El martes 19 de mayo, el ICAM y la Comunidad de Madrid, junto al Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y el Colegio de Procuradores de Madrid, anunciaban la suscripción de un convenio para proteger a los propietarios frente a la ocupación ilegal de viviendas. Horas más tarde, la Junta de Gobierno del ICAM comunicaba, orgullosa, la concesión del sello de calidad Madrid Excelente por la Comunidad de Madrid.
No vamos a pensar que una cosa deriva de la otra, ni tampoco vamos a relacionar la concesión de medallas con la insistencia del Decano en utilizar recursos colegiales para servir a los intereses políticos de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Lo que sí vamos a cuestionar es la actuación del ICAM, en primer lugar, porque, una vez más, incumple las obligaciones que le afectan en materia de transparencia, ya que el referido convenio no consta publicado en el sitio web del ICAM.
En segundo lugar, porque, tras solicitarlo a la Comunidad de Madrid, comprobamos que no es un convenio, sino un protocolo, y que el objeto del mismo no es proteger a nadie del delito de ocupación, sino arremeter contra las políticas públicas para la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, y aprovechar los recursos públicos para desvirtuar el objeto y ámbito de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
¿Cómo? Pues inventándose una figura jurídica que no vas a ver en ningún código ni a estudiar en ninguna universidad (quizá sí en la que está creando Ribón): la ocupación no delincuencia/ .
Cuesta decirlo, y creerlo. El propio protocolo relaciona esta pseudo figura con el incumplimiento de obligaciones derivadas de los contratos de arrendamientos, como si ese tipo de conflictos no tuviera ya cauces jurídicos establecidos -y no olvidemos que tres de los firmantes son juristas- .La cuestión es que la ley prevé también la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos de vivienda en supuestos de vulnerabilidad social o económica de la ciudadanía, y eso molesta a los firmantes.
Pero no se quedan ahí, sino que, con todo el descaro, aprueban otorgar asesoramiento jurídico y representación procesal gratuitos a “los propietarios afectados”, sin especificar la situación económica de estos ni si deben cumplir o no con los requisitos exigidos al resto de los mortales para obtener los beneficios previstos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Ante esto, nos preguntamos qué opinión tendrán el CGAE y Altodo.
El protocolo es un despropósito tan mayúsculo que su lectura ofende al que disponga de mínimos conocimientos de la materia jurídica en cuestión. Lo cierto es que se ha orquestado para que las instituciones firmantes se sumen un tanto en el manido discurso de la ocupación ilegal, eso sí, a costa del dinero de todas.
Para ponerlo en perspectiva: según el Balance de Criminalidad correspondiente al cuarto trimestre de 2024, elaborado por el Ministerio del Interior, el número de ocupaciones afecta al 0,057% de las viviendas de España, sobre un parque inmobiliario de más de 26,6 millones de viviendas[}], Llama la atención que esta estadística haya impulsado la colaboración de varias instituciones, en contraste con la respuesta frente a otras problemáticas que afectan a derechos fundamentales, como el acceso a una vivienda digna, derecho social reconocido en la Constitución Española.
El protocolo, en definitiva:
• Estigmatiza a colectivos vulnerables y criminaliza la pobreza, identificando como conflicto delictivo situaciones que, en la mayoría de casos, son consecuencias directas de la exclusión social y la emergencia habitacional.
• Impone una lectura absolutista del derecho de propiedad, ignorando su necesaria armonización con el derecho constitucional a una vivienda digna.
• Desnaturaliza el papel de los colegios profesionales, utilizándolos como brazo legitimador de políticas partidistas que refuerzan discursos de odio y miedo, vulnerando su deber de neutralidad e independencia.
Desde ALA mostramos nuestro más firme rechazo al protocolo y exigimos al ICAM que se aparte del mismo, absteniéndose de suscribir nuevos instrumentos jurídicos derivados de cualquiera de las obligaciones que contiene el protocolo, y reconduzca su actuación conforme al estado de derecho y a la legalidad vigente, aprobada con las debidas garantías parlamentarias.
Junta Coordinadora de ALA
[J] Datos obtenidos del Ministerio del Interior