Ante la petición realizada por la Asociación ALTODO para que las abogadas y abogados tengan la consideración de autoridad, a fin de que los actos de agresión o intimidación que puedan sufrir por parte de sus defendidos sean calificados como un delito de atentado, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados desea dejar claro que NO COMPARTE dicha petición por las siguientes razones:
1.- Porque, partiendo de nuestro rechazo a cualquier acto de agresión o intimidación que puedan sufrir compañeras o compañeros por parte de las personas que defienden, la experiencia nos indica que la Abogacía no se encuentra en una situación de peligro que deba ser mitigada con la creación de nuevas figuras delictivas dirigidas a incrementar más las penas en un Código Penal que, de por sí, ya es bastante duro, gracias a políticas exacerbadas de populismo punitivo.
2.- Porque ya existen instrumentos legales en el Código Penal que permiten castigar cualquier tipo de ataque que puedan sufrir la Abogacía, sin necesidad de crear nuevos tipos delictivos que conlleven endurecimiento de penas (sirva como ejemplo el artículo 464 del Código Penal o los artículos de dicho Texto Legal que castigan la comisión de delitos de lesiones, amenazas, injurias, acoso, etc.).
3.- Porque las abogadas y abogados no solo defendemos técnicamente al cliente, sino que también tenemos el deber de prestarle asistencia moral en el proceso, tal y como sostiene el Tribunal Constitucional desde hace ya 30 años (STC 196/87, de 11 de diciembre). De ahí que nuestro Código Deontológico establezca la confianza como pilar básico de la relación profesional con el cliente. Esa relación de confianza es incompatible con el hecho de que una de las partes pueda ser investida de autoridad, siendo imposible equiparar esta relación intuitu personae con las relaciones que se pueden crear entre la ciudadanía y otros profesionales que prestan determinados servicios públicos.
En definitiva, mostrando nuestra solidaridad con aquellas compañeras o compañeros que hayan podido ser víctimas de ataques de los justiciables, no podemos aceptar que, en nuestro nombre, una determinada Asociación de Abogados se erija en representante de toda la Abogacía española para solicitar una condición de autoridad que muchas compañeras y compañeros ni hemos solicitado, ni queremos, por los motivos expuestos. (1)
En consecuencia, exigimos al ICAM la retirada de la propuesta presentada ante el Consejo General de la Abogacía Española dirigida a que se reconozca la condición de autoridad a una parte de la Abogacía, y, subsidiariamente, exigimos al Consejo General de la Abogacía Española la desestimación de dicha propuesta. (2)
(1)http://altodo.com/comunicado-altodo-ante-la-reciente-agresion-sufrida-por-un-companero-de-palma-de-mallorca/
(2) https://web.icam.es/actualidad/noticia/6423/La_Junta_de_Gobierno_acuerda_elevar_al_CGAE_la_consideracion_de_los_abogados_de_oficio_como_autoridad