Menú Cerrar

Los jueces dejarán de llevarse trabajo a casa en protesta por la reforma de Gallardón

La junta de magistrados de Vigo se suma a las movilizaciones nacionales contra los recortes de la nueva ley


La junta de jueces de Vigo, formada por 35 magistrados, acordó ayer sumarse a las movilizaciones que se emprenderán a nivel nacional contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que prepara el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Los jueces vigueses decidieron por unanimidad trabajar a reglamento, es decir cumplir con los módulos máximos que fija el Consejo General del Poder Judicial, si el próximo mes de octubre no se ha abierto una vía de negociación con el Ministerio de Justicia.
La medida conllevaría una notable demora en las resoluciones ya que la mayoría de los juzgados atiende un número de casos anuales que, en ocasiones, duplica el cupo máximo. Si no hay acuerdo, no descartan concentraciones e incluso ir a la huelga para defender la dignidad de la función judicial.
“Los jueces, además de las horas que pasamos en los juzgados, nos llevamos el trabajo a casa y allí dictamos las sentencias”, recordó el decano de Vigo, Germán Serrano. “Estamos dolidos porque no tenemos horario y no se valora el trabajo que hacemos. Suplimos con esfuerzo y trabajo las carencias, porque en Vigo los magistrados somos gente responsable. Es cuestión de dignidad. No puede ser que un organismo esencial del Estado dependa exclusivamente de la responsabilidad de las personas”, resumió Serrano.
El colectivo sostiene que el anteproyecto de la reforma de la LOPJ atenta contra la independencia judicial y no soluciona problemas como la ausencia de inversión en Justicia, descoordinación en la gestión de la Administración de Justicia, congelación de plazas y oposiciones, recortes salariales y estatutarios y control político de los órganos de gobierno del Consejo del Poder Judicial.
Frente a esto, reclaman el pleno respeto a la independencia del Consejo general del Poder Judicial; el mantenimiento de un estatuto profesional, el desarrollo de reformas legislativas que mitiguen el actual colapso judicial y que se convoquen oposiciones de las plazas de juez y fiscal presupuestadas y ofertadas en anteriores procesos que resultaron vacantes.
Como medidas de protesta para presionar al Gobierno proponen el cumplimiento estricto de las horas de audiencia fijadas por la Ley; la autorregulación, para lo que se insta a la comisión de prevención de riesgos laborales a establecer la carga de trabajo que debe desarrollarse conforme a criterios de calidad y a las normas de salud e higiene y un catálogo de enfermedades profesionales.
Todas las juntas de jueces de España apoyaron ayer las medidas de presión, que se pondrán en marcha a partir de octubre si antes no se alcanza un acuerdo. El 1 de octubre se reunirá la comisión de decanos y se acordarán las fechas de las movilizaciones.

Las asociaciones piden la dimisión del ministro de Justicia y del presidente de CGPJ
Una de las juntas de jueces más beligerantes en Galicia es la de Ourense, que al igual que hizo la de Madrid, ayer pidió “por unanimidad” la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y del Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, por las decisiones que han tomado en el ámbito de la Justicia y que “perjudican claramente la independencia judicial”. El juez decano de Ourense, Antonio Piña, explicó al final de la junta de magistrados que esta medida responde “a que está tomando decisiones que perjudican claramente la independencia judicial”.
Con esta medida, transmiten su “oposición frontal” a los proyectos de ley orgánica del poder judicial promovidos desde el Ministerio de Justicia y a la modificación parcial de la propia ley orgánica en materia de sustituciones, cuya reforma “afecta de forma directa a la independencia de los magistrados” además de pretender “una mayor politización del Consejo”. Esto ocurriría al “dejar al Consejo con un presidente y 20 miembros que solo acudirán a los plenos sin dedicación exclusiva, lo que significa dejar el Consejo en manos de ese presidente que va a ser designado políticamente”, explicó Piña.

Un político por cada 106 habitantes y un juez por cada 10.000
Los jueces de Madrid han advertido de que “hay un político por cada 106 habitantes y un juez por cada 10.000 habitantes” y se han sumado por unanimidad al acuerdo de la Comisión Interasociativa que propone el cumplimiento estricto de las horas de audiencia fijadas por la Ley, la autorregulación de la carga de trabajo y la participación en concentraciones.
El manifiesto sometido a debate por las juntas ha sido firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria (FdV), la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Jueces para la Democracia (JpD), que ha solicitado al ministro que abra la negociación en quince días.

Los fiscales de Pontevedra denuncian el “menoscabo” de sus derechos y recuerdan que no han generado la crisis
Los fiscales de Vigo abordarán la polémica reforma legislativa de Gallardón en la reunión que celebrarán el lunes. La que sí se ha pronunciado ya en contra de la reforma es la Junta de Fiscales de la Fiscalía Provincial de Pontevedra, que denuncia “el menoscabo de derechos consustanciales a la dignidad de la función de la Carrera Fiscal” y ponen en duda “la profesionalidad de quienes la integran”.
Exponen que “la actual situación de crisis no ha sido generada o agravada por todos aquellos que somos funcionarios de carrera, profesionales que hemos accedido a la función pública a través de procesos selectivos en libre concurrencia y que incluso en época de bonanza económica vimos crecer nuestros salarios por debajo del IPC. Por lo tanto, ni hemos visto incrementada nuestra renta en forma proporcional al crecimiento económico reciente ni formamos parte del sector público crecido al margen de la Administración por otros procedimientos y que explica el enorme incremento del gasto público general.
Tras recordar la capacidad de servicio “sin límite horario” y a pesar de las condiciones laborales “con evidente limitación de medios materiales y personales” con que trabajan, consideran que la supresión de la paga de Navidad y la “drástica reducción de permisos, vacaciones y asuntos propios” no se justifica bajo parámetros de productividad alguno ni de ahorro de costes.
Por eso exigen que se desista de la reforma en trámite de la LOPJ en materias relativas a derechos inherentes al ejercicio la función fiscal, que se abra un proceso de diálogo con el Ministerio de Justicia, que la Administración fije un catálogo de enfermedades profesionales y que se cree una Comisión Nacional de Seguridad y Salud.
U. FOCES.FARO DE VIGO
Publicado en noticias