PSOE avisa de que lleva camino de ser el ministro que “laminó” la independencia de los jueces y convirtió en “páramo” el mapa judicial
07.05.13 | . EUROPA PRESS | MADRID-
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha apoyado la idea de la comisión que ha redactado la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de que un juez pueda pedir a un medio de comunicación que deje de publicar un sumario declarado secreto y no tipificar como delito esta práctica.
Gallardón se ha pronunciado así en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados donde ha acudido para presentar las propuestas de reforma de la Ley del Poder Judicial, que modifica la Ley de Demarcación y Planta, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El titular de Justicia ha calificado de “inteligente” la postura de los expertos de no tipificar como delito la revelación de una causa declarada secreta, pero sí contemplar que el juez de garantías — figura de nueva creación– “pueda, a petición de las partes o del Ministerio Fiscal, no sancionar la revelación producida, pero sí dirigirse al medio de comunicación para instarle a que en aras de la tutela judicial efectiva del encausado se suspenda la publicación de más datos”.
“Lo que hace no es sancionar lo qeu se haya producido, sino garantizar que, de cara al futuro, no se vean perjudicados los derechos del encausado”, ha afirmado, para precisar que esta materia deberá ser estudiada por el Gobierno. “UN MINISTRO NO PUEDE DIRIGIRSE EN PRIVADO AL FISCAL GENERAL”
Gallardón, que ve “razonable” que la acción popular no pueda ser ejercida por las instituciones públicas, también ha mostrado su especial preocupación por las dudas generadas en torno a la imparcialidad del Ministerio Público para investigar los delitos y las faltas.
“El Ministerio Fiscal tiene dependencia jerárquica del fiscal general del Estado pero éste no la tiene con el Gobierno. La relación del fiscal general del Estado con el Gobierno es transparente — ha asegurado– Un ministro de Justicia no puede dirigirse de forma privada al fiscal general del Estado para que actúe en un sentido determinado”.
En este punto, ha explicado que el Ejecutivo puede en Consejo de Ministros dar un criterio de actuación y el fiscal general lo remitirá al estudio de los fiscales de Sala para aceptarlo o rechazarlo. “El Gobierno nombra al fiscal general del Estado y a magistrados del Tribunal Constitucional ¿Significa eso que puede dirigirse a estos magistrados? Sería una aberración”, ha rematado.
Por ello, ha llamado a no confundir la relación “transparente” del Gobierno como responsable de la política criminal, con una “una relación de dependencia, que no existe en la Constitución”. “Me preocupa que lo confundan partidos que han ejercido responsabilidades de Gobierno”, ha agregado.
Por otra parte, el ministro ha puesto en valor la tesis de los expertos de crear tribunales de instancia de circunscripción provincial sin suprimir las sedes de los municipios, frente a la idea del Consejo General del Poder Judicial de dejar en 199 los 431 partidos judiciales. “Me parece más adecuada la propuesta de los expertos que la del CGPJ”, ha confesado.
En cualquier caso, Gallardón ha garantizado que el Gobierno abordará sin “dogmatismos, apriorismos” estos trabajos para escuchar las aportaciones de los operadores jurídicos y los grupos parlamentarios.
“DOCTRINA ‘ATUTXA’ NO ACLARADA”
El diputado del PSOE Pedro Muñoz ha calificado como una “suerte de globo sonda” la intervención del ministro y ha enfatizado que tiene pendiente de responder a las peticiones del PSOE para que de explicaciones en sede parlamentaria sobre los recortes o la reforma del Registro Civil.
El socialista ha advertido a Gallardón que “va camino a ser recordado como el ministro que laminó la independencia del poder judicial y que convirtió en un páramo” el mapa judicial para dar preponderancia a las capitales de provincia.
El principal grupo de la oposición cree que hay un problema detrás de la propuesta de eliminar la acción popular para partidos políticos, sindicatos y personas interpuestas. “Si los concejales no pueden ejercerla porque son representantes de ese partido, solo la podría ejercer el fiscal porque no hay un interés particular”, ha expuesto.
A su entender, tampoco está bien resuelto el debate en torno a la ‘doctrina Atutxa’ y el modelo de Código Procesal Penal tiene “mucho de principio inquisitivo”. Ha añadido que la Constitución no prevé la integración “orgánica” de la Policía Judicial al Ministerio Fiscal, como proponen los expertos.
El portavoz del PP en la Comisión de Justicia, José Miguel Castillo Calvín, ha replicado que Gallardón es el ministro que más ha comparecido ante las Cortes a lo largo de la legislatura sobrepasando las 13 horas y 49 comparecencias y que más reformas ha llevado a cabo en la Administración de Justicia “en la última década”. “Dan respuestas integrales a problemas de todo orden que afligen al sistema judicial”, ha dicho.
La portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, se ha interesado por la formación del Ministerio Público para hacerse a cargo de la investigación de los delitos y las faltas. Además, ha calificado de “extravagante” que el Parlamento debata unos textos que no son asumidos por el Gobierno al no estar todavía en fase de anteproyecto.
La diputada de CiU Mercé Pigem también ha preguntado al ministro si prevé cambiar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para asumir la nueva función. A su vez, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Gaspar Llamazares le ha conminado a ampliar su voluntad de debate a otras leyes como la reforma del aborto.
Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarria ha mostrado además sus dudas sobre que la nueva configuración del mapa judicial no suponga la desaparición de los actuales juzgados radicados en los municipios. “Pretende eliminar demarcaciones judiciales inferiores a la provincial”, ha augurado.
El diputado de Amaiur en el Congreso Rafael Larreina ha emplazado a abrir un ámbito de reflexión para establecer “salvaguardias” y “respetar” la libertad de información pero también el derecho a la presunción de inocencia de los investigados. “Tengo muy presente un caso de mi país cuando detuvieron a uno de los hijos de una persona. Esta persona y su familia salió en todos los medios como identificado con el terrorismo y a las 48 horas su hijo fue puesto en libertad sin cargos”, ha concluido.