Abogados del Turno de Oficio alertan en la Asamblea de Madrid del peligro que supondrán los recortes para el servicio

{MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -}
Abogados del Turno de Oficio han alertado en la Asamblea de Madrid del peligro que supondrán los recortes para el servicio y han denunciado que la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, esté condenando a este colectivo ante la reducción del presupuesta para la Justicia Jurídica Gratuita.
Así lo manifestó ayer la presidenta de la Asociación Libre de Abogados (ALA) durante su comparecencia en la Cámara regional. En su intervención, ofreció diálogo a la Comunidad para poder afrontar los retos de la Justicia, que a su juicio son “{{imposibles de afrontar sin tener en cuenta a todos los sectores que se ven implicados en la misma}}”.
En este contexto, informó de la insostenible situación a que la Consejería está sometiendo al turno de oficio, con la falta de dotación presupuestaria, los continuos recortes del derecho para quienes no pueden pagar unos servicios jurídicos y el reiterado impago a que somete a los abogados que forman parte del mismo.
Asimismo, defendió el derecho de acceder a la Justicia frente a la voluntad de impedir y limitar el acceso de los ciudadanos imponiendo nuevos impuestos, como las ya anunciadas tasas, que harán aún más elitista el poder acudir a la Administración de Justicia.
Con claros ejemplos, mostró cómo determinadas personas que claramente tienen derecho de acceso a una justicia gratuita por el hecho de no aportar la documentación requerida o no ser localizados por carecer de domicilio, verán denegado dicho beneficio.
“{{La Comunidad pretende no pagar los servicios del sistema del turno, ya prestados, y quiere hacer recaer los costes del mismo sobre los abogados que lo prestan, cuyos importes están fijados sin subida alguna desde 2003 y ahora pretenden recortarse un 20%}}”, denunció.
Tras criticar el anteproyecto de ley de tasas que está tramitándose y de las diferentes reformas anunciadas, ALA defendió el derecho de acudir a la administración de justicia, como parte del estado social, democrático y de derecho constitucional, por “{{quienes, entre otros, se ven despedidos por un ERE o sufren violencia de género y cómo el problema no es la litigiosidad de los ciudadanos sino la carencia de medios humanos y materiales y las políticas de recortes en los servicios públicos}}”.