A.L.A. ha comenzado una campaña de denuncia ante el comportamiento antidemocrático de la Junta de Gobierno del ICAM el pasado día 19 de diciembre. Os invitamos a contribuir a la difusión de la campaña en redes sociales bajo la etiqueta #CensuraICAM y la plataforma Oiga.me que estará abierta próximamente.
A continuación, reproducimos el contenido del comunicado al que os animamos a adheriros.
En la Junta General Extraordinaria del ICAM celebrada ayer día 19 de diciembre de 2013, se produjo una vulneración de los derechos legales de los colegiados, mostrando nuevamente la Junta de Gobierno del ICAM, el autoritarismo que viene rigiendo la marcha del Colegio en los últimos años, y que no ha variado lo más mínimo con el nombramiento de la nueva Decana y su equipo de trabajo, llegando a negar en ocasiones el uso de la palabra a aquellos que legítimamente solicitaron el ejercicio de su libertad de expresión, amparando sin embargo actitudes represivas e incluso violentas de algunos de los colegiados allí presentes.
De forma unilateral, la Decana consideró y así manifestó, que ninguna de las 14 proposiciones presentadas por ALA podía ser objeto de debate y votación, alegando que se referían a cuestiones que no eran competencia de la Junta General, ignorando que ésta es el máximo órgano del ICAM con competencia sobre todas aquellas cuestiones que se propongan cumpliendo los requisitos estatutarios y, a pesar de concurrir los requisitos estatutariamente exigidos respecto a la presentación de las proposiciones. Los miembros de la asociación allí presentes, intentaron manifestar su disconformidad con lo acordado, negando enérgicamente, la Decana, su derecho al uso de la palabra.
A fin de comprender la magnitud de la negativa al debate, debe manifestarse que como proposición primera, ALA solicitaba que sean los miembros de la Junta de Gobierno del ICAM quienes de forma solidaria y a título particular, asuman el importe de las indemnizaciones y salarios de tramitación que correspondan a los 16 trabajadores del Colegio que, recientemente, y de forma improcedente, han sido despedidos, al entender que este tipo de decisiones que la Junta adopta de forma injustificada y en vulneración de los derechos de los trabajadores, no puede suponer un quebranto para la economía del ICAM (2.600.000.- €).
Además, la Asociación Libre de Abogados, proponía el debate y votación sobre la retirada de los títulos honoríficos otorgados en su día a Francisco Franco Bahamonde y José Antonio Primo de Rivera, entendiendo que sus respectivos nombramientos no se corresponden con el espíritu democrático y de defensa de las libertades civiles y derechos sociales que deben regir el ICAM.
Las restantes proposiciones formuladas por ALA, y en consonancia con la línea de trabajo mantenida desde sus inicios por esta Asociación, procuraban la defensa y garantía de los derechos civiles y sociales y de los propios del ejercicio de la profesión colegial.
Con su decisión, Sonia Gumpert vulneró lo dispuesto en el artículo 37.4 de los Estatutos del Colegio de Abogados de Madrid, que establece que las proposiciones formuladas en tiempo y forma, “serán leídas por la Junta General que decidirá, por mayoría, si procede o no abrir debate sobre ellas. En caso afirmativo se permitirán, sucesivamente, dos turnos a favor y dos en contra, y se someterán a votación.”
La actuación de la Decana fue acogida por numerosos de los colegiados asistentes y afines a su línea de trabajo, entre vítores y aplausos hacia la figura de Franco, y expresas faltas de respeto hacia los miembros de esta asociación y otros colegiados disconformes con la actuación de la Junta del ICAM, mostrando alguno de ellos incluso actitudes violentas y desproporcionadas.
La gravedad de estos hechos fue contemplada pasivamente por la Junta de Gobierno del ICAM, con la Decana al frente, que lejos de defender los valores de democracia y cercanía al colegiado que tan fervientemente promovió en su campaña de acceso al Decanato, vulneró con su actuación los derechos colegiales y constitucionales de los asistentes, convirtiendo la convocatoria en un acto dictatorial y condescendiente con actitudes y manifestaciones antidemocráticas e irrespetuosas.
Desde la Asociación Libre de Abogados manifestamos nuestra expresa protesta y disconformidad, con la actuación autoritaria de la Junta de Gobierno del ICAM y concretamente de Sonia Gumpert, reservando las acciones legales que correspondan en defensa de los derechos legales y colegiales que nos asisten, expresando igualmente nuestra repulsa hacia la actitud manifestada por numerosos colegiados asistentes a la Junta General Extraordinaria y afines a la Junta de Gobierno del ICAM, que difamaron y se dirigieron a los miembros de esta asociación con actitudes violentas.