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La justicia de Cifuentes

El incendio y cierre de los Juzgados de Primera Instancia nº 5 y de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz nos anima a repasar las incidencias más graves de los Juzgados y Tribunales de la Comunidad de Madrid.
El pasado 11 de enero tuvo lugar un incendio en la sede de los Juzgados de Primera Instancia nº 5 y de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz. “La causa  probable se atribuye a un cortocircuito en el sistema de ventilación en la única vía de entrada y salida a dicha sede (cada juzgado tiene su propia puerta de entrada pero solo una está habilitada como tal, medida que supone un ahorro en los costes de vigilancia y seguridad), vía de acceso de reducidas dimensiones lo que diariamente plantea problemas para el paso de personas con problemas de movilidad, discapacidad física e incluso gente gruesa. El incendio no pudo sofocarse con los extintores existentes y requirió la actuación del cuerpo de bomberos, que ordenó el desalojo de todas las personas que se encontraban en el edificio judicial.  Tras la intervención de los bomberos, el fuego fue extinguido a las 14:20” [1].
El 16 de enero La decana de los Juzgados de Torrejón de Ardoz acordó de forma preventiva y con carácter excepcional clausurar las instalaciones del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer y del juzgado de Primera Instancia nº 5 hasta que la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid habilite estas dependencias y se descarte que las condiciones medioambientales, que hacen imposible el trabajo, puedan suponer un riesgo para la salud de los trabajadores y de los usuarios.
Llueve sobre mojado, las Memorias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de los últimos años, las Asociaciones Judiciales, Sindicatos, venían denunciando el peligro existente en esa sede judicial y el incumplimiento de la normativa de seguridad e higiene.
Se trata de un siniestro más, hasta ahora y afortunadamente sin consecuencias graves, de los que periódicamente se producen en las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid que se encuentran, en su gran mayoría, en edificios inútiles para la función que sirven, ajenos mayoritariamente a las nuevas tecnologías, en condiciones de abandono e insalubridad, indignos y peligrosos para los empleados públicos, ciudadanos y profesionales que trabajan o son convocados a ellos, tal y como denunció ALA en su intervención ante la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Asamblea de Madrid el pasado 8 de noviembre.
Las actuaciones de la Inspección de Trabajo en las sedes judiciales de la Comunidad y el levantamiento de actas de infracción de la normativa de Seguridad e Higiene se suceden, sin más reacción por la Comunidad que el acometimiento de las obras básicas e imprescindibles para evitar sanciones mayores.
No hay más que acudir a la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid [2](última publicada la del año 2015, presentada en julio de 2016) para realizar un recorrido preocupante, sorprendente e hilarante, en ocasiones, sobre la situación real de las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid.
El Presidente del TSJ destaca:

  • Edificios obsoletos carentes de las mínimas condiciones de seguridad estructural albergando en muchos casos dependencias que carecen de ventilación y otras deficiencias tales como grietas, humedades, acumulación de olores, falta de renovación de la red de saneamiento, fallos continuos de los sistemas de calefacción y de aire acondicionado así como de los ascensores etc.
  • Calabozos minúsculos, que impiden albergar a todos los detenidos.
  • Falta de espacio adecuado para albergar a las víctimas de violencia de género, y para las entrevistas con menores en aquellos supuestos que interviene el equipo psicosocial adscrito al Tribunal Superior de Justicia.
  • Falta en muchos partidos judiciales de salas para la práctica de ruedas de reconocimiento.
  • En algunas sedes faltan rampas o dispositivos de acceso para personas con minusvalía tanto en el exterior como en el interior de la sede judicial.
  • En general suciedad e insuficiente cumplimiento de los servicios de limpieza dada la escasa dotación de personal adscrita a la empresa de limpieza.
  • Ordenadores obsoletos, lentos e insuficientes y fallo continúo de los aparatos de videoconferencia y de las cámaras de vigilancia de los edificios.
  • Falta de desfibriladores y demás material sanitario para atender cualquier situación de urgencia que se pueda presentar y necesi­dad de dotar adecuadamente de medios a los médicos forenses en la función diaria de reconocimiento de lesionados y especialmente en el servicio de guardia (levantamientos de cadáver, intervenciones corporales etc.).
  • Falta de mascarillas y de material necesario en las sedes judiciales ante posibles enfermedades infecciosas que puedan portar los usua­rios del servicio.
  • Teléfonos móviles obsoletos para atender adecuadamente el servi­cio de guardia y necesidad de alta telefónica en las diferentes sedes judiciales para atender adecuadamente asuntos urgentes en los que se hace imprescindibles acordar detenciones internacionales y de­más diligencias que precisen una comunicación fluida no solo por vía del fax o del correo electrónico sino también por vía telefónica.

