Hace unos días se hacía pública la entrega, el día 24 de junio de 2021, por parte de la Gobernadora Civil de Cantabria, Ainoa Quiñones, del PSOE de Cantabria, de la encomienda al mérito civil a Héctor Moreno, jefe Superior de Policía de Cantabria.
La Historia del condecorado, es la siguiente:
Héctor Moreno fue condenado en 1994, por la Audiencia Provincial de Madrid, a la pena de 48 años de inhabilitación especial y a cinco meses y medio de arresto por torturas y por detener ilegalmente a siete personas, entre ellas, el Luis Figueroa, a principios de los ochenta.
Sólo dos años después de haber sido condenado por un delito de torturas, en 1996, Héctor Moreno fue ascendido a inspector jefe y, seis años después, en 2002, fue nombrado comisario
En julio de 1998, el Gobierno de Aznar estudió el “expediente de indulto” de Héctor Moreno y decidió conmutar “la pena de inhabilitación especial impuesta, por otra de suspensión por el plazo de seis meses y un día”.
En marzo de 2017, le ascendieron a jefe superior de policía de Cantabria, defendido por el entonces Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en tiempos del gobierno que presidía Mariano Rajoy, y tal ascenso fue aceptado por Miguel Ángel Revilla, presidente de la Comunidad cántabra.
Como broche, el día 24 de junio de 2021, se condecora a Héctor Moreno con la encomienda al mérito civil, entregada por la Gobernadora Civil de Cantabria, Ainoa Quiñones, del PSOE de Cantabria.
La Encomienda de la Orden del Mérito Civil actualmente dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores se concede a ciudadanos españoles o extranjeros que hayan realizado méritos de carácter civil: servicios relevantes al Estado, trabajos extraordinarios, etc.
Ante el escenario descrito, la Comisión Penal de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, manifiesta su apoyo a todas las personas que sufrieron torturas tras su detención en el madrileño barrio de Malasaña en 1982, por los siguientes motivos:
1º.- Porque, sin perjuicio de las responsabilidades individuales de los funcionarios que cometen o amparan la tortura y los malos tratos, la experiencia nos indica que existen unos malos tratos “estructurales” -en un contexto de falta de voluntad política de erradicarlos y de un corporativismo mal entendido- que operan sobre víctimas extremadamente vulnerables en espacios de control absoluto. Ante la existencia de dichas prácticas, la respuesta suele ser la negación, invisibilización y silenciamiento de los denunciantes.
2º.- No alcanzamos a entender cómo se puede aprobar una ley que afecta los funcionarios y autoridades de la dictadura franquista y no de la época democrática.
La mayoría del Congreso de los Diputados aprobó el 10 de Junio de 2020 una proposición no de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos que insta al Gobierno a que haga efectiva “la retirada de condecoraciones a funcionarios y autoridades franquistas que hubiesen observado conductas incompatibles con los valores democráticos y los principios de protección de los Derechos Humanos”, es decir, que cometieran delitos de tortura.
El texto salió adelante con el apoyo de la izquierda parlamentaria, Ciudadanos –que ha logrado acordar una enmienda transaccional con los grupos proponentes–, PNV, ERC, Junts y EH Bildu, la abstención del PP y el ‘no’ de Vox, insta al Gobierno a revocar de forma efectiva las condecoraciones y recompensas concedidas por el Estado a funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que, antes o después de la concesión, “hubiesen realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los Derechos Humanos”.
3º.- Amnistía Internacional y otras organizaciones alertan de la impunidad policial y el Instituto vasco de Criminología asegura que entre 2004 y 2014 se tramitaron más de 6.600 denuncias por malos tratos y torturas policiales, principalmente en el País Vasco y Cataluña, de las que 752 resultaron en sanción, la mayoría como falta y no como delito, según datos de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura .
La CPDT, creada en 2004, viene publicando Informes anuales en los últimos catorce años, en los que se incluyen que, durante el tiempo mencionado, 9.085 personas se han visto afectadas por agresiones, tortura y malos tratos.
Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español en más de nueve ocasiones por no investigar las denuncias de tortura.
En la Comisión Penal de ALA trabajamos diariamente en la prevención y denuncia de la tortura y los malos tratos policiales, siendo conscientes de que esta realidad existe.
Mostramos por tanto nuestro rechazo a la condecoración de la Encomienda a Héctor Moreno otorgada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, y solicitamos al Fiscal de la Real Orden para que proponga el inicio de expediente de oficio al Sr. Moreno al objeto de revisar tal condecoración y se retire el título aquél por la condena firme en la comisión de un delito doloso, a tenor del artículo 14 del Reglamento de la Orden al mérito civil.
Comisión de Derecho Penal de ALA
29 de Junio de 2021