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Comunicado de la Asociación libre de abogadas y abogados, frente al juicio contra Lorena Ruiz-Huerta por sus manifestaciones en el programa Salvados de La Sexta.

El próximo 10 de febrero tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal 17 de Madrid, el juicio contra nuestra compañera, Doña Lorena Ruiz Huerta, por las manifestaciones vertidas en el debate que organizó el programa Salvados, de “LA SEXTA”, en 2014.

En el debate, nuestra compañera expresó su preocupación por las situaciones de maltrato durante la detención, especialmente las que sufren las personas más desfavorecidas, que son las que normalmente asistimos como abogadas y abogados del turno de oficio.

  • Daba así voz a personas sin recursos cuyas denuncias pasan desapercibidas ante la opinión pública.
  • Ejercía su derecho a la libertad de expresión.
  • Cumplía con una obligación legal y moral.

Las afirmaciones de la señora Ruiz Huerta estaban basadas en su experiencia profesional, y se corresponden con los informes de los organismos internacionales en los que participa nuestro país, creadas para prevenir prácticas de tortura y malos tratos, tanto del Consejo de Europa, como de Naciones Unidas

En fechas muy cercanas en el tiempo con las manifestaciones de la señora Ruiz Huerta, se estaban llevando a cabo las visitas a España del Comité contra la Tortura de la ONU, y del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa.
El informe del primero fue presentado el 29 de mayo de 2015 y el segundo se hizo público por autorización expresa del gobierno español, en octubre de 2016.

Frente a dichos informes ninguna asociación de funcionarios policiales o de la Guardia Civil formuló denuncia o querella. Ni contra los autores de los informes ni contra quienes pudieran resultar responsables de los delitos que se describían los citados informes.

Recientemente ha tenido lugar ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el examen periódico a España. El propio Informe intermedio de España para el 2º Ciclo del Examen Periódico Universal, relaciona las medidas adoptadas para tratar de eliminar las situaciones de maltrato a los detenidos puestas de manifiesto en mayo de 2015.

Las expresiones de nuestra compañera coinciden con las preocupaciones recogidas por las Comisiones de los Comités contra la Tortura, tanto de la ONU como del Consejo de Europa.

No debemos olvidar que son los organismos internacionales que operan en defensa de los derechos humanos, en virtud de convenios internacionales aprobados por España, quienes definen si nuestro país cumple con las exigencias de respeto a la dignidad e integridad de las personas de-tenidas. Son dichos organismos quienes interpretan la legislación internacional de los derechos humanos. Esta legislación es además derecho interno en aplicación del artículo 96 de la Constitución y tiene valor interpretativo de las normas españolas de acuerdo con el artículo 10.3.

Nuestro país ha sido condenado en reiteradas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar la tortura.

Mostramos nuestra preocupación porque el Juzgado de lo Penal haya rechazado buena parte de la prueba propuesta por la defensa de Lorena, que pretendía ejercer el derecho a “la exceptio veritatis” y mostrar la existencia real de una grave situación real de interés social.

Nos preocupa también que actuaciones judiciales como la que aquí denunciamos, puedan tener un efecto disuasorio para las personas que, cumpliendo con su obligación legal, pretendan ex-presar su preocupación por situaciones de maltrato, o quienes informen sin más sobre ellas.

Este proceso versa sobre la libertad de expresión y el derecho de participación en asuntos públicos mediante la descripción y la crítica de situaciones injustas que deben ser modificadas. Esperamos que la exculpación de cualquier responsabilidad para la señora Ruiz-Huerta ponga de manifiesto que nuestro país goza de buena salud democrática y que el derecho a la crítica pueda contribuir a corregir los excesos del poder.

Lorena es compañera de profesión y formó parte de ALA, pero no nos mueve a hacer las reflexiones que anteceden el corporativismo, sino la justicia y la necesidad de defender a quienes defienden los derechos humanos: Sobre todo los de otras personas privadas de posibilidad de hacerlo.

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