 

Foto del diario Público
Foto del diario Público

Los Jueces y Juezas Decanos/as de los partidos judiciales de Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo de el Escorial, Torrejón de Ardoz y Valdemoro se limitan, con mayor o menor acritud, a reiterar los informes de años anteriores en los que las carencias denunciadas siguen vigentes (“El Magistrado Decano previendo que la elaboración detallada y fundamentada de una nueva memoria no produciría efecto alguno que implicase mejoras en este partido judicial, reitera íntegramente el contenido de la Memoria anual que ya fuera presentada en febrero de 2015…”, dice el Decano de Alcorcón. La Magistrada Decana de Valdemoro constata “…una absoluta dejación por parte de la CAM en cuanto a la realización de la más mínima inversión para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia en esta Comunidad…”). La situación que describen sus comentarios, de los que reproducimos una pequeña muestra, provocarían la dimisión en cadena de los responsables políticos si es que éstos fueran responsables:

Alcalá de Henares:

Precisa la revisión integral de los sistemas de evacuación de aguas residua­les, y estado general de los servicios (WC), adaptación de los accesos al edificio para personas con discapa­cidades físicas, suprimiendo las barreras arquitectónicas actuales, revisión del cableado e instalación eléctrica en general, instalación de biombos para las declaraciones de víctimas y menores de edad…

Aranjuez:

Los despachos del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Aranjuez han sido pintados por el propio personal del Juzgado fuera del horario laboral, ponien­do dinero de su bolsillo para la compra del material necesario, dada la suciedad de las paredes y las respuestas negativas de la Comu­nidad de Madrid ante las innumerables peticiones en este sentido.
Pide proporcionar al médico forense adscrito a los Juzgados de Aranjuez un botiquín de urgencia de primeros auxilios y medicamentos espe­cíficos para los ataques de ansiedad, así como desfibrilador.

Arganda del Rey:

Reitera íntegramente el contenido de la Memoria anual que ya fuera presentada en febrero de 2014 que, ya a su vez se remitía a todas las anteriormente presentadas.

Collado-Villalba:

En relación a las dependencias judiciales resalta el estado de ab­soluto abandono de la sede judicial en general como se ha venido de­nunciando desde hace años, manifestando que el edificio más antiguo sito en la C/Virgen de la Cabeza s/n, que viene a acoger los juzgados números 1 y 2, así como el Decanato y el Servicio Común, carece de las mínimas condiciones de seguridad, salubridad («olores nauseabundos») e higiene, con espacios generalmente insuficientes, valga como ejemplo el destinado a los calabozos, y careciendo en algunos casos de sistema de ventilación.
Respecto al edificio sito en la Plaza de los Belgas nº 1, donde se ubi­can los juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 3, 4, 5, 6, 7, y el de Violencia sobre la mujer, igualmente se trata de un edificio anexo al antiguo y cuyas deficiencias en general son sobradamente conocidas por los responsables de bienes inmuebles no solo por el lamentable proyecto de ejecución sino por la mínima calidad de los materiales em­pleados, en donde resulta asimismo manifiesta la falta de espacio en general, y en concreto para la espera de las víctimas de violencia de género y archivos.

Coslada:

Es precisa la reparación de desperfectos y pintura del edificio, cam­bio o limpieza de estores de las ventanas, banderas, y demás distin­tivos oficiales, pues desde su inauguración (año 1992), nada se ha hecho al respecto, presentando un aspecto deplorable e insalubre en muchas de sus dependencias, así como solventar la inadecuada iluminación de los despachos.

