SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) –
Un colectivo de abogados pertenecientes al Grupo 17 de Marzo han pedido a la Fiscalía de Sevilla que solicite la aplicación de la eximente completa de estado de necesidad a las personas que ocupen inmuebles ante la “emergencia social y habitacional” causada por las más de 400.000 ejecuciones hipotecarias realizadas desde 2007 “como resultado de la actividad antisocial” de las entidades financieras y de una legislación “injusta”.
En el escrito elevado ante el Ministerio Público, consultado por Europa Press, este colectivo pone de manifiesto que “la alarma social generada por esta situación se ha hecho aún más evidente en las últimas semanas, en las que el drama de las ejecuciones hipotecarias ha irrumpido con mayor fuerza en primera línea de la actualidad”, por lo que la Fiscalía “debe” solicitar dicha eximente “como normal general” a fin de que estas personas “no sean condenadas” por un delito de usurpación de bienes.
“Mientras esta situación continúe, es público y notorio que familias desesperadas ocupen pisos vacíos desde hace años por los bancos, aumentando los delitos por usurpación de bienes inmuebles” en la ciudad de Sevilla, citando en este sentido el ejemplo de los vecinos de la Corrala La Utopía, “a los que se les ha abierto un procedimiento por usurpación” en el Juzgado de Instrucción número 3.
“FAMILIAS SIN RECURSOS Y DESAHUCIADAS”
A su juicio, “el nexo de unión de todas estas situaciones son familias sin recursos, desahuciadas o próximas al desahucio, sin ingresos, y sin que los servicios sociales puedan asumir dicha demanda”, por lo que entiende que, “sin perjuicio de cada caso concreto y procedimiento judicial, debe empezar a ser habitual, no como años atrás, la solicitud” por parte de la Fiscalía del estado de necesidad como eximente completa.
“Es de Justicia que el Ministerio Fiscal, como actor garante que debe velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa, ante el estado de emergencia social y habitacional, pondere los diferentes bienes jurídicos y solicite dicha eximente como norma general, al menos hasta que los cambios legislativos propicien el derecho a la vivienda”, concluye el escrito.