José Mª Alonso: Los grandes despachos quieren recuperar el ICAM.

Elecciones ICAM 2017. Un repaso a los candidatos: José Mª Alonso.

José Mª Alonso fue muy claro en una de las primeras entrevistas concedidas tras su decisión de ser candidato a Decano en las elecciones ICAM: ¿Por qué había decidido presentarse a Decano del ICAM? Porque compañeros de los grandes despachos se lo habían solicitado. Este hecho en sí mismo es indiferente, al margen de acreditar la sinceridad del candidato, pues en todas las candidaturas se han producido conversaciones o encuentros similares si bien los apuntes que ahora siguen defiunen bien el largo alcance de esa afirmación.

Sería conveniente definir qué son los “grandes despachos”, pues la denominación es utilizada con frecuencia entre los abogados y abogadas sin comprender muy bien cual es el significado real de aquello a lo que nos referimos.

Según Expansión (16 de mayo de 2017) las diez primeras firmas jurídicas, por facturación en España, serían (en mill. de €):

1.- Garrigues: 308.

2.- Cuatrecasas: 215,3.

3.- Uría Menéndez: 172,7.

4.- PwC Tax & Legal Services: 150,7.

5.- Deloitte legal: 103,9.

6.- KPMG Abogados: 103,8

7.- EY Abogados: 100,6.

8.- Baker & McKenzie: 64.

9.- Clifford Chance: 61,5.

10.- Linklaters: 55,6.

En un estudio realizado por DirigentesDigital.com (1 de junio de 2017) el sector de los despachos de abogados está compuesto en un 85 % por microempresas (menos de 10 abogados y abogadas), un 12 % son pequeñas empresas (menos de 50), un 2 % son medianas empresas (menos de 250) y un 1 % son grandes.

La crisis ha afectado de forma muy diferente a los abogados y abogadas, según un estudio realizado por Crédito y Caución citado también en ese medio digital: la facturación media de los despachos de abogados cayó un 23 % desde 2008 si bien las grandes compañías jurídicas vieron incrementarse sus beneficios hasta un 29% desde 2008, pasando de una facturación media de 31 millones a los 40 millones actuales.

Así que los “grandes despachos” son empresas que ofrecen servicios jurídicos y que han salido reforzadas de la crisis económica, situación muy diferente a la de los abogados y abogadas que trabajan en despachos individuales o colectivos (hasta nueve integrantes) que suponen la mayoría en el sector y han sido el sector de la abogacía más golpeado por la crisis.

De forma que la expresión “grandes despachos” referida al Gobierno del ICAM tiene un sentido real evidente, la utilización por las grandes empresas jurídicas (Grandes despachos) de los medios, prestigio, representatividad institucional, etc; de una Corporación de derecho público, como el ICAM, con el peligro que conlleva respecto de los intereses de la inmensa mayoría de la abogacía que son intereses de los abogados y abogadas que viven y se enfrentan diariamente con los problemas de su profesión que no son los problemas de las empresas jurídicas y sus cuentas de resultados. Recordemos, el ICAM representa a la abogacía de Madrid, incluidos a los abogados y abogadas que trabajan en los “Grandes despachos”, pero no representa a éstos que son sus empleadores. El control del ICAM por los “Grandes despachos” supone que la Junta de Gobierno empezará a atender intereses de estas empresas jurídicas y no exclusivamente los de la abogacía que es a la que se debe.

Era conveniente señalar lo anterior antes de hablar del candidato pues centra su candidatura y su programa (legítimos, como todos, pero de los que discrepamos) y nos permite examinar con mayor información y diferente perspectiva la descripción profesional de los integrantes de su candidatura:

José Mª Alonso: es Presidente de Baker Mckenzie Madrid, así como director del Departamento de Litigios y Arbitraje en Baker Mckenzie en Madrid. Ha sido socio director de la firma en Madrid desde el 1 de julio de 2013 hasta este año en que dimitió para presentarse a las elecciones del ICAM. Anteriormente fue Socio Director de Garrigues, desde 2000 a septiembre de 2009 en que pasó a ser coordinador de las relaciones internacionales de la firma hasta que dejó la misma en diciembre de 2012.

Manuel Martín (candidato a Diputado 6º) es Senior Partner de Gómez-Acebo & Pombo Abogados (2016); Socio Director de Gómez-Acebo & Pombo Abogados (2001-2015). Reconocido en diversas ocasiones por distintas publicaciones del sector como mejor Socio Director europeo (The Lawyer 2010 y 2014; British Legal Awards 2010) y español (Forbes 2015).

Luis Fernando Guerra García (candidato a Diputado 7º) es Socio Director de Deloitte Legal en España.

María Segimón de Manzanos (candidata a Diputada 9ª) es miembro del consejo de administración de CBRE Global Investors Spain. Responsable de la asesoría jurídica y de compliance de la gestora de fondos inmobiliarios. También preside el comité de gestión de riesgos de la compañía para España y Portugal. Anteriormente fue Socia responsable del Area de mercado de capitales de DLA Piper.

Mabel Zapata Cirugeda (candidata a Tesorera) es Socia en Cremades & Calvo Sotelo.

José Ignacio Monedero Montero de Espinosa (candidato a Secretario), es “off Counsel” de DLA Piper.

Han evidenciado su apoyo a José Mª Alonso Pedro Pérez-Llorca, socio director de Pérez Llorca; Carlos Rueda, socio director de Gómez Acebo & Pombo; Pilar Menor, socia directora de Dla Piper; Pedro Rodero, socio director de ONTIER, entre otros.

Pero no es sólo ni principalmente esto, si nuestra afirmación inicial se limitara a la existencia de estos “curricula” sería algo exagerada, las declaraciones públicas y el programa del candidato evidencian las pretensiones que denunciamos:

“…instituciones y firmas del máximo prestigio en el sector jurídico madrileño han adquirido conmigo unos compromisos que no han querido adquirir con ningún otro candidato a Decano…”. (Libre mercado (8-12-17).

“Los grandes despachos tienen un gran sentido de la solidaridad, con departamentos de responsabilidad social corporativa que pueden trabajar en beneficio del ICAM”. (El Derecho.com 20-11-17).

“¿Quién le convenció para que se presentara?

Me empezaron a hablar los despachos hace unos meses.

¿Grandes, medianos, pequeños?

Medianos y grandes. Empezaron a decirme: ‘José María, ¿por qué no te presentas? No estamos muy contentos como se está llevando el Colegio. Creemos que tú eres una persona con suficiente peso específico y representatividad para poder ayudar a que se escuche la voz de la profesión.

ISDE también…

ISDE me manifestó también su apoyo, pero también lo han hecho despachos grandes…”. (Confilegal 19-10-17).

“Puedo afirmar que tengo ya el compromiso firme de grandes despachos de Madrid de involucrarse, en una muestra de generosidad y solidaridad, aportando a sus mejores profesionales de forma altruista para que los cursos para abogados sobresalgan por su excelencia”. (La Gaceta 28-11-17).

“…para potenciar este cambio pretende involucrar a los grandes despachos para que nos ayuden a implementar en el ICAM todo su know-how”. (Página web de la candidatura de José Mª Alonso).

Al hilo de lo anterior no deja de sorprender la siguiente propuesta del candidato:

“Trabajaremos en una propuesta de convenio colectivo para la abogacía que mejore los términos del vigente Decreto de la relación laboral de carácter especial de los abogad@s…”.

¿Qué papel pretende jugar el candidato en una negociación de convenio colectivo? Los convenios colectivos son normas pactadas entre la representación de los empresarios (las patronales del sector) y los de los trabajadores (los sindicatos o representantes legales de los trabajadores elegidos de acuerdo al Estatuto de los Trabajadores). El ICAM carece de papel alguno en la negociación de un convenio colectivo (excepto en uno con sus propios trabajadores y trabajadoras). Esta afirmación nos hace dudar aún más sobre el papel que los grandes despachos puedan alcanzar en el ICAM si gana su candidatura.

Este es el momento de mencionar los “signos externos de riqueza” de la candidatura de José Mª Alonso pues, desde el inicio de la campaña electoral la riqueza y abundancia de medios de la candidatura ha llamado la atención del resto de las candidaturas, la abogacía y los medios de comunicación. Él mantiene que su presupuesto de campaña oscila entre 55.000.- y 60.000.- €, si bien reconoce que “…en las últimas semanas se han producido varias aportaciones y no descartamos alguna más antes del 13 de diciembre”, “…se han sumado microdonaciones de abogados y profesionales del sector que han decidido de forma altruista ayudar…” (Comunicado de la candidatura sobre financiación).

Con una pretensión de transparencia el comunicado es hábil, confuso y oscuro, no cuantifica las aportaciones, ni su origen y utiliza el término “aportaciones” que tanto se puede referir a las económicas como en especie y esto es importante porque, fuentes de la propia candidatura, explican como “grandes despachos” están asumiendo directamente (económicamente o con aportación de medios materiales) los gastos de campaña del candidato; así se explicaría la utilización del edificio en el que tiene su sede Baker & Mc Kenzie como sede de la candidatura, local de celebración de eventos electorales, etc., sin que haya constancia de que la candidatura pague por la utilización de estos medios materiales a la firma de abogados. El candidato ha contratado a Alfonso Merlos como asesor de prensa para la campaña electoral. El periodista se ha encargado de diseñar la estrategia de comunicación de Alonso, coordinar su agenda durante la campaña y gestionar entrevistas a distintos medios, tanto a los especializados en información legal como a los generalistas. Los actos de la candidatura se han multiplicado mañana, tarde y noche en diferentes locales de Madrid y de diferentes localidades de la Comunidad, destacando el “fiestón de Pachá”, como así han denominado los medios al acto de inicio de la campaña electoral de José Mª Alonso celebrado en el Teatro Barceló, con barra libre, DJ, notarios para tramitar el voto por correo y hasta cortadores de jamón en una fiesta a la que asistieron más de mil personas (requerido sobre el coste de ello el candidato manifestó en el debate electoral que el local le había salido gratis por un favor). Mes y medio de campaña electoral al ritmo indicado no se paga con 60.000.- €.

