DOS PROPOSICIONES presentadas en siete folios, incluidas las firmas, por la Asociación Libre de la Abogacía (ALA), para su debate y aprobación en Junta General Ordinaria del ICAM de 17 de diciembre de 2024
Proposición nº 1
PUBLICACIÓN EN EL ÁREA RESERVADA DE LA INFORMACIÓN REFERIDA AL CENTRO UNIVERSITARIO ICAM
Justificación: Según consta en el acta de la reunión de junta de gobierno de 15 de septiembre de 2023, en dicha reunión se acordó la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada CENTRO UNIVERSITARIO ICAM, en los siguientes términos:
Con anterioridad a la constitución de dicha sociedad, concretamente en reunión de junta de gobierno de 14 de junio de 2023, se acuerda la contratación de la diputada Esther Mocholí en régimen de arrendamiento de servicios, y en los siguientes términos:
“La idoneidad subjetiva trae causa con el grado de especialización profesional en el sector de las enseñanzas superiores. El objeto del contrato comprenderá la prestación de servicios profesionales de colaboración y asesoramiento en materia de formación para abogados, así como el desarrollo del proyecto formativo que la Junta de Gobierno en relación con estudios superiores Dada su condición de miembro de la Junta de Gobierno, la Sra. Mocholí en ningún caso podrá incurrir en conflicto de intereses directo o indirecto con el Colegio”.
En la Junta General celebrada en fecha 20 de diciembre de 2023, el Decano manifestó al respecto (páginas 5 y 6 del acta):
En ICAM Universidad tenemos prevista también esa partida que pueden ver ahí, de90.000 euros. La cuota colegial hemos señalado que se mantiene sin incremento alguno en la suma de 388,56 euros. Esto significa que el 34% de la cuota del ejercientese destina a la póliza de responsabilidad civil, la cuota del Consejo General de la Abogacía y la cuota del Consejo A esperamos además seguir creciendo año a año.
Finalmente, el último proyecto estratégico que les traemos también a ustedes en esta Junta General es el proyecto ICAM Universidad, para ello se ha constituido de acuerdo con los sistemas establecidos de carácter convencional fa constitución de una sociedad que es la sociedad que va a gestionar Centro Universitario ICAM. Este centro será un centro universitario adscrito a la Universidad Complutense y también, como probablemente conozcan por la activa y prolífica actuación de nuestro departamento de comunicación y políticas pública, se ha superado ya la fase de adscripción a la Complutense, mediante el convenio de adscripción, con el órgano de administración único, el consejo asesor y el personal propio que tendrá en su caso el centro. Toda la Universidad Complutense se ha volcado en este proyecto, en su momento estuvimos reunidos con… teníamos claro que tenía que ser universidad pública, tenía que mostrar también que tenía que ser universidad de Madrid, y dentro de las diferentes reuniones finalmente será con la Universidad Complutense, ya nos encontramos en esa fase final frente a la Comunidad de Madrid para ser aprobado en breve. Tendremos la oportunidad de mejorar nuestro nivel de formación y también tendremos la oportunidad de cualificar con el distintivo correspondiente universitario a nuestros compañeros. Para ello se impartirá el grado en Derecho y distintas dobles titulaciones que también están previstas, titulaciones que significarán una apuesta y un valor añadido para nuestro colegio, el máster de acceso a la Abogacía y Procura, por supuesto continuará y a él se añadirán también otros masters oficiales como puede ser el de reestructuración e insolvencias. Es, en definitiva, un proyecto estratégico, un proyecto único y que nos situará a la vanguardia de la formación en España y en Europa y también poniendo nuestra mirada en aquellos compañeros de Iberoamérica que deseen sumarse a la formación de excelencia del ICAM.
Y en la Junta General de 20 de marzo de 2024 el Decano indicó:
Al mismo tiempo se inició el proceso para la creación del Centro Universitario ICAM que ya ha sido aprobado por todos los órganos de gobierno de la Universidad Complutense.
Sin embargo, en dicha Junta General y a preguntas de una colegiada, la Diputada en cuestión refería no poder facilitar ningún documento a las personas colegiadas, afirmando a su vez que su contratación no obedecía a la dirección del centro, sino a “consultoría”:
Diputada Ester Mocholí Ferrándiz.- Cuando sea terminada… No, tampoco la puede dar porque es un documento de trabajo, hasta que no esté terminada que será cuando después de haber subsanado, si es que nos dicen que subsanemos algo y sino estupendo. Claro, hasta que no esté aprobado es un documento de trabajo que lógicamente no puede salir porque mañana cambia y estamos ante un proyecto, no es otra cosa.
[Sin micrófono].