Leganés:

Hay deficiencias notables de seguridad, de estabilidad, de estan­queidad, de salubridad. Nada más asumir el decanato inspeccioné el edificio y recabé informes de muchos de los que en él trabajan. Pedí a la responsable del departamento Civitas que actuara y, colaborando y mucho, se puso en marcha transmitiendo mis peticiones y llamando a sus superiores y estos a los que deciden sobre infraestructuras, si bien resultó todo inútil, pues los encargados de informar acerca de las obras encontraban rápidamente motivos y causantes, siempre ajenos a ellos, qué casualidad. Que si la puerta del garaje se puede caer encima de alguien es culpa de que un coche de la policía la golpeó, pero nada de repararla; que si los archivos se inundan por una rejilla de la calle que se atasca, ya que una arqueta municipal está mal hecha; que si las ventanas de ático no cierran es porque el que las instaló puso no sé qué encima y no debajo; que si los inodoros de los calabozos se desbordan y llenan el pasillo —digamos— de líquido y materias es porque… Ni que decir tiene que el Decanato sigue sin tener cubiertas las plazas de personal.

Móstoles:

En relación al estado de los diversos edificios judiciales que con­forman este Partido Judicial, significar que existen diversas actas de infracción suscritas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, donde se exponen numerosos incumplimientos de las normas de prevención de riesgos laborales, sin que hasta la fecha se haya dado respuesta adecuada a todas y cada una de las deficiencias advertidas, limitándose las actuaciones desarrolladas hasta ahora a mejorar sutil­mente la limpieza del edificio y cambio de las banderas, advirtiéndose igualmente deficiencias en cuanto a la seguridad, no existiendo planes de evacuación conocidos, ni planes de prevención de riesgos laborales o estudios de seguridad, sin que se reparen los sistemas de climatiza­ción que han hecho que se hayan registrado temperaturas en algunos despachos y secretarias que rebasaban los 40 grados, no reparándose la cubierta del edificio principal que causa humedades, filtraciones y de­terioros en general, no haciendo seguimiento de las grietas detectadas, no dando solución a la falta de espacio en general y. en particular, en el edificio ocupado por los Juzgados de Primera Instancia 5 y 6, manifies­tamente insuficiente para realizar el trabajo con un mínimo de dignidad para la función pública, etc.

Navalcarnero:

En cuanto a las dependencias judiciales destacar las pésimas con­diciones de habitabilidad del edificio sito en la Calle Escorial que alberga la sede de los Juzgados n° 1 y 2 de este partido. A pesar de haberse afrontado alguna reforma, la antigüedad y limitaciones del edificio lo hacen de todo punto inhábil para el digno ejercicio de la función que en él se desarrolla, máxime cuando en dicha sede se encuentran las oficinas del Registro Civil, careciendo de espacio mínimo para espera de las personas.
En 2006 la Comunidad de Madrid adjudicó las obras de lo que iba a ser la nueva sede de los juzgados de Navalcarnero por 5,3 millones de euros. La empresa se declaró en concurso de acreedores un año después y dejó tras de sí el esqueleto del edificio. Aunque el Gobierno regional recuperó el inmueble en 2010, todavía continúa abandonado. El año pasado se presupuestaron 500.000 euros para su recuperación, pero se han gastado en pagar una sentencia judicial.[3]

Pozuelo de Alarcón:

En el Juzgado nº 1 no se han subsanado a día de hoy las deficiencias existentes en materia de prevención de riesgos laborales y todo ello a pesar de la inspección efectuada en este Juzgado en el año 2014 y de la que se dio cuenta en la memoria anual del año pasado, siendo las deficiencias de carácter grave. (El informe es de mayo de 2016).

