Las protestas entre los/as abogados/as del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Madrid y la Comunidad de Madrid van en aumento. Desde hace años, asistimos a un deterioro progresivo del servicio de asistencia jurídica gratuita.
Primero por la falta de actualización de los honorarios al IPC (no se han actualizado desde el año 2003); posteriormente, por el retraso en el abono de los honorarios devengados por la tramitación de los asuntos (actualmente se nos debe todo el año 2012). Todo ello ha continuado desde este año con la reducción de los baremos de honorarios en un 20%, así como no abonando aquellos asuntos a los que previamente no se les ha reconocido el beneficio de la justicia gratuita por la Comunidad de Madrid, independientemente del trabajo ya realizado, o la denegación de la misma a los ciudadanos extranjeros sin NIE o sin posibilidades de aportar documentos de insolvencia.
El desmantelamiento del derecho a la justicia gratuita incluye la supresión de los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos, las oficinas judiciales, los servicios de mediación familiar, los servicios de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que han sido privatizados por la Comunidad de Madrid.
Los/as abogados/as del Turno de Oficio hacemos posible que la tutela judicial sea efectiva para aquellas personas sin recursos a las que se les ha reconocido la asistencia jurídica gratuita. Se trata de un servicio público imprescindible del Estado Social de Derecho reconocido en el art. 1 de la Constitución Española.
Las últimas medidas adoptadas, tanto por la Comunidad de Madrid, como las anunciadas por Ministerio de Justicia, alejan del acceso a la justicia a todas aquellas personas con menor poder adquisitivo.
La introducción y elevación de las tasas judiciales, junto con la supresión de los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ), y los ataques al Turno de Oficio, representan el desmantelamiento del modelo actual de justicia constitucionalmente reconocido como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico.
La generalización de las tasas judiciales nos retrotrae al Decreto preconstitucional 1058/59, que establecía la universalidad de las tasas, y que se eliminó precisamente en el año 1986. Su aplicación es especialmente grave en la jurisdicción social, dado que se verán afectados miles de trabajadores despedidos o con Expedientes de Regulación de Empleo.
El Ministro de Justicia ha justificado la introducción y elevación de las tasas judiciales con el argumento finalista de servir para financiar la asistencia jurídica gratuita. Esta medida además de limitar e impedir el acceso a la Justicia a los ciudadanos en peor situación económica, también supone introducir el copago en el ámbito de la justicia.
En realidad lo que pretende el Ministro con su argumentación, es enfrentar a quien soporta la tasa, con quien supuestamente sería su perceptor, los/as abogados/as del Turno de Oficio. Es la misma táctica utilizada por la Comunidad de Madrid para desprestigiar a los/as abogados/as frente a los ciudadanos cuando denunciamos la falta de presupuesto para la justicia gratuita en Madrid.
Todas estas medidas se producen en un momento especialmente duro para cientos de millones de personas, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social; cuando se producen cientos de desahucios al día; el desempleo aumenta hasta los casi seis millones de personas; y uno de cada cinco españoles vive por debajo del umbral de pobreza.
Los poderes públicos están haciendo dejación de funciones, vulnerando el art.9.2 de la Constitución española, al no promover las condiciones para que la igualdad de las personas sea real y efectiva; sino que muy al contrario profundizan en la dualización social.
Se nos presenta la Justicia como un gasto, y como un coste la asistencia a los ciudadanos sin recursos y a los profesionales que los asisten. Esta concepción mercantilista de la Justicia es la que ha llevado a la Comunidad de Madrid a solicitar la devolución de las competencias del Turno de Oficio al Ministerio de Justicia.
Al igual que ocurre con otros servicios públicos, como la sanidad, la educación, los servicios sociales o el transporte , el servicio público de la justicia, y el servicio público del Turno de Oficio están revisándose a la baja. Solamente la defensa de un Turno de Oficio gestionado como servicio público y alejado de la gestión privada del mismo, garantiza su pervivencia y la calidad e independencia del servicio prestado.
Las razones que se alegan para justificar los recortes salariales y de prestaciones de otros profesionales y servicios públicos, son las mismas que se nos alegan a nosotros. Los/as abogados/as del Turno de Oficio y los justiciables sin recursos somos víctimas del equilibrio presupuestario y del déficit cero, auspiciado por las políticas neoliberales.
Nos encaminamos hacia una justicia para ricos y otra para pobres, en la que quedarán excluidos tanto los ciudadanos en situación de precariedad, como quienes trabajamos con ellos.
El rechazo provocado por las medidas de la Consejería de Justicia está teniendo merecida respuesta en los últimos años, por parte de los/as abogados/as madrileñas mediante concentraciones, asambleas, la renuncia a la realización de guardias, o encierros en el Colegio de Abogados de Madrid.
Desde ALA consideramos que la convocatoria de Huelga General el próximo 14 de noviembre (14N) se nos presenta como una oportunidad para expresar y profundizar nuestro rechazo a las políticas regresivas que están dinamitando los servicios públicos, entre ellos el de la Justicia en general, y el Turno de Oficio en particular.
Hacemos un llamamiento a secundar la Huelga General del 14N, renunciando a la realización de las guardias, celebración de vistas o prácticas de diligencias judiciales o policiales desde las 00.00h hasta las 24h.
Además, desde el día 15 de noviembre convocamos huelga indefinida consistente en la renuncia a la realización de guardias, y a la asistencia de todas aquellas personas a las que se les haya denegado la asistencia jurídica gratuita.
Igualmente, señalamos a la Administración como garante y responsable de la prestación de los servicios públicos, por lo que será a ella a quien le corresponderá garantizar que los ciudadanos no vean lesionados sus derechos.