En la madrugada del 15 de octubre de 2016 dos guardias civiles y sus parejas resultaron lesionados de diversa consideración en un bar de la localidad navarra de Alsasua. El más grave, un teniente con el tobillo fracturado.
A 7 de los 8 acusadxs por esos hechos les piden 50 años de prisión por cuatro delitos de lesiones terroristas. A uno de ellos, adicionalmente, 12 años y medio, hasta sumar 62 años y medio, por unas presuntas amenazas terroristas. Y a la octava, por ese mismo delito, la pena de 12 años y medio, que es la petición de pena más baja.
Más allá del debate sobre la efectiva participación de cada una de las personas en los hechos que son objeto de acusación, que habrá de dilucidarse en el juicio, lo que parece evidente es que existe una gran desproporción entre los hechos de los que se les acusa y la pena que se les pide que, por ejemplo, triplica las previstas para un asesinato.
Son muchos los supuestos de enfrentamiento con fuerzas policiales que acaban con acusaciones de lesiones y atentado a agente de la autoridad, y salvo en los casos más graves, las penas que se imponen finalmente no exceden de los dos años, por lo que lo habitual es que ni siquiera se pise la prisión. Sin embargo, en este caso concreto no se aplica la legalidad penal ordinaria, sino preceptos pensados y aprobados para perseguir a “lobos solitarios” yihaidistas.
Por eso, tres de los ocho acusadxs llevan en prisión preventiva casi año y medio, sin haberse celebrado el juicio, y todos ellxs se enfrentan a unas peticiones de pena que, en sí mismas consideradas, ya suponen un severo castigo, pues impiden afrontar ningún proyecto vital a estos jóvenes de apenas 20 años, amenazados con pasar el resto de su vida en prisión.
En el vídeo que acompaña a esta noticia lo explican dos de lxs abogadxs de la defensa, video a cuya difusión contribuimos con el fin de denunciar la sobreactuación por parte del Estado, la desproporción de las penas que se piden, y la extensión indiscriminada del concepto de terrorismo, que creemos busca legitimar una deriva autoritaria del Estado que pone en peligro las libertades y derechos ciudadanos básicos.
La Junta Coordinaodora