San Lorenzo de el Escorial:

La alarma de los Juzgados de 1ª Instan­cia e Instrucción nº 3 y 4 de San Lorenzo de El Escorial se encuentra inoperativa desde hace dos años, con los consiguientes problemas de seguridad que ello conlleva para la sede de los citados Juzgados

Torrelaguna:

El calabozo no dispone de las medidas de seguridad requeridas ni tiene un adecua­do sistema de calefacción.  Ambos juzgados carecen de espacio destinado a archivos y la es­tancia destinada a la conservación de piezas de convicción también es pequeña y no reúne las debidas condiciones de seguridad en el juzgado nº 1.

Torrejón de Ardoz:

El Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Torrejón de Ardoz, mantiene una lamentable y peligro­sa situación ubicado en la última planta de la sede de la Avenida de las Fronteras, con unas deficientes medidas de seguridad y un único acce­so a través de una estrecha escalera y sin salida de emergencia. Las personas con minusvalía que necesitan ir en sillas de rueda no pueden acceder al Juzgado si no son subidas «a peso» y lo mismo ocurre con las que quieren acceder a los Juzgados de 1ª Instancia nº 1 y 2 y los de Instrucción nº 2 y 4 localizados en las plantas primera y segunda del edificio, porque el ascensor que posibilita el acceso a estas plantas no permite la entrada de una silla de ruedas. Tras la visita girada a esa sede el 3 de junio de 2015 por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, se apreciaron nueve infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales.
La situación denunciada alcanza a todos los Juzgados y Tribunales de la Comunidad:

Sala de lo contencioso administrativo del TSJ de Madrid:

Como aspectos actualmente más relevantes son reseñables: el de­ficiente funcionamiento del sistema de calefacción y aire acondiciona­do en buena parte de las Secciones, hasta el punto de que en muchos casos los funcionarios se ven obligados a traer sus propias estufas o calefactores y ventiladores.
 Destaca asimismo la falta de luz tanto natural como artificial, ven­tilación y oxigenación en el espacio destinado a la oficina judicial en la Sección 6ª, claramente inadecuado para dicho cometido, lo que repercu­te negativamente en la salud de los funcionarios que trabajan en tales dependencias, según puso de manifiesto el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, de fecha 7 de marzo de 2013, haciendo constar que la concentración de dióxido de carbono superaba los límites establecidos, como ya se hizo mención en las dos anteriores Memorias de la Sala y no se ha solventado. Se ha de resaltar también que otra dependencia de dicha Sección y otra oficina de la Sala en la Planta (-1) que no tienen techo, haciendo las corrientes de aire un desa­gradable efecto de chimenea hasta el tercer piso donde el único tejado es una cobertura de plástico rígido que provoca temperaturas extremas dependiendo de la estación del año.
La Sección 8ª presenta importantes deficiencias en las baldosas del suelo de la oficina judicial que, tras una mínima reparación siguen le­vantándose, provocando importante riesgos de caídas. El despacho de los magistrados carece de persianas, viéndose obligados los magistra­dos a comprar con sus propios medios unos estores que han colocado el servicio de mantenimiento del edificio o a pegar unos papeles oscuros en las ventanas para evitar el reflejo de la luz en el ordenador de algu­nos de los magistrados.
La Sección 9ª precisa de nuevas persianas y adolece de continuos fallos en el aire acondicionado y calefacción. Y especialmente hacen resaltar sus integrantes que no se cumplen las medidas de evacuación.

Sala de lo Social del TSJ de Madrid:

Insistir en que sigue resultando preocupante el esta­do que presentan las instalaciones e infraestructuras del Tribunal, cuyo adecentamiento se nos antoja absolutamente necesario. En cuanto a las primeras, continúa sin repararse desde hace años la bajante externa del patio de luces, habiéndose practicado, tiempo ha, una cala para valorar la avería que, con todo, no se ha solucionado por falta de presupuesto y la dificultad que conlleva, siendo ésta la causa de que el aspecto que ofrece la antesala de esta Presidencia resulte ciertamente impropio.
La planta sótano continúa sin ninguna medida de mejora en cuanto a pintura y reparación de desperfectos, de suerte que el alicatado de los pasillos se cae por efecto de la humedad y los suelos en algunos tramos están levantados. También hemos solicitado otras veces que se proceda a adecuar los baños de esta planta, pues en ella presta servicios el personal de archivo y mantenimiento.

