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Un juez de Málaga abrirá la primera causa por el robo de un bebé en 1970

{MATEO BALÍN / MADRID
Día 07/02/2011 }
El primer caso de un bebé robado llega a los tribunales. Un juez de Málaga abrirá una causa por la sustracción de un recién nacido ocurrida en el Hospital Civil de la ciudad en 1970. Tras siete meses de investigación, la Fiscalía Provincial ha concluido las pesquisas y ha remitido la denuncia de un particular al juzgado tras apreciar indicios penales. Considera que los delitos no han prescrito y que los supuestos responsables, que aún viven, podrían haber cometido usurpación de identidad y falsedad documental. Las diligencias llegarán esta semana al Juzgado Decano de Málaga para su reparto entre los órganos de instrucción. Su tramitación abre la puerta de los tribunales al medio centenar de denuncias que ya investigan cinco fiscalías territoriales.
La denuncia de Isabel Agüera Vázquez llegó a las manos del fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, el pasado 6 de julio. Esta mujer de Estepona tenía fundadas sospechas de que su hermana no falleció en el parto, sino que fue dada en adopción o vendida a otra familia por las redes que se dedicaban al tráfico de bebés en toda España desde la década de los 40.
Agüera aportó pruebas documentales que contradecían la versión dada por el centro sanitario sobre el fallecimiento de su hermana. En el Registro Civil halló un parte de defunción fechado a 15 de agosto de 1970. Allí se reflejaba que la causa de la muerte había sido «la rotura de la cicatriz de la cesárea». Pero otro documento del hospital, datado a 19 de agosto, aludía a «la rotura de la bolsa amniótica».
Otra sombra de sospecha es que no existía ningún registro funerario sobre el lugar en donde fue enterrado el cuerpo. La denunciante recorrió los cementerios de Málaga y ninguno tenía constancia del caso. Ello, pese a que los implicados en la trama dijeron a su familia que el bebé, al que nunca llegaron a ver, fue enterrado en el mismo panteón que un acaudalado malagueño. Sólo la tía de Isabel recibió la noticia, ya que la madre se estaba recuperando de un parto complicado y el padre se encontraba en Suiza trabajando cuando sucedieron los hechos. La denuncia también incluía un listado con nombres y apellidos del personal médico que atendió el alumbramiento.
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Con estas pistas, la Fiscalía comenzó la investigación en julio pasado. Primero, analizó las pruebas documentales y luego instó a la Policía Judicial a que localizase en primer lugar a la matrona. Pero la búsqueda comenzó con dos obstáculos insalvables. La comadrona y algún ginecólogo de la época habían fallecido, y mucha documentación de los archivos del Hospital Civil quedó destruida tras las graves inundaciones que afectaron a Málaga en 1989.
En cualquier caso, el listado con los supuestos implicados tenía más conexiones y facilitó el seguimiento de la Policía Judicial. Además del personal médico estaban las funerarias, funcionarios del Registro Civil o personal de los cementerios. Por regla general, las redes que traficaban con bebés extendían sus tentáculos más allá de los hospitales para no dejar huellas y captaban a este grupo de personas. El fiscal jefe Antonio Morales insistió especialmente en localizar e interrogar a estas personas para desentrañar la trama.
Con todos estos datos, el Ministerio Público envió el pasado 4 de enero una escueta carta a Isabel Agüera en la que le comunicaba que las «diligencias de investigación penal» abiertas por el órgano acusador eran remitidas al juzgado «para que se incoen diligencias previas en averiguación de los hechos y personas responsables». De momento, la denuncia no ha llegado al decanato de Málaga, el órgano encargado de repartir el caso al juzgado de instrucción que corresponda, pero se espera que se asigne definitivamente un juez en los próximos días.
Más allá de que la fiscalía provincial vea indicios de delito en la denuncia de Agüera, uno de los hechos más llamativos, y que más discusión provoca entre los juristas, es el tipo de delito que se investiga y si éste ha prescrito o no. El fiscal jefe Morales interpreta que es un «delito permanente», y así lo aplica en los otros dos casos que mantiene abiertos también en Málaga, uno sobre el supuesto robo de un bebé en el Hospital Carlos Haya en 1962 y otro en el Hospital Civil en 1976.
Caso opuesto es la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, quien hace unas semanas archivó la denuncia de un particular sobre unos hechos acaecidos en 1968. Lo hizo antes incluso de investigar la veracidad de las pruebas. Para ello argumentó que en aquella época no existía el tipo delictivo que se denuncia y que, en caso de que existiese, estos hechos ya estarían prescritos.
Para poner orden a las diferentes interpretaciones, la Fiscalía General del Estado anunció el viernes la designación de un fiscal especial para coordinar a nivel nacional las investigaciones que abran los órganos territoriales sobre el robo de bebés. El Ministerio Público quiere prevenir la avalancha de denuncias que se espera que tramiten a partir de ahora las fiscalías provinciales.
De momento hay medio centenar de diligencias abiertas en Cádiz, Málaga, Granada, Sevilla y Huelva, y en los próximos días se unirán las fiscalías de Castellón y del País Vasco. Sólo la Asociación de Afectados pro Adopciones Irregulares suma en toda España 261 casos de supuestas sustracciones de recién nacidos.

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