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«La justicia de calidad se logra con más jueces y no a base de tasas»

«Las reformas son un gran paso atrás, ya no importa agilizar los asuntos, sino impedir el acceso al ciudadano»

06.01.2013 SUSANA ARIZAGA


La justicia corre un grave riesgo: su calidad está en juego. Las reformas que el Gobierno central del PP acaba de poner en marcha y las que parecen avecinarse supondrán un golpe mortal: se limita el acceso del ciudadano a la justicia y se dificulta que sus profesionales puedan resolver los asuntos de forma «concienzuda y con calma». El decano del Colegio de Abogados, Ignacio Esbec, que deja su cargo el día 25, no ahorra en críticas a un Ministerio que «generará una justicia de ricos y otra de pobres»

-En estos diez años al frente del Colegio de abogados, ¿qué destacaría como positivo y qué como negativo?

-Se han optimizado los servicios y dado modernidad al Colegio. En los servicios que presta el colegiado, desde los diferentes ámbitos, como justicia gratuita, orientación jurídica o violencia de género, se ha logrado una importante participación del colectivo; se han creado nuevos servicios a los que se han incorporado muchísimos compañeros. Más de 35 abogados prestan de forma altruista su colaboración en orientación jurídica y las distintas comisiones.

-El Colegio de Zamora fue pionero en Castilla y León en la puesta en marcha del servicio de asistencia gratuita a víctimas de violencia de género, ¿ahora corre peligro su continuidad?

-En el último año ha sufrido una importante merma en cuanto a asignación económica porque la Junta de Castilla y León, con la que teníamos un convenio para financiarlo, apenas ha realizado aportación. Pero no corre peligro porque el Colegio asume ese desfase. Fuimos pioneros con su puesta en marcha y en ello tuvo mucho que ver María Jesús Porto, la responsable de esta materia en los consejos regional y general de la Abogacía. Por este servicio ha pasado un número importante de mujeres.

-¿Se va con la satisfacción de haber cumplido sus proyectos?

-Los planteados se han cumplido. La mayor satisfacción es que a esta fecha la oficina colegial funciona a la perfección y especialmente en el turno de oficio. Se ha logrado una tramitación ágil al pasar de hacerlo en seis meses a diez días, por ello, se nos ha felicitado desde las diferentes instancias jurídicas y eso se debe al esfuerzo, dedicación y trabajo de las empleadas, Charo Gómez, Silvia Arias y Sonsoles Fernández, al mando de la secretaria del Colegio, Concepción Moral, y del diputado responsable, Juan José Martín Gato.

-Uno de los momentos más delicados de su último mandato ha sido el despido del oficial del Colegio, recibió muchas críticas.

-La Junta de Gobierno ha tenido que tomar decisiones duras, pero imprescindibles para el normal funcionamiento del Colegio.

-¿Quizás la segunda candidatura que se presentó a las elecciones de nuevo decano se gestó a raíz de ese malestar entre algunos colegiados?

-No lo creo, ni han cuestionado ni han planteado ningún recurso respecto de esa decisión. Fue muy duro y doloroso tomarla. Creo que fue cuestionada por razones más de afectos personales que por la propia medida en sí.

-Se va antes de que la Escuela de Práctica Jurídica se haya homologado, ¿esa oportunidad se ha perdido ya?

-La UNED decidió no incorporar los cursos de acceso a la profesión, de modo que, como ahora se requiere esa homologación oficial, no será posible continuar con la Escuela en colaboración con este centro, pero están iniciadas conversaciones con la Universidad Pontificia de Salamanca, sentadas las bases. La nueva Junta de Gobierno verá si continúa con el proyecto, muy ambicioso porque se quieren impartir másters y formación. Si no se logra un acuerdo con la Pontificia desaparecerá la Escuela de Zamora, tras veinte años de actividad y en la que ha tenido notable participación José Alfredo Calvo Prieto. El próximo curso no habrá Escuela.

-Como tenían poco con la crisis económica, que también ustedes la están sufriendo con la merma de clientes y los impagos, para rematar les ha llegado el «tasazo».

-No se ha cerrado ningún despacho, pero si esto hubiera ocurrido hace veinte años, las consecuencias habrían sido nefastas porque casi todos los asuntos que se encomendaban a los abogados terminaban en contienda judicial.