Audiencia Provincial, edificio de la C/ Santiago de Compostela:

El edificio de la calle Santiago de Compostela presenta un estado de suciedad relevante; las fachadas de cristal no se limpian porque la pérgola de limpieza de fachada está estropeada desde hace años; se ha reparado uno de los motores del aire acondicionado pero, en general, la instalación es obsoleta, no calienta o refrigera las dependencias de forma eficiente y uniforme, y utiliza un gas descatalogado, por lo que cuando en alguna de las secciones se agote el gas o cuando algún motor falle, habrá que cambiar la parte de instalación correspondiente.
Los aseos del edificio presentan problemas de malos olores de for­ma permanente; muchos de los elementos de seguridad están deteriora­dos y deberían ser sustituidos.

Partido judicial de Madrid:

No puede dejar de manifestarse la existencia de una grave inadecuación de muchos de esos edificios al fin público al que se destinan de acuerdo con las actuales concepciones arquitectónico-administrativas acogidas en las edificaciones de nueva planta con las que se ha dotado a la Justicia de otros territorios.
Son insuficientes los espacios para el desarrollo del servicio que el ciudadano espera de la Administración de Justicia y que las leyes vigentes, al menos sobre el papel, le garantizan. En la mayoría de las sedes no hay salas de espera para quienes se ven en la necesidad de comparecer ante los juzgados, lo que se agrava en la jurisdicción pe­nal al convivir en el mismo espacio víctimas y victimarios. Tampoco hay espacios acondicionados para la exploración de menores víctimas de infracciones penales o que deben ser oídos en procesos de familia. En algunas oficinas, tanto de los juzgados como de los servicios comunes, se apiñan los funcionarios en condiciones de actividad impropias de un país desarrollado.
El agotamiento del espacio se ha convertido en un problema básico que ha conducido al desarrollo de la ingeniería del micro espacio para dar utilidad hasta el último de los rincones
Las condiciones de higiene de algunos inmuebles son claramente insuficientes por la deficiente prestación del servicio de limpieza, lo que es objeto de quejas recurrentes tanto de funcionarios como de justicia­bles que se ven en la necesidad de ser usuarios de los baños ubicados en los edificios judiciales. En ocasiones no se efectúan las tempestivas intervenciones en el área de la conservación y mantenimiento de los edificios y sus instalaciones —llegándose a precintar temporalmente, con evidente perjuicio para el servicio público, los ascensores de una sede por no adecuación a los requerimientos técnicos en los plazos con­feridos—, apreciándose un notable deterioro de las sedes más vetustas así retrasos en las actuaciones de reparación.

Delegación del Decanato en los Juzgados de lo contencioso administrativo de Madrid:

El espacio físico del que dispone cada Juzgado, especialmente en Gran Vía nº 19, resulta absolutamente insuficiente y no hay lugar don­de ubicar la gran cantidad de procedimientos que penden.
No se dispone de lugar donde situar un «Archivo Vivo».
Las Salas de Vistas de la C/ Gran Vía nº 19 son excesivamen­te pequeñas, especialmente las situadas en la planta baja del edificio.
 Éstas últimas no reúnen las condiciones físicas y ambienta­les necesarias para realizar en ellas juicios a lo largo de toda una mañana, por las condiciones de calor, ruido (procedente de los sis­temas de grabación), falta de espacio e imposibilidad de ventilación que presentan. Debe señalarse que son espacios de reducidas dimensiones sin huecos o ventanas.
No existen Salas de Espera para el público que debe permanecer en los pasillos cuando acuden a vistas o cualquier otra actuación procesal. Pasillos que tienen muy pocos sitios para sentarse durante la espera, obligando a los ciudadanos y a los profesionales a esperar de pie.
Desde la entrada en funcionamiento de los Juzgados de lo Conten­cioso-Administrativo en esta sede en 1998 se han realizado las siguien­tes obras de mantenimiento: en 2014 se quitó la moqueta y se pintó parte de la planta segunda (Biblioteca y Abogacía del Estado), entrada y escalera principal y parte del Decanato y en 2015 se ha quitado la moqueta en el suelo de los Juzgados de la primera planta (números 7, 8, 9 y 10), por la previa aparición de roedores y ante la petición de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Lo que puede dar una idea del estado de suciedad y abandono de las instalaciones
La situación actual de deficiencias de climatización e ilu­minación, la sequedad en el ambiente, el polvo y la suciedad acumulados en el edificio de Gran Vía nº 19 está afectando a la salud de los funcionarios que prestan servicios en el edificio.

