MANIFIESTO POR UNA JUSTICIA EN IGUALDAD #8M 2019

Un 8 de marzo más sigue habiendo muchos motivos para la movilización de las mujeres y para una huelga general: discriminación laboral, feminización de la pobreza, violencia machista, prejuicios contra las mujeres, techo de cristal, infravaloración de nuestro trabajo, ausencia en espacios de públicos y de poder, dependencia económica, asunción de cuidados y de trabajos no remunerados en exclusiva, etc.

Centrándonos en la vida jurídica, los datos revelan que el machismo y el patriarcado afectan de igual manera a nuestro sector:

• El 67% de las abogadas ha percibido un trato diferenciado respecto de sus compañeros hombres.
• Según el informe de CGPJ, el 53,2% de la plantilla judicial son mujeres, pero sólo un 27% llega a los órganos superiores. No constan datos de jueces y magistrados hombres que hayan solicitado excedencia por cuidado de hijos.
• En el año 2018, el 63% de la plantilla del Ministerio Fiscal eran mujeres, pero en los cuadros directivos figuraban un 60% de hombres.
• España incumple el artículo 25 del Convenio de Estambul, desprotegiendo a las víctimas de violencia sexual.
• Según publica el INE, en 2017 fueron dictadas 89.877 medidas cautelares en procedimientos de violencia contra la mujer.
• El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, admitió el fracaso de la justicia y la falta de medios, ante el asesinato de 5 mujeres por violencia machista.
• Una gran mayoría de mujeres separadas con hijos menores, asumen solas la carga económica de su manutención y cuidado, empobreciéndose frente a los progenitores hombres no custodios que mayoritariamente no asumen con la misma responsabilidad y sacrificio personal, profesional y económico las pensiones de alimentos a favor de sus hijos.
• En el año 2018, sólo 3 de los 25 despachos que más facturaban en España, estaban dirigidos por mujeres.

Ningún sector escapa de la realidad machista. La Justicia no iba a ser menos. El afán de asociaciones de profesionales de la justicia y organismos como CGPJ, CGAE, Ministerio, etc., por elaborar gráficos o estadísticas sobre el porcentaje de mujeres que formamos parte del sistema judicial se ha convertido más en un aliado del merchandising del feminismo, que en una herramienta útil para encontrar y aplicar medidas reales, eficaces, y que consigan eliminar las diferencias que nos señalan a diario por cuestión de género. Necesitamos inversión, esfuerzo de todas y todos y compromiso de actuación.

Seguimos recibiendo un trato diferenciado respecto de nuestros compañeros hombres, percibiendo retribuciones inferiores y asumiendo el peso de la crianza y cuidados de la familia, no sin muchos malabarismos y renuncias.

Es el común denominador que nos une a todas, con independencia de nuestra ideología o posicionamiento respecto a otras cuestiones sociales, económicas, o políticas: somos mujeres, somos desiguales.

El reconocimiento normativo de la igualdad entre mujeres y hombres está vacío de contenido, a la vista de las situaciones, asumidas como cotidianas, y que nos perpetúan al segundo plano profesional, social y económico.

La sociedad no es ajena a esta estructura patriarcal de la justicia: en los últimos meses ha habido pronunciamientos judiciales en asuntos que afectan de forma directa a los derechos y seguridad de las mujeres, que han aumentado el nivel de desconfianza; también el hartazgo, ante el mal funcionamiento y retraso de la Administración de Justicia, y la falta de una perspectiva adecuada para aplicar las leyes en términos de igualdad, consiguiendo un nivel de movilización ciudadana y de las mujeres, cada vez menos dispuestas a soportar, y más organizadas para exigir.

Por si todo ello fuera poco, el auge que está tomando la derecha más rancia en nuestro país hace presagiar que lejos de avanzar, hay serio peligro de retroceso en los derechos de las mujeres; se proponen reformas legislativas que pretenden restringir o suprimir derechos que ya creíamos consolidados y que nos harían retroceder décadas de lucha feminista, anulando con ello el trabajo y sacrificio de tantas mujeres que nos han precedido.

