Jueces para la Democracia denuncia la imposición de precios públicos a los Puntos de Encuentro y Centros de Apoyo a la Familia en la Comunidad de Madrid.
La Sección Territorial de Madrid de Jueces para la Democracia denuncia que la Comunidad de Madrid mediante Acuerdo de fecha 12 de julio de 2012 publicado en el BOCAM el 29 de Noviembre de 2012 ha impuesto el pago de un precio público por la prestación de los servicios de los Puntos de Encuentro Familiar y los Centros de Apoyo a la Familia, cada entrega de los menores costará 5 euros, cada recogida 5 euros, las visitas tuteladas 10 euros, entre otros.
Los Puntos de Encuentro son imprescindibles para mejorar la gestión judicial de los conflictos familiares en los casos en los que surgen dificultades para el cumplimiento voluntario del régimen de visitas, son un espacio neutral y acogedor, atendido por profesionales, donde se produce el encuentro de los miembros de la familia en crisis y se garantiza la seguridad, bienestar e interés superior del menor cuando las relaciones son conflictivas; logrando con su intervención pacificar el conflicto existente, así como informar a los Juzgados de los cambios de circunstancias a fin de que se produzca una adaptación a las necesidades de cada caso, en beneficio siempre de los menores.
La Consejería de Asuntos Sociales está desmantelando este sistema; hace unos meses suprimió la mayor parte de los Puntos de Encuentro, manteniéndose únicamente en la Comunidad de Madrid los centros de Móstoles, Las Rozas y Madrid, con una lista de espera que demora el inicio del cumplimiento del régimen de visitas, dejando además amplias zonas sin esta prestación, ignorando que para alcanzar su finalidad es imprescindible la cercanía al lugar de residencia de los menores. Actualmente, la Comunidad de Madrid, de forma sorpresiva, condiciona este servicio, gratuito hasta ahora, al pago de unos precios públicos de los que se exceptúa exclusivamente a las familias en situaciones extremas. De nuevo el gobierno regional hace recaer las consecuencias de la crisis económica sobre los sectores más débiles, limitando el acceso a unos servicios que contribuyen a la reducción de las controversias entre los progenitores y al efectivo y adecuado cumplimiento de las resoluciones de los juzgados de familia. Por otro lado, con esta medida restrictiva se proporciona al progenitor reacio a acatar la resolución judicial un nuevo pretexto para eludir su cumplimiento.
Las consecuencias de esta decisión van a afectar gravemente a los menores, regresando a la situación que se creía ya superada, en la que las entregas y recogidas se hacían en las comisarías de policía, en los juzgados de guardia o en cualquier otro lugar alternativo carente de las condiciones mínimas necesarias para proteger a los menores.
Jueces para la Democracia
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