De los 190.000 abogados en España, más de un 60% son mutualistas y no figuran en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), y la mayoría han visto completamente paralizada su actividad al mismo tiempo que comprueban que las prestaciones establecidas en las medidas aprobadas por el Gobierno no les amparan al no poder acogerse a las mismas. Si bien los abogados y abogadas somos conscientes de que son nuestras mutualidades de previsión social (Mutualidad de la Abogacía y Alter Mutua) quienes deberían adoptar las medidas necesarias para paliar esta situación de desprotección en la que se encuentran la mayoría de abogados y abogadas, lo cierto es que hasta ahora éstas sólo han decidido aplazar el pago de sus cuotas, lo que supone una situación de total desamparo para este colectivo.
Por ello agradeceríamos que por parte del Gobierno se tomaran iniciativas encaminadas a gestionar con estas mutualidades de previsión social la búsqueda de una solución que ampare a este colectivo que a raíz de las circunstancias en la que nos encontramos, tras haber sido decretado el estado de alarma por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, se encuentra ante una grave dificultad para el ejercicio de la profesión y la obtención de ingresos.