Las juristas tenemos que estar especialmente alertas para que las reformas legislativas no solo no den ni un paso atrás en el largo camino que lleva recorrido el feminismo, sino que sigamos avanzando en la eliminación de la discriminación y desigualdad, denunciando cuantos recortes y violaciones de derechos se produzcan.

Y hoy 8 de marzo, nos movilizamos de nuevo, y celebramos la alianza de todas las mujeres por un objetivo común, exigiendo la aplicación y libre ejercicio de nuestros derechos.

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DENUNCIAMOS, los recortes presupuestarios que nos desprotegen cada día: la falta y retraso de dotación económica del plan estatal contra la violencia machista, y la falta de implementación de las medidas que contiene.

 DENUNCIAMOS la limitación presupuestaria en justicia, que aumenta los retrasos de señalamientos y tramitación de procedimientos, y el colapso de los juzgados, especialmente de los Juzgados de Violencia, que perjudican a todo el mundo, pero en especial a la parte más débil económicamente, que suelen ser las mujeres.

DENUNCIAMOS los recortes en personal y falta de convocatoria de plazas suficientes para garantizar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, la falta de presencia del Ministerio Fiscal en muchas comparecencias, vistas y actuaciones en que su intervención es preceptiva, y la dotación de equipos psicosociales en todos los partidos judiciales, con formación específica.

EXIGIMOS la dotación de recursos y aprobación de medidas que posibiliten y garanticen el acceso de las mujeres a puestos directivos y órganos superiores en la Justicia en condiciones de igualdad, y en lo que respecta a todas sus esferas: LAJs, Fiscalía, Judicatura,  Abogacía y funcionariado.

EXIGIMOS la formación obligatoria en materia y perspectiva de género de todos los operadores jurídicos, impartida por profesionales especializados al efecto.

EXIGIMOS la aplicación directa de los Tratados y Convenios suscritos por España y referidos a los derechos y medidas de protección de todas las mujeres y niñas. Concretamente exigimos la implementación de la Recomendación 33/2015 del Comité de la CEDAW, que alerta contra los estereotipos y trabas para la protección judicial de los derechos fundamentales de las mujeres.

DENUNCIAMOS la desprotección institucional a las víctimas de delitos contra la libertad sexual y exigimos que se garanticen recursos específicos de asistencia, protección y recuperación para víctimas de delitos contra la libertad sexual, y en general para todas las víctimas de violencias sexistas, ya que la violencia de género sucede en más escenarios que la violencia en la pareja o expareja.

EXIGIMOS que se dé cumplimiento inmediato al Pacto de Estado que acordó ampliar el concepto de violencia de género a todas las violencias a través de Leyes integrales.

DENUNCIAMOS el aumento de la violencia machista entre jóvenes y adolescentes a través de las TICS.

DENUNCIAMOS el aumento exponencial de la violencia sexual que se ha naturalizado en la industria pornográfica, cada día más accesible.

DENUNCIAMOS el aumento de las empresas intermediarias en el negocio de vientres de alquiler, que supone una vulneración de los derechos de los menores y las madres y una nueva cosificación de las mujeres y el tratamiento que se da a este asunto en los medios de comunicación, naturalizando y normalizando una práctica que no está amparada por nuestras leyes.

DENUNCIAMOS las trabas de las mujeres inmigrantes en el acceso a la sanidad, que les desprotege frente la mutilación genital femenina.

DENUNCIAMOS la falta de medidas para conciliar el ejercicio de nuestra profesión o actividad con la vida personal y familiar, y

EXIGIMOS la elaboración y aprobación de planes y medidas de igualdad específicos por los organismos responsables, y con disposiciones concretas de directa ejecución, que garanticen el derecho al trabajo de todas y todos en las mismas condiciones.

VIVA LA REIVINDICACIÓN DEL 8 DE MARZO Y VIVA LA LUCHA DE LAS MUJERES