Nota de Prensa
Colectivos en defensa de los derechos humanos se reúnen con el Defensor del Pueblo para abordar el problema de la impunidad policial y en los centros penitenciarios frente a la tortura.
La práctica de la tortura en el Estado español ha sido, y sigue siendo, una realidad incuestionable que en el pasado reciente se produjo de forma sistemática, y hoy en día, se sigue llevando a cabo, si no de forma sistemática, sí con una frecuencia más que esporádica, según han reiterado varias instituciones internacionales de derechos humanos.
Las pruebas de esa realidad son abrumadoras y han sido la razón por la que, el pasado 17 de marzo, las organizaciones de derechos humanos que encabezan esta Nota solicitáramos una entrevista al Defensor del Pueblo para trasladarle nuestra preocupación por la impunidad de la que gozan los delitos de tortura en el Estado español, e instarle a que lleve a cabo algún tipo de actuación ante las Cortes Generales a fin de que la representación pública valore la posibilidad de realizar actos de reconocimiento y reparación a las víctimas. [El texto de la solicitud se adjunta como Anexo a esta Nota].
La interlocución con el Defensor del Pueblo resultaba el primer paso obligado para abordar el problema de la tortura, habida cuenta de que la Constitución Española de 1978 designó al Defensor del Pueblo como Alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en su Título I, entre los que se encuentran los relativos a la dignidad y la integridad física de las personas.
El Defensor accedió cordialmente a nuestra solicitud y la entrevista tuvo lugar el viernes 10 de abril en la sede de la Institución. A ella asistió una representación de las organizaciones solicitantes que fue recibida por el Defensor del Pueblo, al que acompañaban la Directora del Gabinete, el Responsable del Área de Seguridad y Justicia, y el Responsable del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT).
Le expusimos la situación sobre la realidad de la tortura, y le reiteramos lo que ya le habíamos anticipado en el escrito motivado que le dirigimos cuando le solicitamos la entrevista: que preparara un informe extraordinario sobre la tortura y que lo presentara ante las Cortes Generales. Es decir, algo que está previsto en el ámbito de sus competencias y dentro del marco establecido en el artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo que literalmente dice: Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen [el Defensor] podrá presentar un informe extraordinario que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras si éstas no se encontraran reunidas.
Sin embargo. el Defensor rechazó la elaboración del informe que le solicitamos con los siguientes argumentos:
- El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales y no puede realizar actuaciones que conlleven alguna forma de incidencia política No puede conminar o dar órdenes a las Cortes, ni a la Presidenta del Congreso.
- Para elaborar un informe extraordinario, necesitaría contar con los medios adecuados y, además, que dicho informe estuviese encomendado por el Congreso de los Diputados.
- Comentó que no es la única institución encargada en exclusiva de la protección de los derechos humanos y, reiteradamente, nos remitió a otras instancias como la Ley de Memoria Democrática de 2022, la Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, y a la Comisión de la Verdad (adscrita al Consejo de la Memoria Democrática).
La reunión concluyó con unas palabras del Defensor afirmando que deseaba “buscar caminos para ayudarnos en el tema de la tortura” y asegurando que nos llamaría en fechas próximas.
Los colectivos que suscribimos esta Nota de Prensa valoramos la reunión mantenida con el Defensor del Pueblo, al tiempo que manifestamos nuestra voluntad y propósito de seguir trabajando para que esa Institución, en el ámbito de sus competencias y dentro del marco establecido en el artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, elabore un informe sobre la tortura en el Estado español –que abarque, al menos, desde los años 1960 hasta la actualidad– y lo presente a las Cortes Generales.
También queremos hacer un llamamiento a las agrupaciones y organizaciones sociales, en especial a las que trabajan en la defensa y protección de los derechos humanos, para que se sumen a esta iniciativa encaminada al reconocimiento, reparación y justicia de las víctimas de tortura y otras vulneraciones de derechos causadas por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los funcionarios de prisiones.
Contacto:
Jorge del Cura (Tfno: 675.80.82.21) – Nuria Pasamon (Tfno: 696.44.51.96)
Argituz | Giza Eskubideen Aldeko Elkartea • Associació Memòria Contra la Tortura • Asociación de Derecho Penitenciario Rebeca Santamalia (Asdepres) • Asociación Libre de la Abogacía (ALA) • Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) • Comisión Legal Sol • Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia (GEBehatokia) • Iridia | Centre per la Defensa dels Drets Humans • La Comuna | Asociación de presxs y represaliadxs por la Dictadura Franquista • Observatorio para a Defensa dos Dereitos e Liberdades (EsCULcA) • Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) • Red Jurídica • Sir[a] | Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura