La Junta ha llevado al Constitucional la Ley de Tasas Judiciales a pesar de que el Ministerio de Ruiz Gallardón ha anunciado que reducirá en un 80 por ciento los gravámenes para algunas jurisdicciones y pese a que el informe solicitado al Consejo Consultivo no estaba aún listo el jueves pasado cuando se interpuso el recurso.

La decisión de la Junta de atropellar los trámites establecidos ha propiciado que dos consejeros a propuesta del PP recojan su malestar en un voto particular en el que muestran también su discrepancia con el fondo del dictamen, que avala la inconstitucionalidad de parte o de la totalidad de los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 de la Ley 10/2012 por quebrantar el principio de igualdad en el acceso a la Justicia y tener un «efecto disuasorio».

La sucesión de hechos es como sigue. El Ejecutivo autonómico presentó el recurso ante el Constitucional el jueves, justo el día en el que expiraba el plazo. Se cumplían tres meses desde la publicación de la ley. El martes, la Junta filtró que la Comisión Permanente del Consultivo se había reunido ese día y había aprobado un dictamen favorable por mayoría. Sin embargo, el expediente del dictamen aún no estaba cerrado. Es más, el voto particular discrepante de los dos consejeros no fue registrado hasta el viernes, un día después de que el Constitucional recepcionara el recurso.

El voto particular, al que ha accedido este periódico y que reproducimos ampliamente por su relevancia, critica que la Junta, en este caso como en otros, primero toma la decisión de recurrir al Constitucional y luego pide la opinión del máximo órgano consultivo de Andalucía. Pero recoge que esta vez se da un paso más. «En esta ocasión se da la circunstancia de que se va a registrar el recurso de inconstitucionalidad sin conocer oficialmente el contenido de este dictamen ni de sus votos particulares, puesto que en la Comisión Permanente del día 19 de febrero que ha conocido del asunto se ha votado un texto a medio redactar, que altera profundamente lo traído como ponencia escrita a la sesión, a lo que hay que sumar un plazo de tres días desde la redacción definitiva del dictamen para elaborar los votos discrepantes». «Siendo el día 21 de febrero el último día de plazo para la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012, es evidente que sólo puede ser enviado el dictamen, junto con los votos particulares al Consejo de Gobierno de manera oficial –por más que hayan circulado interesadas notas de prensa oficiosas– con posterioridad a la presentación del recurso». Esta circunstancia, añaden, «convierte en completamente inútil el asesoramiento de este Consejo y en irregular la actuación del Ejecutivo andaluz».

Recuerdan los dos consejeros que la forma de proceder el Gobierno central es otra bien distinta. «En este caso, tras conocer el Consejo de Ministros un primer informe procedente del Ministerio competente, decide someter la consulta al Consejo de Estado, y sólo después acordar, si procede, solicitar al presidente del Gobierno –que es el legitimado para ello– su interposición». Esto es así, además, cuando la norma que regula el Consejo de Estado no lo recoge explícitamente. «Cabe entonces preguntarse cuál es la finalidad que se persigue solicitando en este momento la opinión del Consejo Consultivo o quién es realmente el destinatario de este dictamen, una vez que el Consejo de Gobierno ya ha decidido qué va a hacer al respecto», añade el texto del voto particular. «El lugar en el que deja de esta forma el Consejo de Gobierno al Consejo Consultivo de Andalucía no es el que debe corresponder a un órgano de relevancia estatutaria y definido como su ‘superior órgano consultivo’. La decisión de interponer el recurso ya está tomada de antemano, lo cual hace en la práctica inútil el dictamen».

Un presupuesto de 3,3 millones

El Consejo Consultivo de Andalucía cuenta para este ejercicio con un presupuesto de 3.342.671 euros, un 12,1 por ciento menos que en 2012 (3.802.248). Más del 90 por ciento de esta partida se dedica al pago de nóminas y a gasto corriente. Cuenta con una veintena de miembros. Los consejeros a propuesta de los partidos no son los que más cobran. Hay letrados que llegan a ingresar un sobresueldo anual de hasta 39.000 euros.