El decano considera “perverso y populista” que el ministerio justifique el pago generalizado de tasas como la garantía de sostenibilidad de la justicia gratuita
J.FRAIZ – OURENSE La voluntad gubernamental de generalizar el pago de altas tasas -800 euros por reclamar una primera sentencia civil o contenciosa, 500 por apelar un dictamen laboral como una demanda salarial o un despido- ha generado un eco estentóreo capaz de soterrar de un revés reivindicaciones históricas. Los abogados, como otros colectivos del sistema judicial, han visto volatilizarse de la agenda de reformas demandas perentorias. “Hace falta voluntad política, plantear mejoras más allá de 4 años en una administración que no da votos”. Arturo González termina la jornada en su despacho y sigue entregado a la reivindicación vehemente de los profesionales de Ourense contra el proyecto que encarecerá el derecho ciudadano a usar la justicia. “Esto va más allá del corporativismo, es la reacción a un derecho que será cercenado y pagará la gente”, dice. Los abogados no declinarán. La protesta acordada en asamblea frente al “tasazo” se amplificó por toda España con la fuerza de internet, otros colegios prevén secundar la oleada indignada y los letrados previenen: “Llegaremos hasta el final”.
-El martes anunciaron rebelión contra el “tasazo”. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para oponerse al proyecto?
-Hasta el final. Lo primordial además de otras medidas es implicar al ciudadano, movilizarlo. Esta ley va más allá del brote de corporativismo que produzca en la profesión de abogados, es la reacción a un derecho que será cercenado y al final el que pagará es el ciudadano. Por eso mantendremos contacto con las asociaciones vecinales en primer lugar. Hay que transmitir a la opinión pública que van a cercenar un derecho fundamental.
-El ministerio justifica la imposición del gravamen para garantizar la justicia gratuita y la “plena cobertura” para todos. Calcula recaudar 400 millones.
-Ese es el argumento populista y perverso que están utilizando. La tasa pública es por definición el pago de un servicio, pero aquí pretenden financiar con esta iniciativa otro servicio público, que por ser tal debería costearse con los impuestos de todos los españoles, no con lo que se recaude a unos cuantos. Están creando dos velocidades de justicia, dos justicias diferentes. Puede darse incluso la perversión de que con mi tasa esté financiando al abogado que voy a tener enfrente. El gran argumento que manejan no es real y habría que ver su efectividad.
-Con decisiones discutidas y la voluntad firme de ejecutar su agenda, Ruiz-Gallardón se ha granjeado un frente común de detractores.
-Este Gobierno llegó al ministerio y vieron que el sistema judicial español no tiene suficiente capacidad de respuesta con la actual infraestructura, que siempre va a haber colapso y retraso. ¿Y qué decidieron? En lugar de apostar por todas las reformas procesales necesarias, de crear más juzgados y dotar más medios, optaron por la vía de los hechos, la expeditiva: optar que entren más asuntos en el juzgado. Pero el problema es que la solución recorta derechos a los ciudadanos. Da la impresión de que el ministerio de Justicia quiere una solución rápida y parece que les da igual cargarse un derecho. Pero esa solución va en detrimento de los ciudadanos, del Estado de Derecho y de la justicia. La solución para la justicia no es fácil y requiere reformas procesales, ¿dónde está la Nueva Oficina Judicial que fue aprobada, dónde están los tribunales colegiados de instancia, dónde el expediente digital Hay que potenciar la mediación porque un acuerdo entre dos partes siempre es mejor que una sentencia que genera descontento a una de las partes. Es una forma de pacificar, de finiquitar los asuntos y terminar con el nunca acabar de algunos pleitos. Pero lo curioso es que ahora se establece como voluntaria, y puede ser una instancia a la que tal vez te tengas que acabar sometiendo por la amenaza de la tasa. Antes la mediación la tendrán que pagar los mediados, con lo cual también es un sistema al que se ponen trabas.
-Recurrir una multa de tráfico en un en un contencioso. ¿Aumentará el resultado recaudatorio y la administración reforzará su posición de fuerza frente al ciudadano si prospera la ley?
-Puede haber supuestos de recurrir multas, pagar la tasa y, además, si tienes mala suerte y pierdes, te pueden imponer las costas. Con este proceder, si la gente ya no cree mucho en la justicia, lo que harás es echarlos de los juzgados. ¿Y en un Estado de Derecho qué le quedará a una persona si no puede pleitear contra la administración en muchas situaciones que son totalmente injustas?
-¿Saben los clientes lo que les afectará al bolsillo? Ustedes calculan que la ley impedirá que lleguen hasta el 20% de asuntos actuales. ¿Esperan indignación?
-Mientras el recorte de sueldo, el copago o la subida del IVA, te duele, el juzgado te parece algo lejano. Pero te puedes divorciar, puedes tener un accidente, una gotera del piso de arriba. Si tienes una empresa y quieres demandar a un moroso, tendrás que pagar. Si reclamas más de 6.000 euros te exigirán 300 euros. Si pierdes y quieres recurrir, el coste será de 800. Los costes son monstruosos. Habrá casos en los que tendrías que pagar más de tasas que lo que reclamas. La justicia es un derecho público del ciudadano, para solucionar problemas, y se está planteando pedir dinero para poder pedir justicia.
Arturo González, en la entrevista tras cerrar el despacho. // Iñaki Osorio