Imaginemos un territorio a las afueras de una gran urbe en el que durante décadas se hayan venido construyendo edificaciones de diversa índole, así como una acusada heterogeneidad económica y cultural. Imaginemos también varios de los sectores de ese territorio en los que conviven miles de personas, entre ellas niños, niñas y adolescentes, que por cuestiones urbanísticas no pueden acceder a una toma de electricidad al igual que hacen otros ciudadanos de los municipios colindantes. Ahora supongamos que, por cuestiones políticas, los suministros de electricidad, que durante más de 40 años venían abasteciendo a las vecinas y vecinos de esos barrios, se cortan a la entrada de un duro y gélido invierno, en plena pandemia mundial de la COVID19 y dejando a miles de familias sin luz, sin calefacción, sin la posibilidad de que estudiantes puedan atender a las clases desde casa o que las personas enfermas puedan utilizar sus máquinas de tratamiento. Esta situación límite e inhumana se vive desde hace más de tres meses a escasos kilómetros de la capital de España y está vulnerando día tras día los derechos humanos de las vecinas y vecinos de los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana (Madrid).
La crisis humanitaria que están viviendo en la Cañada Real cerca de 4.500 personas es sin duda una problemática en la que los responsables políticos de la Comunidad de Madrid, junto con las autoridades competentes estatales y la empresa concesionaria del suministro eléctrico (Naturgy) llevan meses eludiendo dar soluciones para devolver la luz a los hogares. De un lado, la Comunidad de Madrid (CAM) está incumpliendo sistemáticamente la Ley 2/2011 de desafección de la Cañada Real y el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, que firmó con los Ayuntamientos de Coslada, Rivas, Madrid y con la Delegación del Gobierno de Madrid en el que se comprometieron, entre otras obligaciones, a rehabilitar el suministro eléctrico. Por otro lado, Naturgy, como compañía suministradora de la electricidad de los sectores 5 y 6, desde mediados de 2020 empezó a limitar el suministro eléctrico hasta su corte definitivo en el sector 5 y sector 6 y dejó de atender las constantes demandas de la población organizada en relación a la regularización del suministro.
Resulta particularmente preocupante la afectación que está teniendo en la salud física y mental de las personas mayores, así como de las niñas y niños de los sectores 5 y 6. La privación de electricidad ha originado diversas patologías en la población del barrio y ha agravado el estado de otras enfermedades preexistentes; varias personas han tenido que ser ingresadas en el hospital y hasta la fecha han fallecido dos personas. En el Sector 5 residen 1.601 habitantes, de los cuales 601 son menores de 18 años. En el Sector 6 habitan 2.953 personas, de ellas, 1.211 son menores de edad. La inactividad o aquiescencia de las administraciones públicas ante esta realidad vulnera múltiples derechos recogidos en la Convención de los Derechos del Niño: art. 3 interés superior del niño, art. 6 supervivencia y desarrollo, art. 2 disfrute y acceso a la salud y servicios médicos, art. 27 derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, art. 28 derecho a la educación y art. 31 derecho de la niñez al descanso, al esparcimiento, al juego, las actividades recreativas y a la plena y libre participación en la vida cultural y de las artes.
Asimismo, esta desatención institucional infringe las disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre derecho a una vivienda adecuada o al más alto nivel de salud, también recogidas en la Constitución Española.
A la incesante reivindicación de la población organizada residente en la Cañada Real, liderada principalmente por un movimiento de mujeres y jóvenes (Tabadol, Amal, Barro y otras asociaciones vecinales), se han sumado los intentos de restablecer la electricidad y la dignidad de esta población a través de la justicia. Para ello se han abierto diferentes acciones judiciales, entre otras, la de las asociaciones de vecinos del sector 5 interpusieron denuncia ante Fiscalía y la Asociación Cultural Tabadol, del sector 6, presentó el día 16 de diciembre denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que ha abierto diligencias por presuntos delitos de trato denigrante, lesiones, daños o coacciones para abandonar el asentamiento; también se presentó una la solicitud de medidas cautelares, sobre las que aún no se ha pronunciado. Pero lo que todavía no ha permitido el entramado judicial es conseguir una solución a los tres meses de plazo para restablecer el suministro eléctrico.
Ante la interposición por una familia del Sector 5 de una demanda de derechos fundamentales con medidas cautelares presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM) solicitando el restablecimiento del suministro eléctrico en la zona, el TSJM ha decidido no otorgar la medida cautelar apreciando que no hay ningún indicio de que exista obligación por el gobierno de la Comunidad de Madrid porque del Pacto Regional para la Cañada Real así como la Ley 2/2011 de 15 de marzo, de la Cañada Real, no deriva obligación concreta por no ser una disposición general y por lo tanto no ser norma que le vincule para restablecer el servicio eléctrico. La resolución de inadmisión de la demanda por el TSJM obvia los derechos fundamentales incluidos en la Constitución española, la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, los diferentes Convenios de Naciones Unidas por los Derechos Humanos ratificados por el Estado español, así como todas las respuestas de los Relatores especiales de NNUU por el caso de Cañada Real, las respuesta del Comité de los Derechos del Niño, las cartas del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Estado español a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, el expediente abierto por el Defensor del Pueblo y un sin fin de apoyos de entidades sociales, organismos oficiales, diversas ONG, médicos y sanitarios, colegios, AMPAS, colectivos de movimientos sociales. Voces y más voces que reclaman de manera urgente y sistemática, desde hace más de 100 días, que se restablezca el suministro eléctrico al barrio de Cañada Real de manera urgentísima para que no sean vulnerados por más tiempo los derechos de las personas que viven allí y en una situación de emergencia humanitaria y sanitaria en pleno contexto de pandemia y emergencia climática.
Desde ALA nos parece totalmente indigno el tratamiento que se les está dando a las familias que viven en este barrio de Madrid, la estigmatización de la sociedad civil del Cañada Real, así como la vulneración sistemática de los derechos humanos que están padeciendo las más de 4.000 personas que allí residen, causada por el mantenimiento de esta situación. Reclamamos una intervención de urgencia e inmediata de las autoridades competentes (el Comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y el Ayuntamiento de Madrid) para que se restablezca el suministro eléctrico de los sectores 5 y 6 de Cañada Real y exigimos que sean reparados todos los daños sufridos a las personas afectadas.