“No se les iba a dar ni siquiera la posibilidad de despedirse de su madre” asegura su abogada.
NICOLÁS CASTELLANO 23-04-2013
La repatriación de los 3 niños a Ecuador, incluida la hermana pequeña de 10 años, con nacionalidad española, estaba prevista para este mismo jueves. Todo a pesar de que los 3 hermanos habían manifestado que no querían irse de España, de que la madre (que está cumpliendo pena en prisión)no había sido informada en ningún momento del procedimiento( hecho desmentido por la Junta de Castilla La Mancha) y de que la tía de los pequeños en Ecuador, a la que se pretendía entregarlos, había comunicado por escrito,desde el 22 de enero, tanto a su Gobierno como al consulado español en Ecuador que no podía hacerse cargo de los niños. Tras la solicitud de las dos abogadas de los menores y de la madre, el juzgado de lo contencioso número 3 de Toledo ha paralizado la expulsión de manera cautelar. La directora de Familia y Menores de Castilla La Mancha, Silvia Valmaña, ha asegurado a la SER que no fue hasta ayer cuando conocieron que la tía no podía hacerse cargo de los niños .Lamenta no haber conocido antes estos hechos porque se habría suspendido la decisión de enviar a los menores a Ecuador.
Valmaña asegura que “la actuación de los técnicos ha sido impecable, desde el punto de vista de velar en todo momento por el interés de los menores y sólo tengo que lamentar que se haya notificado tan tarde los hechos que han dado lugar a la suspensión porque evidentemente de haberlos conocido con anterioridad podríamos haber evitado llegar a esta situación” y que siguieron en todo momento el procedimiento que marca la ley. Finalmente ayer, curiosamente coincidiendo con la presentación de la medida cautelar de las letradas ante el juzgado, la Subdelegación del Gobierno en Toledo acordó suspender la repatriación, algo que la responsable de Menores de Castilla La Mancha asegura que puede ser una coincidencia, toda vez que el proceso se puso en marcha tras el beneplácito de las autoridades ecuatorianas y de la propia tía de los menores que aceptó desde el inicio acoger a los 3 hermanos, Valmaña afirma que ” no sé si corresponde a una casualidad o a simplemente la coincidencia de que los hechos que han determinado la suspensión de la resolución, es decir, el hecho de que la tía que es la que había decidido acoger a los niños decida no acogerlos pues probablemente se haya conocido en el mismo momento por todas las partes , por las partes que recurren y por la parte que suspende la ejecución, en este caso la Subdelegación del gobierno. No tendría ningún sentido que la familia hubiera tenido conocimiento desde hace mucho tiempo y lo hubiera ocultado hasta el último momento, como no tiene ningún sentido que se hubiera mantenido una resolución cuando se conoce que ha cesado la causa que la origina” explica la directora de familia, menores y prevención social de la Junta de Castilla La Mancha.
Las abogadas de los niños se quejan de que tanto la subdelegación del Gobierno en Toledo como la brigada de extranjería de la Policía Nacional en esa provincia han puesto muchas dificultades para acceder al expediente de los niños.
El proceso para esta repatriación se inició en 2011, en las fechas coincidentes con el ingreso en prisión de la madre, según ha podido comprobar la SER en la documentación oficial del caso. Según los abogados de la familia, en ningún momento se informó a la madre de este proceso y cuando lo supo por una comunicación verbal de una de las funcionarias de la cárcel donde cumple condena fue cuando emprendió medidas legales para frenar la repatriación. Una de las abogadas, Patricia Fernández, experta en Extranjería, asegura que el viernes pasado comunican a los niños que esta semana se llevaría a cabo la repatriación, de hecho los billetes estaban reservados para este mismo jueves 25 de abril según Fernández.
