En un recurso de amparo, la asociación argumenta la necesidad de estándares legales para asegurar que los magistrados investigan con objetividad las denuncias contra otros jueces, salvaguardando la apariencia de imparcialidad propia de una democracia
La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) ha interpuesto recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la decisión del Tribunal Supremo de no admitir a trámite la querella contra el Magistrado Ismael Moreno que ordenó la prisión provisional de “Los Titiriteros” en febrero de 2016.
La Asociación interpuso querella contra el Instructor del Central 2 de la Audiencia Nacional por prevaricación y detención ilegal. Denunciaba que el Magistrado ordenó la prisión conociendo su ilegalidad y la injusticia de la med
ida, por no existir riesgos reales de fuga, destrucción de pruebas, reiteración delictiva o represalias. La querellante, además, atribuía al impacto mediático del caso el mérito de haber forzado el cambio de parecer en el Juez, que días después liberaba a los Titiriteros.
La Sala Penal del Tribunal Supremo inadmitió la querella, sin contestar a los hechos y argumentos expuestos por la Asociación. En su resolución el Tribunal sin pormenores, avalaba las decisiones tomadas por el Magistrado denunciado.
Las sucesivas desestimaciones del Supremo, que se niega a investigar los hechos, han provocado que ALA busque ahora el amparo constitucional. La Asociación denuncia ante el TC vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva (Arts. 24.1 y 24.2 CE) en relación con el derecho a un proceso equitativo del art. 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos en varias etapas del procedimiento.
En el Recurso de Amparo se advierte de la generalizada impunidad judicial en el Estado español y considera de interés general que el Tribunal Constitucional se manifieste sobre las garantías que deben ofrecer nuestros Tribunales cuando juzgan a uno de sus compañeros para evitar caer en sospechas de parcialidad.
Así, igual que en los casos de denuncias de torturas, en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado repetidamente a España por no haber conducido una investigación efectiva para comprobar la veracidad de dichas denuncias, ALA solicita que en el caso de denuncias contra jueces y magistrados los Tribunales españoles también desarrollen una intensidad investigadora que permita disipar las dudas sobre su corporativismo a la hora de enjuiciar a sus pares.
Para fundar su petición, la Asociación ilustra los datos publicados por el propio Consejo General del Poder Judicial que avalan la impunidad administrativa o penal de jueces y magistrados. Los informes revelan que en el año 2015 sólo se impusieron 8 sanciones disciplinarias contra jueces pese a haberse registrado 9.515 reclamaciones y denuncias; en el 2014 sólo fue una medida entre 9.926 reclamaciones y denuncias. Por otro lado, en el año 2015 sólo un juez interpuso una reclamación contra algún compañero y en el 2014 solo 15 jueces o magistrados pusieron alguna reclamación contra un compañero.
Los datos también revelan que el 99% de las denuncias interpuestas contra jueces y magistrados en Madrid y Cataluña no llegan si quiera juicio. Muchas se inadmiten al inicio y otras son archivadas en fase de instrucción. En el resto del país el porcentaje de inadmisión o archivo es del 97,88%.