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Nueve proposiciones presentadas en once folios por la Asociación Libre de Abogados (A.L.A.),

Nueve proposiciones presentadas en once folios por la Asociación Libre de Abogados (A.L.A.), para su debate y aprobación en la Junta general ordinaria y extraordinaria del 21 de marzo de 2013.

Firmantes: Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma (75.786); Pedro Feced Martínez (15.857); Raúl Maíllo García (65.578); José Luis Galán Martín (12.957); Flora Ugena Morena (21.726); Carmen Sánchez Vidanes (21.123); Teodoro Mota Truncer (20.506); Mª Jesús Díaz Veiga (21.502); Diego de las Barreras del Valle (71.842); Juan Manuel Ruiz Fernández (22.907); Miguel Angel Muga Muñoz (56.777); Andrés Fariña de Elena (80.032); Endika Zulueta San Sebastián (29.130); Alejandro Gámez Selma (80.255); Vilma Violeta Benel Calderón (49.383); Francisco Febles Jaubert (40.364); Felipe Alonso Prieto (28.592); Bernardo García Rodríguez (40.044); Pilar Hermoso Gómez (54.697); Carmen García Cabello (24.472); Angeles López Alvarez (16.945); Antonio García Martín (20.733); Rosa García Carreres (15.734); Nicolás Alonso Nieto (83.479); Santiago Alvarez García (41.746)

 

PROPOSICIÓN Nº 1.

En A.L.A. pensamos que los Colegios profesionales constituyen estructuras anquilosadas y desfasadas, fruto de un gremialismo trasnochado y que, al menos en su formato actual, no tienen justificación en el siglo XXI. Por ello siempre hemos propugnado el libre asociacionismo profesional y la desaparición de la colegiación obligatoria.

        Ahora bien, mientras se mantenga el actual marco legislativo de colegiación obligatoria, no podemos permanecer ajenos a la vida colegial.

        Y así, conforme prevén los Estatutos de nuestra Asociación, hemos venido luchando -desde nuestra constitución en 1989- por una democratización de las estructuras colegiales y una modernización de sus servicios, de forma que estén al servicio de todos las colegiadas y colegiados, y no se convierta, como hasta ahora, en un órgano de representación de grandes despachos vinculados a los grupos económicos y de poder.

        Para la democratización del Colegio es imprescindible una urgente reforma de los estatutos, que fue, precisamente, la primera promesa electoral incumplida por la anterior Junta de Gobierno, que esperó al final de su mandato para poner en marcha los mecanismos de reforma de los estatutos. Y así, previo anuncio en los medios colegiales de comunicación, se constituyó, en mayo de 2011, una Comisión para la elaboración del anteproyecto a la que tuvieron libre acceso todos los interesados en participar.

        A.L.A. decidió formar parte de dicha Comisión, poniendo como condición que el proyecto fuese sometido posteriormente a información por parte de todos los colegiados, abriéndose la posibilidad de enmiendas en un proceso que garantizase plenamente la transparencia y participación en su aprobación por parte de todos los colegiados.

        Dicha reforma de estatutos se vio interrumpida por la convocatoria de las elecciones a la Junta de Gobierno, siendo de destacar que las principales candidaturas que se presentaron abogaban, todas ellas, por la reforma de los estatutos colegiales y que los incidentes ocurridos durante las elecciones revelaron la urgencia de retomar la reforma y regular los órganos de gobierno del Colegio de abogados y su régimen electoral.

        Por ello se hace la siguiente proposición, para su aprobación por la Junta General:

        “Que por la Junta de Gobierno se cree una Comisión, formada por los colegiados interesados y presidida por un miembro de la Junta de Gobierno, para la reforma de los estatutos del Colegio de abogados de Madrid y de su régimen electoral”.

PROPOSICIÓN Nº 2.

         Durante la pasada campaña electoral para las elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de abogados de Madrid las principales candidaturas presentadas, entre ellas la que forma actualmente la Junta de Gobierno, coincidieron en la necesidad de modernizar las estructuras colegiales, democratizarlas y aumentar su transparencia, haciendo visible su actividad a los colegiados y ciudadanos.

