Tras conocer, a través de la red social X, la declaración institucional emitida por la Junta de Gobierno del ICAM no podemos más que mostrar nuestro rechazo a la misma por los siguientes motivos:
1º.- Porque la defensa del Estado social y democrático de derecho que, según manifiesta, le lleva a mostrar su preocupación por el contenido de un documento suscrito por dos partidos políticos legales, debe suponer el respeto al resultado de las elecciones legalmente celebradas y a la configuración de las Cortes Generales y su función como representación de la ciudadanía, estando reñida su declaración con el deber que tiene de abstenerse de emitir opiniones en favor o en contra de los acuerdos que puedan tomar determinados grupos políticos.
2º.- Porque la declaración emitida, en sí misma, pone de manifiesto su falta de neutralidad institucional y su falta de respeto a la pluralidad política, al anunciar acciones frente a una futura e hipotética ley que ni siquiera ha sido tramitada y cuyo contenido, salvo que cuente con facultades adivinatorias nunca antes manifestadas a las/os profesionales de la Abogacía que forman parte del ICAM, se desconoce.
3º.- Porque la declaración calificada como “institucional” no es más que una opinión vertida por los miembros de una Junta de Gobierno, que no ha sido consultada ni consensuada con el conjunto de la Abogacía plural que integra el ICAM.
4º.- Porque debe recordarse que corresponde a las Cortes Generales, representativas de la soberanía popular, el desarrollo y regulación de la tramitación de las proposiciones de ley, y que el Parlamento se constituye con arreglo a elecciones libres y democráticas.
5º.- Porque el hecho de que el resultado de las pasadas elecciones del 23 de julio de 2023 no sea del gusto de la Junta de Gobierno del ICAM no justifica el grosero desprecio a la autonomía de las Cámaras legislativas para configurar con las debidas garantías el procedimiento de tramitación parlamentaria.
6º.- Porque no es la primera vez que esta Junta de Gobierno se siente llamada a representar única y exclusivamente a un determinado espectro político, a pesar de que tiene como obligación fundacional y estatutaria defender a toda la Abogacía madrileña, en la que convergen distintas sensibilidades políticas. Recordemos que mientras exhibe con pública dureza las reivindicaciones sobre la actualización de baremos de las y los profesionales del turno de oficio frente a la Ministra de Justicia en funciones, tan beligerante actitud desaparece súbitamente con las representantes del Gobierno Regional de Madrid, pertenecientes a otro partido político distinto, aun cuando las exigencias deben ser exactamente las mismas porque afectan, por igual, a todas/os nuestras/os compañeras/os.
7º.- Porque resulta totalmente insólito e inasumible que el ICAM se arrogue un supuesto protagonismo “en defensa del Estado de Derecho” a propósito de un acuerdo político que conllevaría la hipotética aprobación, conforme a los cauces parlamentarios y constitucionales, de una proposición de ley que en su caso será acordada por un parlamento constituido tras la celebración de unas elecciones libres y democráticas.
8º.- Porque nuestro Colegio no puede convertirse en un edecán al dictado y servicio de determinadas posiciones políticas, por mucho que sean aquellas con las que los actuales miembros de su Junta de Gobierno se consideren más identificados. Ello compromete gravemente su independencia y le sitúa en otra posición frontalmente distinta a la de su condición y naturaleza de órgano colegial, que no es la de ser un actor político sino servir a los intereses reales de sus colegiadas y colegiados y dignificar su labor profesional.
9º.- Y porque, mientras la Junta de Gobierno del ICAM se dedica a realizar reuniones extraordinarias sobre cuestiones que no le competen, la Abogacía de a pie sigue esperando a que esa Corporación cumpla con sus verdaderos fines, entre los que se encuentra la defensa de los derechos e intereses profesionales de sus colegiadas/os; velar por la satisfacción de los intereses generales relacionados con el ejercicio de nuestra profesión; y promover la constante mejora de la calidad de nuestras prestaciones profesionales mediante una formación profesional permanente.
En Madrid, a 9 de noviembre de 2023.
Junta Coordinadora de ALA