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Un juez lleva la reforma laboral al Tribunal Constitucional

{19.04.12 –
AMPARO ESTRADA | MADRID.}
El Juzgado de lo Social número 30 de Madrid ha presentado una de las primeras cuestiones de inconstitucionalidad sobre la reforma laboral que aprobó el Gobierno el 10 de febrero y que ya se está aplicando como decreto ley mientras se tramita en el Parlamento. El titular del juzgado, José Ángel Folguera, plantea al Tribunal Constitucional (TC) sus dudas sobre si la eliminación de los salarios de tramitación (los que abona el empresario desde que despide al trabajador hasta que el juez declara, en su caso, dicho despido improcedente) afecta a varios derechos fundamentales como el de igualdad, el derecho al trabajo o a la tutela judicial. El auto se produce a raíz de la demanda presentada por tres trabajadores de la empresa de artes gráficas Enjarolla S.L. y que alegaron haber sido objeto de despido disciplinario.
El juez expone que, tras la reforma, si el despido es considerado improcedente, el empresario puede optar entre readmitir al trabajador, abonándole los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la sentencia, o indemnizarle en la cuantía que se señale pero sin abonar los salarios dejados de percibir. Antes de la reforma, esos salarios, llamados de tramitación, tenían que abonarse en cualquiera de los dos casos, tanto si era readmitido como si se mantenía el despido.
Puesto que es el empresario el que puede elegir entre ambas opciones y en la de readmisión tendría que abonar los salarios de tramitación mientras que dejando al trabajador en la calle se los ahorra, el juez señala que eso constituye «un evidente estímulo contrario a la recuperación del empleo» y un «efecto incentivador del desempleo».
Asimismo, el titular del Juzgado de lo Social número 30 plantea la cuestión de posible vulneración de la igualdad ante la ley entre quienes tienen derecho a prestaciones por desempleo y los que no. El auto precisa también el perjuicio que sufren los trabajadores que tienen derecho a cobrar el paro ya que «no es homogénea la protección que recibe el trabajador en sustitución de los salarios perdidos» porque «las prestaciones por desempleo son manifiestamente inferiores a los salarios dejados de percibir».
Folguera recalca que cuando el juzgado declara un despido improcedente significa que el empresario es «autor de un acto ilícito», pero al suprimir los salarios de tramitación es como si percibiera una «subvención pública» ya que son los trabajadores los que asumen el periodo de espera del proceso con cargo a sus prestaciones de desempleo, sin que el empresario condenado tenga que devolverlas al Estado ni abonar las cotizaciones sociales por ese periodo.
El juez Folguera destaca que «en el presente proceso de precarización de muy diversas condiciones laborales y de favorecimiento de la flexibilidad y de las facultades empresariales es más importante la protección ante el despido». «La reincorporación al mercado laboral de trabajadores despedidos se realiza en condiciones bien diferentes de las que disfrutaban», continúa el magistrado, «siempre con sueldo proporcionalmente mucho más bajo».
El auto judicial pone también en duda que existan los requisitos de «extraordinaria y urgente necesidad» para aprobar la reforma por decreto ley. La presentación de la cuestión constitucional paraliza el proceso de la demanda que lo ha motivado hasta que resuelva el TC, pero no para otros procesos.
{{Enmiendas del PP}}
Precisamente, ayer se conocieron las enmiendas que ha presentado el PP a la reforma laboral. Destaca la que se refiere al despido por causas objetivas, que podrá realizarse si durante dos trimestres consecutivos se produce una disminución de las ventas o los ingresos ordinarios en relación con el mismo periodo del año anterior. De esta forma se pretende evitar la utilización de ingresos extraordinarios para cumplir dicho requisito. Otra aportación abre la posibilidad de encadenar contratos formativos en un mismo trabajador -pueden durar tres años en cada caso- si son para puestos que requieren diferente cualificación. Asimismo, se excluye como cuasa de despido por absentismo laboral las ausencias para recibir tratamientos de cáncer o por enfermedad grave.

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