Insatisfacción en los grupos por la respuesta del Gobierno a la sentencia
Anabel Díez | CORRESPONSAL POLÍTICA Madrid16 MAR 2013 –
Ahora sí es necesario un decreto ley con carácter de extrema urgencia para frenar los desalojos. Esta es la idea en la que coincidieron ayer los partidos políticos de la oposición ante la reacción del Gobierno del PP a la sentencia del Tribunal Europeo sobre los abusos en la ley hipotecaria española. Y apostilló Leire Iglesias, la diputada y portavoz de Vivienda del PSOE: “No debería costarle mucho a un Gobierno tan proclive como este a gobernar por decreto”. Una apreciación compartida por otros portavoces parlamentarios, profundamente decepcionados.
Los portavoces en esta materia de los demás partidos esperaron con enorme expectación el anuncio que pudiera hacer ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros. La respuesta no les congratuló: “Si la ley es injusta, no hay que aplicarla y eso se hace con un decreto ley que paralice automáticamente los procedimientos de ejecución hipotecaria”.
Las dos medidas anunciadas por el Gobierno sobre los nuevos intereses de demora y los tres impagos mensuales para iniciar un desalojo fueron, de entrada, bienvenidas por la oposición, aunque concluyeron que no dan respuesta a la sentencia porque esas propuestas ya figuran en las enmiendas que ha presentado el PP al decreto ley del Gobierno que está a la espera de tramitación. “No es nada nuevo”, dice Iglesias. Y, además, la oposición en esos dos aspectos va más allá que el Gobierno. La vicepresidenta anunció que se reducirán los intereses de demora a tres veces el valor del dinero, en tanto que los socialistas lo dejan en dos, según una de sus enmiendas. Actualmente existe una instrucción del Banco de España para que el procedimiento de ejecución de desahucio y posterior lanzamiento (orden de abandono de la vivienda) no comience hasta que no se hayan producido tres impagos, y no uno como dice ahora la ley. La oposición valoró ese paso pero tampoco lo calificó como algo extraordinario.
La insatisfacción en la respuesta del Gobierno a la sentencia es una evidencia que se traduce en preguntas parlamentarias, además de la exigencia de la paralización inmediata de todos los procedimientos de ejecución de desahucios. Así lo piden Pere Macias, de CiU, Joan Coscubiela, de ICV (Izquierda Plural), Emilio Olabarría, del PNV, Alfred Bosch, de ERC, e Iglesias, del PSOE. Esta última preguntará el miércoles al ministro de Economía, Luis de Guindos, qué piensa hacer el Gobierno para evitar “que continúen los desahucios con una legislación desautorizada por la Unión Europa”. Por el mismo asunto preguntará Macías de CiU.
Pero el primer objetivo será la paralización de los desahucios, porque la futura ley aún tardará. Y será el fruto de la unión del decreto ley del Gobierno —con las enmiendas de todos— y de la Iniciativa Legislativa Popular, que el PP aceptó y cuyo principal postulado, la dación en pago, nada tiene que ver con la sentencia de Luxemburgo.