Delegación del decanato en los Juzgados de lo Social de Madrid:

Debe hacerse en referencia a la situación del edificio en el que se encuentran los Juzgados. Es cierto que se ha mejorado la posibilidad de evacuación del mismo con la construcción de una nueva escalera de emergencia, pero ello ha sido a cambio de eliminar la luz natural y la ventilación en una parte de sustancial de cada una de las plantas del edificio, que sigue siendo insuficiente para asumir el volu­men de personas que acuden al mismo diariamente.
Al centrarnos sólo en lo referente a los edificios judiciales obviamos las unánimes referencias a la necesidad de nuevos Juzgados, reforma de la planta judicial, adecuada política de personal que permita dotar las vacantes existentes por personal preparado, material necesario (tan básico que el Letrado Coordinador del TSJ reclama la necesidad de compra de cuatro grapadoras clavadoras del tipo tapicero para poder coser los expedientes voluminosos), incremento de los servicios de limpieza y seguridad, material informático obsoleto que impide trabajar con continuidad, etc.
Cristina Cifuentes es desde hace más de año y medio Presidenta de la Comunidad de Madrid (el partido que la apoya y al que pertenece gobierna la Comunidad desde hace casi diecisiete años), y sus actos desvelan un escaso interés por afrontar la desastrosa situación de la Administración de Justicia en la Comunidad que preside. Significativamente en su programa electoral de 300 compromisos con los madrileños, sólo 3 se referían a la Justicia; uno se comprometía a agilizar los pagos de asistencia jurídica gratuita, otro a elaborar una Ley de víctimas del terrorismo y el tercero era destinar más recursos para la Administración de Justicia si bien referidos a agilizar los procedimientos judiciales y no a mejorar sus sedes.
A los quince días de ser investida Presidenta de la Comunidad de Madrid acuerda suspender la tramitación del expediente de contratación del proyecto de Ciudad de la Justicia, proyecto del que desiste por Orden de 17-11-15. Sin perjuicio de las dudas respecto del planteamiento, organización y eventual eficacia de dicho proyecto, lo cierto es que un plan (la unificación de las sedes judiciales de la Ciudad de Madrid en un único espacio físico) iniciado en 2003 (Campus de la Justicia) es abandonado repentinamente sin que se acompañe de plan alternativo alguno en relación con la actual situación de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid y sus sedes judiciales, por lo que en este momento la Comunidad de Madrid carece de planteamiento general alguno para afrontar las graves carencias de los edificios judiciales de la Comunidad.
No hay que olvidar, además, que en la Comunidad de Madrid desde hace  seis años no se ha creado ningún órgano judicial, pese a que el TSJ de la Comunidad, en su memoria anual, propone la creación de 92 nuevos Juzgados en la Comunidad, de ellos 48 en la ciudad de Madrid.
Suponemos que la única respuesta inmediata va a ser acometer obras mínimas de mejora en los Juzgados de Torrejón, afrontar nuevas actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y esperar que el próximo incidente tampoco sea grave; mientras tanto ni siquiera los símbolos que tanto defienden son objeto de consideración en la Administración de Justicia de Madrid, como denuncia el Presidente de la Sala Social del TSJ “…el edificio sólo dispone de un mástil para banderas, en la que está izada la nacional, que, por fin, este año se cambió por una nueva enseña”.
Junta Directiva de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados. ALA.
[1] Comunicado de las asociaciones judiciales APM, AJFV, JpD y CIM de 13-1-17
[2] Memoria 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
[3] El Pais 26-11-16

Publicado en Área de la Mujer