MADRID, 03 de JUNIO de 2011 – LAWYERPRESS
Durante los años 2006 a 2010, ambos incluidos, la gestión del Colegio de Abogados de Madrid ha permitido que frente a un incremento medio del 65% del gasto en justicia gratuita de las Comunidades Autónomas con competencias en justicia, Madrid haya crecido sólo un 44% en cinco años. El menor crecimiento del gasto de la Comunidad de Madrid resulta significativo si se tiene en cuenta que el total de asuntos ingresados en la Comunidad de Madrid anualmente supone un porcentaje superior al 16% de la totalidad del territorio nacional.
Los representantes de la Comunidad de Madrid han manifestado que las cantidades certificadas a la Comunidad de Madrid han experimentado una “evolución exponencial” y que “han pasado de 6 millones de euros a más de 50”. Sin embargo, lo cierto es que desde el año 2006 hasta el año 2010, ambos incluidos, han pasado de 36 millones de euros a 43 millones de euros. El incremento durante un período de 5 años ha sido por tanto exclusivamente de 7 millones (19%).
Las circunstancias que han marcado este incremento, agravado por el déficit presupuestario medio arrastrado por la Comunidad de Madrid desde que asumió las competencias en materia de justicia (51,4%), están lejos de tener relación alguna con la gestión realizada “por parte del Colegio y el turno de oficio”. El incremento ha sido la consecuencia del impacto que una combinación de factores de carácter demográfico, normativo y económico han tenido sobre la asistencia jurídica gratuita.
El aumento del número de potenciales demandantes de asistencia jurídica gratuita, 9,42% en los últimos 5 años como consecuencia del aumento del censo de población de 5.821.054 a 6.369.167 ciudadanos, ha venido acompañado de una evolución normativa y procesal que ha actuado de catalizador de las solicitudes y necesidad de asistencia jurídica gratuita. Destacan como hitos normativos, tras la introducción del enjuiciamiento rápido de delitos en el año 2003, cuya asistencia letrada se presta en un 93,34 por ciento mediante abogados de turno de oficio, la normativa tuitiva de Violencia de Género con efectos desde el mes de junio de 2005 y, especialmente, las reformas relativas a seguridad vial del año 2007. Estas dos materias suponen un 84% de los procedimientos que se tramitan como “juicios rápidos” y tienen como origen cambios legislativos.
Las dificultades económicas que atraviesa nuestro país también han impactado sensiblemente en el incremento de los asuntos ingresados en los juzgados y tribunales de la Comunidad de Madrid que han crecido un 29.22 % pasando de 1.133.715 asuntos en el año 2004 hasta 1.465.038 en el año 2009, con especiales efectos en la jurisdicción social que incrementó la necesidad de asistencia jurídica gratuita en un 38,40% entre los años 2007 y 2010 fruto de la actual coyuntura económica. Las declaraciones efectuadas por la Comunidad de Madrid no pueden transformar la realidad de las reivindicaciones efectuadas por el Colegio de Madrid, centradas en sentar las bases para la definitiva resolución de los problemas que se arrastran desde el año 2003 y con el firme objetivo de conseguir consensuadamente la necesaria excelencia de un servicio público básico para la sociedad.
Las demandas de revisión de los abogados del turno de oficio no persiguen sino la justa reivindicación de que los abogados madrileños no cobren menos que los abogados vascos o catalanes y toda vez que el ejercicio de la profesión en nuestra comunidad es sensiblemente más caro que en otros territorios.