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Sobre la detención provisional de los dos titiriteros.

La opinión y el mal gusto no son delito. 
La prevaricación y la parcialidad de los poderes públicos sí lo son.
 

 
                                                         “¿Qué es la libertad de expresión? 
                             Sin la libertad de ofender aquella deja de existir.”
                                                                         Salman Rushdie.
 

 

Han pasado 48 horas desde que dos comediantes ingresaron en prisión preventiva por orden del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional.  Los hechos por los que son enviados a prisión no incluyen acto alguno de violencia; tampoco se dirigen a una persona concreta, sino a colectivos profesionales; tampoco se desarrollaron en el marco de un acto político, sino en el ambiente festivo del Carnaval y bajo la forma satírica del títere de Polichinela.  La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) formada por profesionales con experiencia en el manejo de las leyes y sus connotaciones, no va a detenerse en dar explicaciones evidentes a los sectores de la política, la comunicación y la judicatura que no quiere escucharlas. Esos que han considerado de antemano que robarle la libertad a dos personas por el mero hecho de emitir una opinión es un precio a pagar suficiente para continuar su guerra política y partidista. No. Como cualquier persona con sentido común y sentido crítico, esta Asociación considera que la sátira, con mal o buen gusto, podrá ser reprochable, rechazada y hasta podrá acarrear responsabilidades civiles, pero nunca debería ser suficiente para poner en marcha la maquinaría más potente con que cuenta el Estado: el derecho penal y el ejercicio de la violencia para hacer cumplir las leyes. Hemos visto, cada vez más ojipláticos, cómo los contornos del derecho penal se ensanchan cada vez más y más para abarcar cualquier acto de la vida cotidiana bajo las acusaciones de terrorismo o connivencia con él. Y así se juzgó componer canciones hace cuatro años, poseer libros hace dos, contar chistes en redes sociales hace uno; y representar una obra con muñecos de tela hace dos días.
¿Para qué razonar y tener sentido democrático si se puede simplemente invocar el tenebroso aura del terrorismo y su enaltecimiento para justificar las restricciones de derechos a la ciudadanía? En una actitud que calificaríamos de paternalista si no fuera porque encierra una carga ideológica autoritaria peligrosísima, el Estado, a través de sus gobernantes y sus jueces, se ha creído en el deber de evitar a los ciudadanos la capacidad de decidir, por su propia voluntad,qué opinión deben de tener sobre los asuntos públicos más controvertidos.
Y el domingo la frontera fue desplazada como nunca lo pudimos sospechar. No solo se invistió a un teatro de muñecos con falsos tintes filoterroristas y se abrió por ello un procedimiento penal, sino que se encerró en prisión a sus autores sin haber sido condenados todavía.
 
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No vamos explicar la excepcionalidad de la medida de prisión preventiva, su carácter de ultimísimo recurso y su necesidad de estar profundamente motivada. Tampoco vamos a recordar la cautela que exige nuestra Constitución, nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de Roma de 1.950 o las Recomendaciones del Consejo de Europa para acordarla; ni las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Estrasburgo detallando cuán fundamental es prevenir usos abusivos de la prisión preventiva.
No lo vamos a hacer porque sería llover sobre mojado. Esta resolución de entrada en prisión preventiva, citando a la Audiencia Provincial de Madrid en una reciente sentencia, «provoca la sensación –no demostrable pero claramente intuible- de que el juez se había propuesto el ingreso en prisión del imputado». Con la aquiescencia de la Fiscalía y determinada parte de los medios de comunicación en este caso.
No. En esta situación sólo cabe denunciar la vertiginosa pendiente en que nos hemos situado, la reducción progresiva de los estándares de constitucionalidad que nuestros poderes públicos aplican para restringir libertades y exigir activamente responsabilidades a esos mismos poderes públicos que han actuado de manera autoritaria en lo político, miope en lo legal y terriblemente inculto en lo intelectual.
La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) considera fundamental reaccionar ante esta situación desproporcionada y tomará las medidas que considere necesarias y pertinentes para exigir responsabilidades a los autores de estas restricciones indebidas y gravísimas de derechos, incluyendo la colaboración con otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, la denuncia de los hechos ante instituciones públicas nacionales e internacionales y la puesta en conocimiento de estas decisiones a los superiores jerárquicos de los autores.
                                                                        En Madrid, a 09 de febrero de 2.016.
                                                                        Asociación Libre de Abogadas y Abogados.
 
Enlace al comunicado en PDF.

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