DOS PROPOSICIONES presentadas por la Asociación Libre de la Abogacía (ALA), y suscritas por 247 colegiadas y colegiados, para su debate y aprobación en Junta General Ordinaria del ICAM de 16 de diciembre de 2025
Proposición n° 1
CONTRIBUCIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL COLEGIO DE LA ABOGACIA PALESTINA
Desde el 10 de octubre de 2025 está en vigor en Gaza un frágil alto el fuego entre Hamas e Israel tras más de dos años de violencia y vulneración de derechos humanos y del derecho humanitario que ha golpeado principalmente a la población civil de Gaza, sus instituciones, hospitales, escuelas, infraestructuras, etc.
Una de las instituciones que sufrió dicha violencia fue la sede del Colegio de abogados de Palestina, bombardeada y destruida en octubre de 2023 en un acto que convirtió aun en más precario el ejercicio del derecho de defensa de la ciudadanía por parte de la abogacía palestina y que, por noticias contrastadas, costó la vida a compañeros y compañeras de la abogacía palestina.
Por ello y a fin de contribuir a la restauración, aunque sea mínima, de las condiciones necesarias para que la abogacía palestina pueda realizar su actividad profesional, proponemos:
“Que par la Junta General del ICAM se requiera a la Junta de Gobierno a fin de que el ICAM contribuya económicamente a la reconstrucción de la sede del Colegio de la abogacía palestina.
Si fuera preciso, en colaboración con otros colegios de la abogacía tanto nacionales como extranjeros”
Proposición n° 2
CONCESIÓN DE LA MEDALLA ENCOMIENDA DE LA ABOGACIA
En el mes de septiembre de 2025 se han cumplido cincuenta años de los consejos de guerra sumarísimos y posterior ejecución por fusilamiento de cinco de los condenados.
Los defensores de todas las personas procesadas en aquellos consejos de guerra, realizados en la fase final de la dictadura, se vieron obligados a ejercer un imposible derecho defensa de personas a quienes se pedía pena de muerte, en condiciones inimaginables para la abogacía que ejerce en una sociedad democrática, sin posibilidad de entrevistarse con las personas defendidas, sin conocimiento del sumario, sin que se les admitieran pruebas ni recursos, expulsados de la sala cuando querían intervenir o expresar su protesta, rodeados permanentemente de fuerza armada, en ocasiones con las pistolas desenfundadas….
Las abogadas y abogados expulsados de los consejos de guerra fueron inhabilitados para ejercer su profesión en aplicación del Decreto-ley antiterrorista, aunque la movilización posterior del Colegio de Abogados de Madrid consiguió que la inhabilitación solo fuera a efectos de los tribunales militares. Años después, cuando se publicó la ley de amnistía, los abogados recibieron un oficio del juzgado dejando sin efecto esa inhabilitación y aplicándoles la amnistía.
En los días siguientes a la celebración de los Consejo de guerra, las abogadas y abogados defensores recibieron anónimos y amenazas realizándose pintadas en los portales de sus despachos a fin de identificarlos. Se trataba, sin duda, de prolongar el clima de terror de aquellos días y de desanimar para el futuro a quienes se atrevieran a aceptar ese tipo de defensa.
En una época sin derechos aquellos compañeros y compañeras intentaron ejercer el derecho de defensa en condiciones muy difíciles y arrostrando amenazas y peligros profesionales y físicos que son un ejemplo para la abogacía actual que, a diario, defiende los derechos de la ciudadanía con normalidad democrática.
Par ello proponemos:
“Que por la Junta General del ICAM se inste a la Junta de Gobierno a fin de que conceda la medalla Encomienda de la Abogacía, a título póstumo en su caso, a D. Juan José Aguirre Alonso, D. Gerardo Viada, D. Ventura Pérez Mariño, Dª Francisca Sauquillo, D. Juan Lozano Vllaplana, D, Miguel Satrústegui, Dª Concha de la Pena, D. Fernando Salas, Dª Pilar Fernández García, D. Juan José Listerri, D. Pedro González y Gutiérrez Barquín, D. Javier Baselga, D. Juan Mª Bandrés, D, Pedro Ruiz Balerdi, D. Marc Palmés, Dª Magda Oranich y D. Miguel Castells”.
Madrid, 24 de noviembre de 2025