Ante la inminencia de la repatriación ayer solicitaron al juzgado contencioso administrativo nº 3 de Toledo una medida cautelarísima para que paralizara la expulsión de los menores porque se vulneraría el derecho de la niña española a vivir en su propio país, todos los derechos procesales de estos niños , de la madre de estos hermanos residente legal en España, se interrumpiría el proceso de escolarización de los niños, y se vulneraría además su derecho a la salud y a la integridad física porque la familia de Ecuador no está en disposición de acogerles. Así el Juzgado decretó inmediatamente esta medida y paralizó la repatriación citando a las partes para este viernes.
“Nos preocupa el absoluto oscurantismo con el que se ha actuado, los niños no sabían que iban a viajar y la madre tampoco, no se les iba a dar ni siquiera la posibilidad de despedirse de su madre, es una flagrante violación de los derechos de estos niños y por eso hemos pedido el amparo judicial” asegura Patricia Fernández, una de las abogadas con mayor trayectoria en materia de extranjería y protección a menores.
La letrada se queja de que “a la madre no se le ha ido comunicando ninguna resolución en el procedimiento. Sólo cuando ya estaba acordada la repatriación, una funcionaria de la prisión le comunicó verbalmente que iban a repatriar a sus hijos a Ecuador. A pesar de que desde enero ya se presentó un recurso de reposición contra esa resolución, en el que incluía el acta firmada por la tía de los pequeños, en la que manifestaba sus circunstancias personales que le impedían acoger a los niños, y a pesar de ello la subdelegación del gobierno mantuvo hasta ayer su intención de expulsarles cuando tampoco son menores extranjeros no acompañados, tienen aquí a su madre” recuerda Fernández. Algo que desmiente rotundamente Silvia Valmaña que data el 7 de febrero , el día en el que a la madre se le comunicó por fax , la resolución de la Subdelegación del Gobierno de dar luz verde a la repatriación de los menores a Ecuador para que estuvieran con su tía.
La sección de menores de los servicios periféricos de la Consejería recibió ayer la llamada para la suspensión del viaje, coincidiendo con que también con fecha de ayer, se comunica desde el juzgado la cancelación inmediata del viaje previsto.
Patricia Fernández considera que no se justificaba esa decisión porque” la madre visita frecuentemente a sus hijos, los fines de semana gracias a los permisos penitenciarios, es decir, a estos niños se les iba a privar de la posibilidad de ver a su madre y con el agravante de que iban a ser expulsados sin tener la posibilidad de despedirse de su madre, es una evidente falta de garantía de los derechos de los niños” afirma la letrada.
Por todo ello, insiste la abogada” habíamos solicitado la nulidad de todas las resoluciones dictadas porque entendemos que son nulas de pleno derecho porque concurren distintos vicios procesales y procedimentales , pero por otro lado también de todo el proceso, por vulneración de derechos fundamentales. Hemos solicitado una medida cautelarísima que el juzgado ha admitido y el viernes decidirá preliminarmente si los niños permanecen en el territorio español” e insiste en que de no haber acudido a los tribunales tiene dudas de que habría pasado con los pequeños”sabemos a través del consulado de Ecuador que los billetes de avión estaban previstos para el día 25, este jueves” concluye la letrada.
Según fuentes jurídicas especializadas en Extranjería y Menores, con estas resoluciones de la Junta de Castilla y La Mancha y de la Subdelegación del Gobierno en Toledo se habría vulnerado el derecho a ser oído del menor en la repatriación, que ya quedó fijado por el tribunal Constitucional en una sentencia de 2008 tras un recurso presentado por el abogado Nacho de la Mata. Además, según estas fuentes, “no consta que a la madre se le haya oído en el procedimiento de desamparo y con esta decisión, a la madre se le privaría de la relación con sus hijos, cuando además su comportamiento en la cárcel es bueno y por ello se le da permiso de fin de semana y la propia administración regional está permitiendo que los niños disfruten de la compañía de su madre durante estos períodos”. Estas fuentes recuerdan además que no es la primera vez que se cuestiona el procedimiento de las Comunidades Autónomas a la hora de gestionar la tutela de los menores extranjeros. En julio del año pasado, una sentencia del tribunal europeo de derechos humanos condenó a España por permitir que se diera en adopción a un menor nigeriano sin ni siquiera haber consultado con su padre.