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Abogados avisan que el retraso en el pago pone en riesgo la justicia gratuita

{05-06-2012 / EFE}
El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, ha avisado hoy que el incumplimiento del pago a los profesionales por parte de la Comunidad «compromete la sostenibilidad» del servicio de justicia gratuita, y ha afirmado que este derecho no puede subordinarse a razones presupuestarias.
Hernández-Gil ha comparecido esta tarde en la Comisión de Presidencia y Justicia de la Asamblea, donde se ha referido a los retrasos en el pago de los abogados de la justicia gratuita y el turno de oficio por parte de la Comunidad, servicios que gestiona el Colegio de Abogados de Madrid.
Hernández-Gil ha afirmado que en 2011 se registraron 117.418 nuevos expedientes de asistencia de justicia gratuita (un 7,8% menos que en 2010).
Con todo, ha especificado que Madrid ha sido la comunidad autónoma donde menos ha crecido el gasto de la justicia gratuita, un 44% frente al 59% de media nacional, y la tendencia de contención del gasto se mantiene.
«Los abogados sólo exigen que el servicio esté digna y suficientemente remunerado, haciéndose efectiva su retribución en plazos razonables, nada más», se ha quejado.
En este sentido, ha dicho que «el compromiso y la eficacia de las defensas efectuadas por el turno de oficio no tienen la debida correspondencia de las administraciones públicas estatal y autonómica, que no disponen de los medios necesarios» para garantizar las condiciones materiales y de retribución «acordes con la trascendencia y dignidad» de la función que desempeñan los abogados.
Así, ha apuntado que el incumplimiento «reiterado» de los plazos de pago «compromete en un momento como el actual la sostenibilidad del servicio y el derecho de defensa de los sectores más necesitados de la población», y dicho servicio «no puede subordinarse a razones esencialmente presupuestarias».
Se ha quejado de que la Consejería de Justicia ha venido liquidando las certificaciones con un retraso «considerable», un promedio de 250 días en 2011, frente a los 198 días de retraso que se daban en 2010.
«A día de hoy queda pendiente de liquidar el cuarto trimestre de 2011», ha advertido.
Se ha llegado a un punto, ha continuado explicando, que ante el incumplimiento «sistemático» de los plazos de los pagos ya se reclama de forma «casi automática» los importes de los intereses devengados.
Hernández-Gil se ha quejado del «grave perjuicio» que tiene para el Colegio de Abogados tener que concertar líneas de financiación con entidades de crédito para poder anticipar las remuneraciones a los profesionales, una cifra muy importante para el Colegio, que además «asume frente a los bancos el riesgo de impago por parte de la Comunidad».
Además, ha señalado que junto con la asistencia gratuita y el turno de oficio el Colegio de Abogados presta también orientación jurídica «a toda clase de ciudadanos», a los que no se pregunta si tienen recursos económicos o si están en España en situación regular.
Un servicio de asesoría que, según ha explicado, atendió 163.465 consultas en 2011, de las cuales aproximadamente un 20% (33.805) se tradujeron en peticiones de justicia gratuita, lo que demuestra que este asesoramiento contribuye a ahorrar y a adelgazar el número de procedimientos en los juzgados.
Y otro de los servicios que presta el Colegio, ha proseguido, es el asesoramiento a mayores y a mujeres, un servicio que antes se daba a través de un convenio suscrito con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, convenio que en 2012 ya no se ha prorrogado.
Aún así, ha explicado que el Colegio sigue atendiendo con su propio presupuesto a estos dos sectores de la población, al entender que su atención debe ser prioritaria.
El decano ha hecho un llamamiento para que se ayude a la función social de la Abogacía, porque el Colegio «no podrá seguir supliendo las subvenciones públicas que la Comunidad de Madrid va dejando caer».

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