Querella Bárcenas: Un cierre apresurado e incompleto

Las organizaciones que presentaron la querella a raíz de la publicación de los “papeles de Bárcenas” consideran apresurado el cierre de la instrucción. Aunque destacan varios elementos positivos del auto del juez Ruz, señalan su intención de recurrirlo para conseguir que todos los responsables, tanto del Partido Popular como de los constructores que realizaron los pagos presuntamente ilegales a cambio de contratos públicos, sufran un duro reproche penal.

Hace dos años que cinco organizaciones –Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Federación de Los Verdes y Justicia y Sociedad– presentaron la querella que ha dado lugar a la instrucción desarrollada por el juez Ruz, y que ahora se acerca a su fin tras el auto con el que el magistrado pretende cerrar la fase de instrucción.

El auto, que aún no se les ha sido notificado oficialmente, considera acreditados indiciariamente diversos delitos que deberían desencadenar decisiones políticas drásticas. La existencia de una caja B en el Partido Popular, la comisión de un delito electoral o de financiación ilegal, la falsedad contable tendrían que provocar dimisiones en masa. El juez, de forma cuestionable para las organizaciones querellantes, considera prescritos algunos de estos delitos.

Las maniobras para acortar el tiempo de instrucción, apartando al juez Ruz, ha hecho que ésta resulte incompleta. El cierre prematuro y forzado de la instrucción provoca que no se hayan recopilado pruebas suficientes como para abrir juicio oral contra muchos de los protagonistas que aparecen en los papeles de Bárcenas.

A estas alturas resulta imposible creer que los pagos de los constructores, a menudo por cuantías muy superiores a los máximos legales permitidos, se hacían por filantropía y no a cambio de sustanciosos contratos de obra pública. Es difícil creer que es casualidad que el mismo día que se hace una adjudicación de una obra pública la empresa beneficiaria haga una donación al Partido Popular.

Las organizaciones querellantes también quieren destacar el escaso apoyo que ha recibido el juez Ruz de instituciones como la Fiscalía (que ha ejercido más bien como abogada defensora de los imputados), la Agencia Tributaria (con episodios recientes tan chuscos como los que equiparan al PP repartiendo sobres con la labor social de ONG como Cáritas), o la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE, que en peticiones de investigaciones concretas del juez para buscar la relación entre las donaciones de constructoras y la concesión de contratos manejaban una información claramente incompleta (les faltaban gran cantidad de contratos, que sí teníamos en las organizaciones querellantes) lo que impedía establecer esa vinculación, bastante clara al sentido común.

Por todos estos motivos, las organizaciones que ejercen la acusación popular, anuncian un recurso al auto de Ruz con la intención de que todos los responsables de este tremendo expolio de fondos públicos se sienten en el banquillo y paguen por sus delitos.