-¿Qué porcentaje de asuntos llega hoy al juzgado?

-Más del 60% de los asuntos que nos llegan a los despachos no se judicializan, lo que supone que el ciudadano no sufrirá el coste adicional que supone el pago de las tasas judiciales, que son claramente inconstitucionales porque según la Constitución la justicia se administra de forma gratuita, la Ley de Tasas contraviene el artículo 119.

-¿Tienen previstas otras movilizaciones contra la Ley de Tasas ya en vigor?

-El día 18 de enero el Pleno del Consejo General de la Abogacía se reúne para seguir adoptando acuerdos para impugnar la Ley de Tasas.

-El «tasazo» ha conseguido echar a los abogados a la calle, que celebraban su primera manifestación en la historia del colectivo, ¿es de tal trascendencia para la justicia y los ciudadanos?

-Sí, porque la imposición de una tasa contraviene o impide el derecho que todo ciudadano tiene de acceso a la justicia. Y resulta paradójico que esa tasa se destine a sufragar el gasto del turno de oficio, de modo que un ciudadano puede encontrarse en frente con otro que litigue de forma gratuita por la aportación del primero.

-La justificación del ministro de Justicia es que el objetivo es reducir el atasco judicial y que se amplían las condiciones para acceder al turno de oficio.

-De momento, no se han variado las condiciones. Es claro que, en asuntos de cuantía económica baja, puede determinar «per se» que no se planteen ante los tribunales por la elevada tasa. La misma cuestión surge con los recursos de apelación, para los que el tributo es elevadísimo. Esta medida no logra sino impedir, mediante traba económica, el derecho que tiene todo ciudadano a recurrir en la segunda instancia.

-Apoyan a los jueces en sus protestas frente a las reformas del Poder Judicial que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que trata de hacer ver que aquellos sólo quieren mantener sus privilegios.

-Jueces y abogados caminamos de la mano para reclamar una justicia de calidad, que no se consigue a base de trabas económicas para acceder a ella, sino con la dotación de más jueces, en número suficiente para atender con solvencia y dedicación los asuntos que les llegan. Los jueces requieren un volumen de asuntos que les permita un tratamiento concienzudo y sosegado para su resolución.

-¿Qué consecuencias tendrán estas reformas que propone el Gobierno del PP en justicia?

-Se está dando un paso atrás importante porque ya no importa la dotación de personal y agilización de la Administración de Justicia con más jueces, sino el impedir el normal acceso del ciudadano a la misma. Están tratando de reducir el atasco con la imposición de tasas.

-¿Hacia que justicia nos lleva este Gobierno?

-Nos lleva a una justicia que no es en tanto que no resuelve los graves problemas que tiene, lo que sería tan sencillo como incorporar a jueces suficientes. No quiero pensar que retrocedamos a la primera mitad del siglo XX, pero nos vamos a encontrar con una justicia de igual o peor calidad que la actual, los jueces no podrán atender con solvencia los asuntos que les lleguen.

-¿De seguir por este camino habrá una justicia para los ricos y otra para los pobres?

-Sí, porque hasta la fecha solo las sociedades y las compañías, las empresas, tenían que pagar tasas. A partir de ahora habrá quien no pueda acudir a la justicia por razones puramente económicas. Es cierto que todo esto fomentará, lo que ya vienen haciendo los abogados: la negociación y la transacción, el arbitraje.

Zamora, 1956

Ignacio Esbec, decano del Colegio de Abogados durante los últimos diez años, estudió Derecho en la Universidad de Salamanca en la promoción de 1977 y se licenció en 1982. Pasaron tres años hasta que el joven abogado montó su despacho, antes prefirió empaparse de la práctica jurídica al lado de un juez de la capital que le ofreció tal posibilidad. Después amplió esa formación con cursos que organizó con otro grupo de letrados en la capital. Finalmente en 1985 inicia su andadura profesional. Solo tres años después se incorpora a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, institución que conoce bien, ya que ha ostentado los cargos de diputado, secretario y vicedecano con Juan Antonio Barba, uno de los decanos de mayor prestigio de Zamora.

Publicado en no, tasas