ALA PIDE LA DIMISIÓN DEL DECANO Y DE LA VICEDECANA ASÍ COMO EL CESE DEL DIRECTOR GENERAL DEL ICAM POR SU NEGLIGENCIA EN EL CONCURSO PÚBLICO DEL SOJ DE EXTRANJERÍA.
Hace pocos días la abogacía madrileña del Turno de Oficio recibíamos con indignación la noticia de que LABE Abogados ha adquirido por concurso público el servicio de orientación legal madrileño en materia de extranjería, homofobia, transfobia, racismo y xenofobia. Es la misma firma que lleva un año gestionando el SOJ municipal tras el mismo proceso.
La absoluta pasividad de la Junta del ICAM optando por no presentar una oferta respecto al SOJ municipal y presentando su solicitud fuera de plazo respecto al SOJ de Extranjería, ha facilitado la privatización de unos servicios que han sido gestionados por el ICAM desde hace decenas de años.
En 2020, la Junta del ICAM decidió no presentarse al concurso para gestionar el SOJ municipal de Madrid. Consideró que bastaba con impugnar el proceso de licitación pública ante los tribunales (apoyada por ALTODO), impugnación que fue desestimada por el TSJ de Madrid. Su soberbia nos costó cara, pues la Junta del ICAM carecía de un plan B para salvaguardar el asesoramiento por parte de la abogacía del Turno de Oficio del ICAM, y la privatización del SOJ comenzó su andadura.
Por lo que respecta al concurso de este año, dirigido a personas especialmente vulnerables (migrantes, víctimas de delitos de odio, de conductas homofóbicas, racistas o xenófobas), la Junta del ICAM, aparentando intentar remendar el fracaso anterior, acuerda que sí que se van a presentar. Sin embargo, tampoco lo hace… a tiempo. En la Junta General Ordinaria celebrada el pasado día 22 de marzo de 2021, la Vicedecana, Begoña Castro Jover, representante de ALTODO en la misma, fue requerida para que informara del motivo de la no presentación al concurso. Su respuesta fue la siguiente:
“Lo presentamos fuera de plazo por unos minutos por unos problemas técnicos que hubo en el último momento. Para más detalle sobre esta cuestión puede facilitárnosla nuestro Director General (Carlos Marino) que estuvo desde el primer momento al tanto de todas las vicisitudes ya que en la presentación de esta solicitud están implicados diversos departamentos de la casa”.
El Decano confirmó dichos extremos, manifestando haber solicitado un informe de auditoría interna y que el Área de Cumplimiento del ICAM estaba estudiando la situación, comprometiéndose a tomar medidas para depurar las eventuales responsabilidades. Hoy, 25 de mayo de 2021, varios meses después de esta grave negligencia por parte de la Junta del ICAM no nos consta que se haya depurado responsabilidad alguna.
Por lo tanto, el ICAM mediante su actitud completamente negligente ha contribuido a la privatización de los derechos fundamentales más básicos, favoreciendo la mercantilización de los mismos. Y estamos hablando de una corporación de abogadas y abogados que vivimos la cotidianeidad sujeta a plazos.
Estamos muy de acuerdo con el Decano en que es preciso depurar responsabilidades, empezando por la suya propia, pues la evidente inoperancia en la protección del Derecho Fundamental a la Defensa y a la protección del SOJ en particular, es la gota que colma el vaso de una política colegial en defensa de los más privilegiados y de las grandes firmas de despachos, y de constante olvido de las personas más vulnerables, así como de la abogacía de a pie.
Por su parte, la Vicedecana, Begoña Castro Jover, responsable en la Junta del Turno de Oficio, también debe dar un paso al lado, asumir su directa responsabilidad personal en los hechos relatados, y presentar su dimisión, siendo vergonzoso que derive su responsabilidad en el Director General, Carlos Marino, el cual, como no puede dimitir, deberá ser cesado de su cargo.