La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha exigido a través de un comunicado un “cambio urgente” de modelo en la atención sanitaria penitenciaria, a la luz de las 12 personas fallecidas en lo que va de año dentro de las cárceles andaluzas y que son “consecuencia directa de la vulneración del derecho a la sanidad dentro de prisión”.
Por su parte, la asociación también cree que para conseguir la transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas es esencial que la lucha por la sanidad universal incorpore a las personas presas. La entidad andaluza sostiene que es necesario apostar, como defienden numerosas organizaciones, por una Atención Primaria de calidad, pero que ello no es posible si, como ocurre en el caso de las cárceles, la asistencia sanitaria depende del Ministerio del Interior y no de los servicios autonómicos de salud.
Entre las principales reivindicaciones del decálogo está “la obligada transferencia de las competencias en sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas” que, opinan, traería consigo la mejora de la prestación sanitaria dentro de prisión, como ha sucedido en el País Vasco, que sí cuenta con las competencias transferidas.
Entre los inconvenientes de la situación actual, que tanto médicos como los defensores de los derechos humanos señalan está la dependencia de los facultativos del Ministerio del Interior, lo que en ocasiones hace difícil prevalecer el criterio médico, orientado a la salud del paciente, con el de la autoridad penitenciaria. Otra de las cuestiones denunciadas es la imposición de dispensar productos farmacológicos distintos de los del exterior, algo que fue denunciado por las organizaciones médicas y declarado ilegal por el Tribunal Supremo.
Al tratarse de administraciones y sistemas distintos, indica la APDHA, ni los médicos de prisión tienen acceso a la historia clínica del paciente que ingresa en la cárcel, ni los profesionales del Sistema Nacional de Salud cuentan con información alguna de un paciente durante su tiempo de condena. “Entrar o salir de prisión es tanto como cambiar de país o, peor aún, como si durante ese tiempo el paciente no hubiera existido”, lamentan.
Por último, el decálogo del colectivo plantea algo que ya apuntó el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), el registro de forma precisa de toda lesión que se observe en las personas presas por parte del personal sanitario, dado que tanto desde el Comité Europeo como desde la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) son numerosas las quejas que les llegan por casos de tortura dentro de las cárceles.