        Dicha transparencia es especialmente importante en lo relativo a la Junta de Gobierno del Colegio de abogados de la que en numerosas ocasiones el conocimiento de su actividad se limita a la producida por actos públicos, visitas institucionales, presentaciones de libros, etc.; sin que trascienda las realizadas en su labor de gobierno y dirección del Colegio de abogados.

Por ello se hace la siguiente proposición, para su aprobación por la Junta General:

La Junta de Gobierno hará públicos el orden del día y los asistentes a cada reunión de Junta, así como los acuerdos adoptados, con las limitaciones derivadas de la debida protección de la intimidad y del secreto profesional y, excepcionalmente, de la protección de los intereses colegiales en cada caso afectados”.

  

PROPOSICIÓN Nº 3.

 Con todo respeto para la trayectoria histórica de los Colegios de abogados de Madrid y de Alcalá de Henares, no tiene ningún sentido para los abogados de la Comunidad de Madrid, en pleno siglo XXI, duplicar gastos y servicios, perpetuando una situación institucional que hoy resulta carente de lógica operativa y que, además, conlleva la existencia de otra estructura institucional (el Consejo de Colegios de abogados de la Comunidad de Madrid) que produce un mayor gasto económico para ambos Colegios.

Por ello se hace la siguiente proposición, para su aprobación por la Junta General:

“Instar a la Junta de Gobierno del Colegio de abogados de Madrid a iniciar los trámites necesarios para la unificación de los Colegios de abogados de Madrid y de Alcalá de Henares en un único Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid”.

 

PROPOSICIÓN Nº 4.

 En el proceso electoral que antecedió a la proclamación de la candidatura que hoy (salvo una dimisión hasta ahora no explicada) ocupa en su integridad la Junta de este Colegio (pendiente aún de recurso dicha proclamación) se puso de manifiesto la indudable comunión de intereses de esa candidatura, reconocida por la propia Comisión Electoral, con el grupo empresarial I.S.D.E.-Difusión Jurídica, S.A., como lo demuestran:

– La pertenencia de la actual Decana al Consejo de I.S.D.E.

– La condición de Director del I.S.D.E. del actual Diputado D. Juan José Sánchez Puig.

– La utilización de teléfonos de I.S.D.E. y Difusión Jurídica para la captación de votos para esta candidatura el día de las elecciones.

– La más que probable financiación de la costosa campaña electoral de dicha candidatura por parte de dicho grupo empresarial.

Todo ello conforma una situación de extremado riesgo, en la que los intereses empresariales de dicho grupo pueden colisionar con los del I.C.A.M. y sus colegiados, pudiendo confundirse asimismo los intereses de la Junta o de alguno de sus componentes con los del citado grupo empresarial.

 Como es sabido, el referido grupo empresarial se dedica en forma muy lucrativa a la edición y difusión de publicaciones jurídicas y a cursos de formación para abogados, con especial incidencia de los Masters de acceso a la profesión.

Mayor preocupación aún nos causa el hecho de que, según la página web del Colegio, la actual decana ha sido nombrada Vice Presidenta Primera del Consejo General de la Abogacía y Presidenta de la «Primera Comisión de Formación y de Homologación de Escuelas de Práctica Jurídica», con competencias en «formación inicial, el nombramiento de las comisiones de evaluación previstas en la Ley de Acceso, el examen de Estado, así como de la homologación de las Escuelas de Práctica Jurídica y de su inspección».

Por todo ello, para evitar cualquier posible conflicto o confusión de intereses, o apariencia de ello, que pudiera resultar en perjuicio del I.C.A.M., tanto directamente como en cuanto integrante de C.G.A.E., venimos a efectuar la siguiente proposición, para su aprobación por la Junta General:

“1.- Que durante el mandato de la actual Junta de Gobierno, el I.C.A.M. evite cualquier relación económica o empresarial con el citado grupo, tanto en sus publicaciones como en cursos de formación o Masters de acceso.

