El próximo día 24 de este mes se celebra el Día de la Abogacía Amenazada, conmemoración reivindicativa que hace décadas AED viene impulsando, a instancias de ALA, habiendo elegido la fecha como recuerdo y homenaje a nuestros compañeros laboralistas asesinados en el despacho de la calle Atocha en 24 de enero de 1977, con el fin de defender el derecho de defensa en todo el mundo y a todos los compañeros y compañeras que sufren persecución por el ejercicio de su profesión.
La conmemoración de este año, impulsada por decenas de asociaciones, sindicatos y colegios de la abogacía de todo el mundo cuya relación os acompañamos, se dedica a EEUU por la constante violación de la independencia de nuestros compañeros a lo largo del último año, como se refleja en el completo Informe (en inglés) que os adjuntamos.
Más allá de la violación flagrante de la Carta de las NNUU y de numerosos tratados y normas de derecho internacional, por lo que aquí respecta, la actual Administración de los EEUU ha venido incurriendo, de forma sistemática, en conductas que atentan al derecho de defensa y a la libertad e independencia de los abogados y abogadas, con violación, entre otros, de los Principios Básicos de NNUU sobre la Función de los Abogados, el Pacto Internacional de DD. Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales, como se denuncia en la Declaración de los colectivos convocantes (que se acompaña) y que, con base en el Informe anteriormente referido, han detectado:
• Órdenes ejecutivas y memorandos presidenciales que apuntan explícitamente a bufetes de abogacía y abogadas y abogados concretos por su representación legal, defensa o trabajo pro bono.
• Medidas administrativas de represalia, como la retirada de autorizaciones de seguridad, la denegación de acceso a instalaciones federales y la revisión o cancelación de contratos gubernamentales.
• Presiones ejercidas sobre bufetes de abogacía a través de los denominados «acuerdos de cumplimiento”.
• Vigilancia, interrogatorios y acoso a abogadas y abogados.
• Politización de las funciones fiscales y judiciales, incluidos despidos, dimisiones forzadas, amenazas disciplinarias e intimidaciones dirigidas a personas de la fiscalía y judicatura consideradas insuficientemente alineadas con las preferencias del ejecutivo;
• Ataques a los organismos profesionales autónomos.
• Conductas disuasorias sobre la representación legal en ámbitos delicados, como la inmigración, la defensa pública, la solidaridad con Palestina, los derechos LGBTI+, la defensa de las protestas y la defensa de las libertades civiles.
En conjunto, estas medidas no constituyen incidentes aislados. Forman un patrón que crea un clima de miedo, incertidumbre y autocensura anticipatoria dentro de la profesión jurídica.
Por todo ello, exigimos a las autoridades de EEUU el inmediato cese de dichas actividades, la revocación o abolición de las normas y medidas que socavan la independencia de la abogacía y el pleno respeto a la independencia y libertad de la misma,
Y efectuamos un llamamiento a la comunidad internacional, instando a las instituciones jurídicas internacionales, los colegios de abogacía, las organizaciones de derechos humanos, los mecanismos de las Naciones Unidas, los Estados y los actores de la sociedad civil a que sigan de cerca la situación, expresen su solidaridad con las personas profesionales del derecho afectadas y utilicen todos los mecanismos disponibles para defender las normas internacionales que protegen la independencia de la profesión jurídica.
En consonancia con todo ello, os solicitamos a tod@s vuestra participación activa, difundiendo la Declaración y el Informe entre nuestros compañer@s y asociaciones jurídicas y de derechos humanos, así como entre vuestros posibles contactos personales con medios de comunicación.
Os volvemos a enviar la convocatoria de una conferencia de prensa, que podéis seguir en el enlace http://bit.ly/3MNDsUk el próximo día 22, a las 16,00, hora española.
Asociaciones entidades firmantes a 20_01_2026