de vida más digna; o por lo menos, más cercana a la “normalidad” con la que vivimos en Europa y en el Occidente rico.
Casi cuarenta personas han perdido la vida en ese intento, además de cientos de heridos, y de miles de personas con otra herida aún más dolorosa e invisible a los ojos: la de haber intentado una vida mejor, y haberse visto rechazadas por ello, justamente en las puertas de la “Europa de las libertades y del asilo”, con disparos, golpes y vulneración de los más elementales derechos. Condenamos enérgica y rotundamente tamaña masacre, así como cualquier devolución “en caliente”, y en fin, cualquier acuerdo, convenio o compromiso entre estados, para reprimir las justas esperanzas de gentes que sólo tienen una cosa que perder: la propia vida.
En la Asociación Libre de Abogadas y Abogados no participamos en debates políticos y seguiremos sin participar en los mismos, porque nos parece que esa es la esencia de una Abogacía como la que pretendemos ser: comprometida y respetuosa con la pluralidad y los Derechos Humanos. Sin embargo, si la consecuencia de los vaivenes políticos internacionales es la imagen del dolor y de la desesperanza, que hemos visto estos días en medios de comunicación, entonces no tenemos más remedio que denunciar la situación y urgir, tanto al Estado español, como la Unión Europea, a que velen por la garantía de los Derechos Humanos de todas las personas, haciendo un llamamiento también al propio Consejo de Europa, para que no se externalice, y se condene enérgicamente, la “externalización” del control fronterizo, en lo que está siendo una declinación de responsabilidad, por parte de la UE y del Estado español, grotesca e intolerable, con el resultado sangriento que hemos visto.
Ningún acuerdo político, comercial, económico y de ninguna clase, puede prevalecer sobre la dignidad humana ni sobre la vida y los derechos de las personas. Ningún gobierno, del signo que sea, es ni puede ser dueño de tales y elementales valores. Tampoco puede negociar ni transar con los mismos, sin importar cuán alta sea la necesidad de tener buenas relaciones diplomáticas o de vecindad.
En la Unión europea se deben adoptar medidas urgentes para armonizar el derecho de asilo, y para garantizar los derechos humanos en las fronteras exteriores de la Unión. Se debe abrir, o continuar, un debate riguroso acerca de las causas de la migración, incrementando los fondos estructurales de ayuda al desarrollo, así como las medidas para la lucha contra “mafias” y redes de tráfico de personas; y también denunciando y persiguiendo a Gobiernos y agentes gubernamentales, nada respetuosos de los Derechos de las personas. La situación es de emergencia, y no hay tiempo que perder.
Sobre los crímenes cometidos en la frontera de Melilla, se ha de abrir una investigación judicial independiente, no sólo a nivel bilateral, sino a nivel internacional, debiendo además enviar la ONU y/u otros organismos internacionales, personas que observen en las fronteras de la UE, si ésta está siendo respetuosa o no con los derechos humanos, sancionando cualquier vulneración de los mismos, tanto si lo son de personas provenientes de Europa, como si lo son de las personas que provienen de África y de otros continentes.