El lunes 29/4/24, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid se publicó la orden de 17 de abril de 2023 de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local por la que se “actualizan los módulos y las cuantías relativas a la subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita de la Comunidad de Madrid” aparecidos en el Anexo II del Decreto 86/2003.
Como es de público conocimiento, estos baremos del 2003 ya eran de por si unas cuantías reducidas muy por debajo de las necesidades del servicio público que se presta para el derecho al acceso la tutela judicial efectiva. Las cuantías de 2003 fueron duramente reducidas a resultas de la crisis económica y en 2012 se realizó un recorte del 20% que nunca se ha recuperado en las posteriores actualizaciones efectuadas en 2018 (ley 9/2019, prorrogada en 2020 y 2021), ni en la orden de 2 de marzo de 2022.
La subida genérica que ha efectuado la Comunidad de Madrid supone un pírrico 4%, cuantía del todo insuficiente para actualizar los baremos del 2003 reducidos en un 20% en 2012 y no recuperados ni en 2018 ni en 2022, cuando desde el 2003 hasta el 2024el IPC ha aumentado en más de un 50%.
Desde la Asociación Libre de la Abogacía ponemos de manifiesto que esto supone no solo una inocua subida para los letrados y letradas que trabajamos en el Turno de Oficio, sino además un flagrante incumplimiento de las obligaciones contraídas por la Comunidad de Madrid.
Con la ínfima subida del 4% no se asegura el efectivo cumplimiento del derecho de la ciudadanía al acceso a la tutela judicial efectiva. Los derechos de la ciudadanía son obligaciones de las administraciones públicas. Para que un servicio público funcione con eficacia, es imprescindible que tenga unos medios materiales y económicos suficientes que aseguren unos mínimos de calidad y eficiencia que en este momento no se cumplen.
La Comunidad de Madrid consolida así su política de desprecio a este fundamental servicio público, siendo sorprendente y decepcionante la postura del ICAM, que lo ha considerado como “un primer paso”, “medidas positivas” que suponen “un avance significativo en el reconocimiento del trabajo esencial que realizan los abogados de oficio”, cuando lo cierto es que dejan una vez más desamparada a la abogacía de Madrid y a la ciudadanía en su derecho a la defensa.
Llamamos a los operarios y operarias del derecho a fortalecer y mantener la lucha por un servicio de justicia público y digno, porque sin justicia no hay derechos.
Comisión del Turno de Oficio de la Asociación Libre de la Abogacía