2.- Que el I.C.A.M. dirija al C.G.A.E. la solicitud de que éste evite también cualquier relación similar con el citado grupo empresarial, en tanto la actual Decana del I.C.A.M. y Vicepresidenta Primera del C.G.A.E. continúe desempeñando las referidas funciones y competencias”.

PROPOSICIÓN Nº 5.

 Las demoras y tiempos de espera que padecemos los abogados en nuestras actuaciones profesionales resultan enormemente molestos, gravosos para nuestra economía y atentatorios contra la propia dignidad de la profesión.

En algunos casos las esperas son especialmente graves y sistemáticas.

Por ejemplo, en las asistencias a detenidos prestadas en la Brigada Provincial de Información, en las dependencias de Moratalaz, es práctica inveterada, como pueden atestiguar múltiples compañeros, incluidos los del Turno de Oficio, que se cite a todos los letrados a la misma hora (incluso en los casos en los que hay detenciones masivas, de más de cuarenta personas), que se empiece con retraso la toma de declaraciones y, lo que es peor, que se haga esperar a los letrados al aire libre, bien en la calle, fuera de las dependencias policiales, bien inmediatamente traspasada la barrera de seguridad, en el parking abierto existente, y todo ello sean cuáles sean las condiciones meteorológicas reinantes.

 Así sucedió, por ejemplo, el pasado 24 de febrero, fecha en la que, con una temperatura cercana a los 0º, más de una decena de letrados hubieron de permanecer esperando en el parking desde las 10 horas, en que habían sido citados, prolongándose la espera de algunos de ellos hasta las 6 de la tarde, con una breve pausa a la hora de comer. Durante todas esas horas, únicamente durante un breve intervalo a última hora de la mañana, se les permitió permanecer en el amplio hall existente en el edificio, debiendo permanecer el resto del tiempo de pie al aire libre.

Por ello se hace la siguiente proposición, para su aprobación por la Junta General:

“Instar a la  Junta de Gobierno del I.C.A.M.  para que se dirija a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, exigiendo el inmediato fin de esta situación de maltrato a los letrados y, en concreto:

1.-      Que los letrados sean citados a una hora aproximada a la de la efectiva toma de declaración de los detenidos cuya asistencia les haya sido asignada.

2.-      Que las declaraciones comiencen a la hora prevista.

3.-      Que se permita la espera de los letrados en el amplio hall existente en el edificio, sin que tengan que hacerlo ni en el exterior de las dependencias policiales ni en el estacionamiento de las mismas.

PROPOSICIÓN Nº 6.

El pasado 15 de enero tomasteis posesión como miembros de la Junta de gobierno del Colegio.

 Una buena parte de vuestra campaña se centró en la situación del Turno de oficio y las reivindicaciones de las letradas y letrados que formamos parte del mismo en el Colegio de Madrid.

Como candidatura adquiristeis una serie de compromisos que no podéis desatender una vez que os han proclamado miembros de la Junta de Gobierno.

Por ello se hace la siguiente proposición, para su aprobación por la Junta General:

“Instar a la  Junta de Gobierno del I.C.A.M.  para que acuerde:

1º.- Constituir una Comisión de Turno de Oficio, con la participación de las asociaciones de abogados, entre otros extremos, para la elaboración de las Normas de Turno de Oficio, según se reflejaba en el programa electoral de la candidatura de esa Junta de Gobierno.

2º.- Presencia de los representantes de las asociaciones de abogados en las reuniones que se mantengan, en materia de Turno de Oficio, por esa Junta de Gobierno con la Consejería de Justicia, de conformidad con la práctica establecida por la anterior Junta de Gobierno.

3º.- Convocatoria de una Asamblea de abogados de turno de oficio.

