La Asociación Libre de Abogadas y Abogados condena las torturas relatadas hace escasos días en la Audiencia Nacional por las abogadas vascas Naia Zuriarrain y Saioa Agirre. Ambas letradas expusieron las numerosas agresiones sexuales, ahogamientos y demás métodos de tortura sufridos en los cuarteles de la Guardia Civil durante sus detenciones, acordadas en abril de 2010 por el entonces Juez Instructor de la Audiencia Nacional y hoy Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Naia y Saioa aseguran haber sufrido todo tipo de vejaciones para que éstas se autoinculparan de formar parte del «frente jurídico» de la ya extinta ETA.
La gravedad de las torturas relatadas nos obliga a manifestar públicamente nuestra solidaridad con ambas las letradas y a mostrar nuestra más intensa repulsa por la violencia y lesiones infringidas contra éstas por parte de la Guardia Civil. Nos preocupa enormemente que sean precisamente las abogadas que ejercen la defensa legal de presos vascos, quienes sean sometidas a este maltrato y crueldad institucional, porque no sólo supone un ataque hacia la su integridad física y moral, sino también un ataque directo al derecho de defensa, al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución Española, el cual prohíbe la indefensión de todo encausado y la privación ilegítima de los medios de defensa en un procedimiento judicial.
Y es que las detenciones de Naia, Saioa y de otros seis abogados vascos más ya fueron denunciadas por las asociaciones europeas de abogados (Abogados Europeos Demócratas y European Lawyers for Democracy and World Human Rights) que condenaron públicamente las presiones y persecuciones que sufren los letrados/as vascos. Denuncias que reiteraron en el año 2015 tras la detención de 12 abogados y abogadas vascas en la «Operación Mate». También la asociación de abogados vascos Eskubideak denunció a finales de 2009, la criminalización y persecución que padecen las letradas y letrados de Euskadi que defienden a presos de ETA. No podemos olvidar la detención del letrado Juan Manuel Olarieta en 2008, el cual fue investigado por supuesta vinculación con la organización GRAPO, cuando en realidad se había limitado a defender a presos acusados de pertenecer a ésta.
Las torturas relatadas por las abogadas Naia y Saioa se unen por desgracia a las de Beatriz Etxebarria, la cual denunció haber sido violada por parte de la Guardia Civil en marzo de 2011 en régimen de aislamiento. Y es que el Estado español ya acumula 11 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no investigar torturas y malos tratos. A principios de este año conocíamos que el Tribunal de Estrasburgo condenó a España por no investigar a fondo si la policía torturó a un miembro de Ekin, investigación judicial que también lideraba Grande-Marlaska. Desde 2010, este Tribunal ha condenado a España hasta en 11 ocasiones por no investigar las denuncias de tortura y malos tratos, diez de ellas impulsadas por personas detenidas en régimen de incomunicación.
Desde la Asociación Libre de Abogadas y Abogados hacemos un llamamiento a toda la abogacía a solidarizarse con las compañeras y a organizarse y condenar las agresiones y persecuciones sufridas en el ejercicio de su profesión, así como las violaciones de derechos de sus defendidos en los procedimientos penales. Porque una sociedad no podrá ser verdaderamente democrática si no es capaz de asegurar sus cimientos más básicos: el derecho a la defensa y a un procedimiento judicial justo, el derecho a la integridad física y moral y a no sufrir maltrato y torturas por parte de las instituciones del Estado.