ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011

“El Colegio de Abogados de Madrid viene denunciando desde hace años la desatención por el Gobierno de la Comunidad de Madrid de sus obligaciones en materia de asistencia jurídica gratuita, poniendo en riesgo de quiebra este servicio público. Especialmente:
Las constantes demoras de la Comunidad en sus pagos, que se niega a compensar, van acompañadas de una incomprensible imprevisión presupuestaria, alejándose año tras año del coste real del servicio, cuyo incremento en los últimos años ha sido el menor de todas las Comunidades autónomas.
Desde el año 2003 no se han revisado las remuneraciones de los abogados.
Las líneas crediticias que el Colegio facilita a los abogados de oficio para el cobro de sus remuneraciones han elevado su vencimiento hasta los 450 días, asumiendo los abogados el cada vez mayor coste financiero del anticipo y el Colegio el riesgo del impago a vencimiento por la Comunidad.
Desde el inicio de este año 2011 la Comunidad no ha tenido disponible cantidad alguna con la que atender el coste del servicio durante el ejercicio, teniendo que destinar la totalidad del Presupuesto 2011 al pago pendiente del ejercicio anterior El Colegio denunció desde el primer momento esta situación y, además, impulsó la creación de una mesa de trabajo para mejorar los procedimientos de gestión y pago del servicio, en cuyo seno, a través del Consejo de Colegios de la Comunidad y con el apoyo de las asociaciones de abogados, se formuló en abril de este año una propuesta de convenio.
Ante la falta de respuesta de la Comunidad y la inestabilidad generada entre los abogados afectados, el Colegio se ha visto en la necesidad de reordenar temporalmente las prestaciones a su cargo desde el 1 de junio de 2011 para asegurar la cobertura mínima de los servicios y evitar una irreversible lesión del derecho de defensa de los ciudadanos, esperando que el Gobierno regional regularizara su situación de incumplimiento.
Al día de hoy, la Comunidad de Madrid sigue sin haber satisfecho cantidad alguna por los servicios prestados durante el año 2011, cuyo importe certificado de los dos primeros trimestres asciende a 18.146.643,5 euros, y sin haber dado ninguna clase de respuesta a las propuestas efectuadas por la abogacía madrileña.
A la vista de lo expuesto, la Junta de Gobierno acuerda:
1º.- Conminar al pago urgente de las cantidades devengadas durante el ejercicio 2011 y certificadas por el Consejo de Colegios de la Comunidad, indicando que, de no librarse dicho pago de forma inmediata, la Junta de Gobierno, que se reserva expresamente cuantas acciones le competen, no estará en condiciones de seguir garantizando el derecho de defensa y asistencia letrada de los ciudadanos mediante los servicios a su cargo.
2º.- Requerir formalmente a la Comunidad para que, adicionalmente a dicho abono pendiente, disponga las habilitaciones presupuestarias necesarias para el pago de todas las cantidades que, por la prestación del servicio, se devenguen durante el ejercicio 2011, comprendiendo este requerimiento la reclamación de los intereses de demora procedentes respecto de todas las cantidades certificadas y no abonadas, sin perjuicio de las reclamaciones que realice al efecto el Consejo de Colegios de la Comunidad.
3º.- Solicitar de todos los grupos parlamentarios representados en la Asamblea de la Comunidad de Madrid que lleven a cabo las actuaciones precisas para que en el Presupuesto de la Comunidad para el ejercicio 2012 haya una dotación suficiente a fin de atender al coste de los servicios de asistencia jurídica gratuita y, en cuanto fuera preciso, de la liquidación pendiente del año 2011.
4º.- Reiterar a la Comunidad de Madrid la propuesta de convenio que le fue trasladada, a través del Consejo de Colegios de la Comunidad de Madrid, en abril del presente año, comprendido el ofrecimiento de cooperar en la mejor gestión del servicio mediante el establecimiento de los procedimientos administrativos e instrumentos telemáticos a que dicho convenio se refiere.
5º.- Dar cuenta al Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Fiscal General del Estado, Ministerio de Justicia y Defensor del Pueblo del riesgo de quiebra inminente del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en la Comunidad de Madrid como resultado de la forma en que el Gobierno regional ejerce las competencias transferidas por el Estado en esta materia.
6º.- Notificar el presente acuerdo al Consejo de Colegios de la Comunidad, al Consejo General de la Abogacía Española, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y al Decano del Colegio de Procuradores de Madrid, así como a la Consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid”.