 

PROPOSICIÓN Nº 7

 En los volantes de prisión expedidos por el ICAM, se comunica al director de la prisión que el Letrado o Letrada va a visitar a una persona presa en esa cárcel, finalizando con la frase “Dios guarde a V.S. muchos años”, expresión que va en contra del principio de aconfesionalidad del Estado y el respeto a las creencias religiosas y no religiosas de los colegiados amparado por el art. 16 de la Constitución Española.

Por ello se hace la siguiente proposición, para su aprobación por la Junta General:

“Instar a la  Junta de Gobierno del I.C.A.M.  para que acuerde la modificación del texto de los volantes de prisión, sustituyendo la frase “Dios guarde a V.S. muchos años” por un saludo atento o similar.”

PROPOSICIÓN Nº 8

 Durante la dictadura franquista se  invistió a Francisco Franco Bahamonde, militar golpista y posterior dictador y a José Antonio Primo de Rivera y Saénz de Heredia, fundador y máximo dirigente del partido golpista Falange Española, activo partícipe para llevar a cabo el golpe militar que conllevó la guerra civil y posterior dictadura, como Decanos Honorarios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

A día de hoy no existe constancia alguna de que dicha investidura haya sido anulada, y retirada la meritada consideración de Decano Honorario del ICAM a los mismos.

Que solicitamos la retirada de tal condición a Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera en base a los siguientes motivos:

–  Porque la referida investidura es una mención de carácter público cuya única finalidad es la exaltación personal y colectiva del golpe de estado y posterior sublevación militar, la guerra que siguió, así como, del régimen dictatorial que posteriormente se instauró y de la persona que se convirtió en dictador del mismo.

– Porque entendemos que no corresponde con el espíritu democrático y de defensa de los derechos humanos, las libertades civiles y los derechos sociales, económicos y políticos que debe presidir el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el mantenimiento de dicha consideración honorífica, que solicitamos sea inmediatamente retirada por medio del oportuno acuerdo de la Junta de Gobierno del ICAM.

– Porque entendemos que vulnera lo establecido en la Ley 52/2007, que independientemente de otras consideraciones sobre ésta, exige la remoción de las menciones conmemorativas y de exaltación de la memoria de la sublevación militar y de los alzados ilegalmente que condujeron a la guerra civil, así como al posterior régimen dictatorial, en el que se produjeron gravísimas vulneraciones de los derechos humanos, las propias resoluciones de Naciones Unidas, el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y el conjunto de legalidad internacional sobre las obligaciones de verdad, justicia y reparación para con las víctimas.

Por ello se hace la siguiente proposición, para su aprobación por la Junta General:

“Instar a la  Junta de Gobierno del I.C.A.M.  para que acuerde la retirada del título honorífico de Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid a Francisco Franco Bahamonde y a José Antonio Primo de Rivera y Saénz de Heredia.

PROPOSICIÓN Nº 9

 En el programa electoral de la candidatura encabezada por la decana, se decía que  seguirían luchando de forma activa para que el ya extinto Servicio Médico, el servicio colegial más apreciado por los colegiados, y el patrimonio traspasado sin contraprestación alguna a la Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico, no queden en manos de una entidad QUE NO DEPENDE, NI ESTÁ CONTROLADA POR NUESTRO COLEGIO, puesto que ésta se ha constituido exclusivamente con el patrimonio de nuestro Colegio, fruto de las aportaciones de todos nosotros, los colegiados madrileños.

Asimismo se prometía que se estudiarán cualesquiera alternativas posibles a tal fórmula actualmente en tramitación, a fin de evitar la despatrimonialización del Colegio que ésta conlleva, garantizando una información puntual y completa a todos los colegiados.

Por ello se hace la siguiente proposición, para su aprobación por la Junta General:

“Instar a la  Junta de Gobierno del I.C.A.M.  para que acuerde la convocatoria de una Junta General Extraordinaria para informar de la situación actual de nuestro servicio médico y medidas a adoptar por esa Junta para evitar la despatrimonialización del Colegio”

En Madrid, a 5 de marzo de 2013.

Proposiciones presentadas por ALA Junta ICAM 21-3-13

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