Diputada Ester Mocholí Ferrándiz.- Está presentado a la Comunidad de Madrid desde diciembre, es una solicitud unida a un documento de trabajo que es una memoria a la vista o en prevención de las alegaciones que nos haga. Hoy por hoy no, en cuanto esté aprobada, que esperemos que sea pronto pues se podrá ver. Con respecto a… también creo que has preguntado con respecto a cuál era el encargo o si yo cobrabacomo directora de centro, ¿de acuerdo? No hay un encargo como directora de centro, en este momento soy la responsable sin cobrar por ello y lo que realmente la consultoría, que es lo que realmente se pasó un presupuesto y se cobró, que es para la ejecución de este trabajo que te acabo de decir, que se ha mencionado, las memorias y los anexos y que ya se ha elaborado, sólo que el trabajo quedó fraccionado durante 12 meses en cuanto al periodo de pago. Por eso parte cayó en el 2023 y parte caerá en el 2024. Una vez este trabajo esté abonado si finalmente se nos concede el ser centro adscrito, si tenemos la autorización ya se determinará quién es el director y quién será el que tenga responsabilidad en cuanto a las encomiendas que se le atribuyan para dirigir el centro. Hoy por hoy es verdad que soy la responsable porque entra dentro de mis funciones como diputada de formación y, por lo tanto, sin cobrar por ello estoy al frente. Cuando, si Dios quiere, se nos apruebe se tendrá que proceder al nombramiento con lógicamente retribución al cargo
La importancia dada a estos proyectos por parte de la propia Junta de Gobierno del ICAM exige la máxima transparencia e información sobre ello a todas las personas colegiadas, en aplicación de de lo dispuesto en el art. 27.22 de los Estatutos ICAM y punto 4.1 de la Política de responsabilidad Social Corporativa del ICAM, referido a los principios de actuación con las personas colegiadas
Por ello la Junta General insta a la Junta de Gobierno para que se publique en el área reservada del sitio web del ICAM la siguiente documentación:
- Convenios de colaboración, contratos o cualquier otro instrumento jurídico entre ICAM y Universidad Complutense sobre la Cátedra de Abogacía y Centro Universitario ICAM.
- Escritura de constitución de “Centro Universitario ICAM SL”.
- Plan de viabilidad y plan de negocio de “Centro Universitario ICAM SL”.
- Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos por el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios y, de igual modo, por la normativa de la Comunidad Autónoma de Madrid.
- Autorización, si existe, para el inicio de actividades académicas del Centro Universitario ICAM.
- Contrato suscrito entre ICAM o Centro Universitario ICAM SL y la diputada Esther Mocholí Ferrándiz que justifique el pago a esta diputada de 000 € anuales.
Proposición nº 2
DIGNIFICACIÓN DE NUESTRA PROFESIÓN
Justificación: La dignificación de la profesión ha sido uno de los lemas de la candidatura ganadora de las elecciones.
Los abogados y abogadas venimos obligados a pasar por detectores de metales en la sede de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, así como en todos los recintos penitenciarios, y debemos vaciar nuestros bolsillos de todo aquello que pueda hacer pitar el detector y mostrarlo ante policías, vigilantes jurados y/o funcionarios/as. Actividad a la que no se obliga a funcionarios de la Administración de Justicia, ni a los miembros de la judicatura, ni de la fiscalía, ni a funcionarios/as, ni a los pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, considerando así a la abogacía como sospechosa en el momento en que estamos realizando nuestro trabajo.
Por ello, y en defensa de la dignificación de nuestra profesión requerimos a la Junta de Gobierno que se dirija a los organismos competentes (Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, así como a las sedes del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, entre otros), a fin de que cesen en la actividad que se denuncia en este escrito y se dispense a la abogacía el mismo trato que al resto de operadores jurídicos cuando estamos realizando nuestra labor profesional.
Esta proposición la hemos venido realizando en varias juntas desde 2018. El anterior Decano se comprometió a buscar soluciones sin que nunca se nos haya informado de gestión alguna. En la última Junta, el Sr. Decano se comprometió personalmente a realizar las gestiones oportunas para resolver el asunto sin que se nos haya informado absolutamente de nada.
Queremos saber si el Decano en persona, o algún miembro de la Junta, tuvo a bien plantear este asunto en alguna de las siguientes reuniones recientemente llevadas a cabo en el pasado mes de septiembre y en el presente mes de noviembre, así como, en su caso, el resultado de la gestión efectuada:
- 17 de septiembre de 2024: “El ICAM reconoce la contribución de la Policía Nacional al Estado de Derecho y el ejercicio de la profesión”. En el citado artículo se dice que “El Colegio madrileño también ha reconocido la labor de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con la entrega de las “Medallas Hermandad” al Coronel Diego Pérez de los Cobos y a destacados miembros de la Policía Nacional”. Nos gustaría saber si bien en ese encuentro, bien en citas posteriores, esta Junta tuvo a bien abordar el problema aquí planteado, o si el citado reconocimiento y la imposición de las medallas a la policía nacional, tiene relación con el encauzamiento de la solución del presente asunto.
- 12 de noviembre de 2024:”El ICAM se reúne con la Delegación del Gobierno en Madrid para abordar las sanciones policiales a abogados en el ejercicio de suprofesión y las citas de extranjería”, con foto incluida. En la citada noticia se dice que el ICAM planteó “otras cuestiones”, desconociendo su tuvo a bien abordar el problema aquí planteado que afecta a miles de miembros de este Colegio en el ejercicio de su quehacer profesional.
- 18 de noviembre de 2024. “El Decano del Icam asiste a la toma de posesión del Comisario Principal Javier María Galván Ruíz como nuevo jefe Superior de Policía Nacional en Madrid”, con foto de ambos incluida. El citado artículo se dice que “el Decano Eugenio Ribón felicitó al nuevo Jefe Superior de la Policía Nacional de Madrid y destacó la importancia de trabajar conjuntamente para garantizar la seguridad de la ciudadanía madrileña”, por lo que, queremos suponer, que además de su preocupación por la seguridad de la ciudadanía madrileña, mostraría igualmente su preocupación por los ataques a nuestra dignidad profesional que motivan la presente proposición.
Por ello la Junta General insta a la Junta de Gobierno para que:
Se dirija a las autoridades competentes para que cese la práctica del paso de la abogacía por los detectores de metales en sedes judiciales y centros penitenciarios.
En Madrid, a 22 de noviembre de 2024.
DOS PROPOSICIONES para J.G.O. ICAM de 17 de diciembre de 2024