El Juzgado de Instrucción nº 39 de Madrid incoa Diligencias previas por prevaricación continuada contra nueve integrantes de la Junta de Gobierno
Sonia Gumpert: Una Junta de Gobierno reducida, dividida e ilegal.
La vuelta del verano nos ha traído el estallido público del enfrentamiento que vive la Junta de Gobierno del ICAM y el conocimiento de las ilegalidades, hasta ahora desconocidas, que se unen a las que ALA viene denunciando desde la toma de posesión de ésta Junta encabezada por la Decana.
Hoy hemos sabido que el pasado 26 de julio de 2017 el Vicedecano y Tesorero Manuel Valero Yáñez presentó en el Juzgado de Guardia denuncia por prevaricación continuada contra el resto de los integrantes de la Junta de Gobierno, que ha sido repartida al Juzgado de Instrucción nº 39 de Madrid que, por Auto de 7 de agosto de 2017[1], ha abierto Diligencias previas (1667/2017) por prevaricación contra Alejandro Alonso Dreghi, Begoña Castro Jover, Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés, Javier Iscar de Hoyos, José Manuel Pradas Poveda, Mª Carmen Pérez Andújar, Mª Soledad Mesas Peiró, Mª Teresa Nadal Charco y Sonia Gumpert Melgosa. El 18 de septiembre de 2017 el Vicedecano prestó declaración en el Juzgado y se personó como acusación.
Los hechos son los siguientes:
El 16 de septiembre de 2013 se celebra reunión de la Junta de Gobierno en cuyo orden del día va la resolución de dos expedientes a sendos colegiados por faltas muy graves que se resuelven con el acuerdo de expulsión de uno de ellos y la imposición de una sanción de un año y 7 meses al otro. En la reunión de Junta de Gobierno no participa ni justifica su ausencia Alejandro Alonso Dreghi.
El 30 de enero de 2014 se celebra otra reunión de la Junta de Gobierno. Como en el caso de la anterior en su orden del día está incluida la resolución de un expediente abierto a un colegiado que finaliza con el acuerdo de Junta de imponerle una sanción de seis meses y dos días de suspensión. En la reunión de la Junta de Gobierno no participa ni justifica su ausencia José Manuel Pradas, mientras que Mª Teresa Nadal y Marisol Mesas se incorporan a ella una vez se han adoptado dichos acuerdos sin justificar tampoco su ausencia anterior.
Uno de los sancionados en la reunión de la Junta de Gobierno de 16 de septiembre de 2013 recurrió la sanción, obteniendo sentencia favorable del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 32 de Madrid (autos 229/2014) que anuló la sanción por no haber seguido la Junta de Gobierno los trámites regulados en el art. 88.4 del Estatuto General de la Abogacía. Dicha sentencia fue confirmada por la del TSJ de Madrid, Contencioso administrativo, Sección primera (rec. nº 1286/2015), de 20 de junio de 2016, que declara expresamente que es de aplicación en el ICAM lo dispuesto en el art. 88.4 citado.
Dicho artículo dice:
“4. En todo caso los acuerdos de suspensión por más de seis meses o expulsión deberán ser tomados por la Junta de Gobierno mediante votación secreta y con la conformidad de las dos terceras partes de sus componentes. A esta sesión estarán que el que sin causa justificada no concurriese cesará como miembro de la Junta de Gobierno y no podrá presentarse como candidato en la elección mediante la que se cubra su vacante”.
En este momento empieza la labor de ocultación de la Junta de Gobierno pues la sentencia del TSJ de Madrid, que anula un acuerdo de la Junta de Gobierno, no se trata en reunión de este órgano colegial ni se comunica a todos los integrantes de la Junta, parece que sólo a los “fieles” de Sonia Gumpert.
Paralelamente al procedimiento judicial indicado el Vicedecano, en la reunión de Junta de Gobierno de 27 de junio de 2014, presenta un informe argumentando la nulidad de las tres sanciones anteriores por incumplimiento de las normas para imposición de sanciones que regula el art. 88.4 del Estatuto General de la Abogacía y solicitando el cese de los cuatro miembros de la Junta de Gobierno implicados; la Junta de Gobierno lo rechaza y encarga un informe a los servicios jurídicos del ICAM que, realizado por Ignacio de Luis Otero, concluye con la licitud de los trámites seguidos en la imposición de las tres sanciones (como hemos visto, posteriormente el TSJ de Madrid declaró su ilicitud), como consecuencia de esta actuación Sonia Gumpert destituye al Vicedecano como responsable de deontología profesional, función que asumía en cumplimiento del pacto electoral firmado por ALTODO con Sonia Gumpert.
Por tanto cuatro de los integrantes de la Junta de Gobierno (Alejandro Alonso Dreghi, José Manuel Pradas Poveda, Mª Soledad Mesas Peiró y Mª Teresa Nadal Charco), que sin causa justificada no concurrieron a las reuniones de Junta de Gobierno en las que deberían votarse tres sanciones que conllevaban sanciones de más seis meses de suspensión o de expulsión, deberían haber cesado como miembros de la Junta de Gobierno y dichas personas estarían imposibilitadas para presentarse a la elección mediante la que se cubrirían sus vacantes . Nada de esto sucedió, la Junta de Gobierno ocultó la existencia de causa de cese inmediato de cuatro de sus integrantes y los ha mantenido hasta casi completar el mandato, sin duda porque su cese hubiera supuesto que la Junta de Gobierno (ya reducida en cuanto a sus 14 componentes iniciales por la dimisión en los primeros meses de mandato de Francisco de Asís Esteban Gómez, Elena Ruiz de Angulo, Juan José Sánchez Puig y Santiago Luengo) hubiera quedado reducida a 6 integrantes por lo que, al quedar vacantes la mayoría de los cargos de la Junta de Gobierno, hubieran debido convocarse elecciones en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31.1.c de los Estatutos del ICAM. Esa es la prevaricación que investiga el Juzgado de Instrucción nº 39 de Madrid
En este momento han saltado todas las costuras que presentaban un mandato de Sonia Gumpert hecho de fotos y propaganda: el enfrentamiento se encona (hay otra denuncia entre dos integrantes de la Junta de Gobierno por insultos); el Vicedecano ha comunicado que no participará más en las reuniones de Junta de Gobierno mientras asistan los que deberían estar cesados; su gran valedor en los negocios[2] emprendidos en Latinoamérica, Luis Martí Mingarro, ha visto como el TSJ de Madrid anulaba su elección como Presidente de la UIBA cesando en su cargo y pendiente aún de un procedimiento judicial sobre las cuentas de la UIBA y la Junta de Gobierno que iba a convocar en el mes de octubre las elecciones en el ICAM se ha visto obligada a adelantarlas y parece que serán convocadas el 28 de septiembre.
La Decana que llegaba con la bandera de la transparencia, la democracia y el Colegio para todos y todas acaba su mandato dejando a la vista su auténtico rostro: opacidad, desprecio a los derechos de los demás y utilización del ICAM a su conveniencia.
Madrid, 19 de septiembre de 2017
La Junta Coordinadora de ALA
[1]Auto Jdo. Instr. 39 7-8-17
[2] Negocio (Diccionario de la RAE): Ocupación, quehacer o trabajo.