Respecto de las “microdonaciones” (que no se cuantifican) el comunicado no aclara si se han cumplido los trámites legales y fiscales de las donaciones, ni quiénes las han realizado, ni por qué cuantía.

No podemos dejar de resaltar el apoyo de ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía). El apoyo expreso, reconocido por el propio candidato, de un centro de formación como el ISDE a un candidato de las elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid podría extrañar pero resultar inocuo. Lo que sucede es que “llueve sobre mojado”, ISDE no es un apoyo inocente pues su trayectoria así lo señala. Es un actor habitual en las elecciones del Colegio de Abogados de Barcelona, en el que ha influido de forma abierta en diferentes elecciones (en las últimas de 2017 acompañado de escándalo referido al voto por correo). En Madrid ya sufragó la campaña de Sonia Gumpert en las elecciones de 2012 incluyendo a algún integrante de la candidatura), si bien posteriormente las discrepancias entre ISDE y Gumpert llevaron a la dimisión de sus representantes en la Junta de Gobierno y la ruptura de relaciones con la Decana. Ahora vuelve a aparecer manifestando su apoyo expreso a José Mª Alonso, no queremos pensar mal pero los antecedentes de ISDE y el propio programa del candidato:

“El Colegio dejará de tener el monopolio de la formación, alcanzaremos acuerdos que permitan a Universidades, escuelas de negocios y academias ofertar programas a los colegiad@s con descuento, aunque el Colegio también disponga de programas similares…”

Así nos señalan el camino de privatización que propone y quienes son, presuntamente, los beneficiarios.

Otras partes de su programa electoral, pretendidamente “rupturistas” y de cambio no son más que más de lo mismo o, incluso, menos de lo ya exigible, así sucede con la Transparencia, para la que el candidato ofrece:

“La transparencia será un pilar fundamental de esta legislatura. Se creará el “Portal de la transparencia” que publicará al detalle todas las partidas, gastos, costes e ingresos de todas las actuaciones que desarrolla el ICAM”.

A eso queda reducida la oferta de transparencia de José Mª Alonso. Olvidando que, por resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del 26 de abril de 2017, el ICAM está obligado a publicar:

- Copia de todas las actas de reuniones de la Junta de Gobierno del ICAM desde la toma de posesión de la actual Junta de Gobierno, incluyendo orden del día, certificación de acuerdos tomados y asistentes.

– Comisiones de trabajo existentes en el ICAM, sus integrantes y actas de sus reuniones.

- Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

- Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios, o sus organizaciones representativas, así como su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

- Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los miembros de la Junta de Gobierno.

- La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas, en relación con actuaciones sujetas al derecho administrativo.

- Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.

- Persona, unidad, departamento o servicio responsable de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia.

- Encomiendas de gestión y delegaciones en órganos inferiores a la Junta de Gobierno del ICAM de competencia de contenido económico.

-  Actividad contractual. Publicación de los contratos, omitiéndose en todo caso los datos de carácter personal. Prórrogas de los contratos. Incidencias más relevantes en la ejecución contractual.

-  Convenios suscritos de los que resulten obligaciones económicas para el ICAM.

-  Subvenciones. Medidas de fiscalización del gasto de las subvenciones  concedidas y ejecución de las recibidas.

-  Regulación, normativa o práctica del sistema de control de gastos del ICAM en relación con la actividad protocolaria  y los viajes y otros gastos de los integrantes de la Junta de Gobiernos.

-  Ficha individualizada de cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno del ICAM, incluyendo fotografía, correo electrónico y teléfono de contacto. Si gestionan intereses económicos de la Institución, relación sucinta del valor económico de su patrimonio, que se presentará en el momento de tomar posesión del cargo y en el del cese.

- Relación de puestos de trabajo del ICAM. Indicación de la remuneración en promedio de cada tipo de puesto. Importe de las indemnizaciones por razón del servicio de los directivos responsables de cada área.

Parece, por tanto, que la misma falta de transparencia que muestra en la financiación de su candidatura es la que propone este candidato que dice abanderar la renovación para el ICAM. De forma que, ya en su programa, está limitando la transparencia a la que tiene derecho la abogacía madrileña gracias a la reclamación presentada en su día por la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA).

Los antecedentes de alguna de sus candidatas y el comportamiento en campaña electoral de otra nos hacen dudar, aún más, de que la renovación y el cambio que pregona para el ICAM vaya a ser real:

Begoña Castro integra la candidatura de Alonso como candidata a Diputada 1ª (Vicedecana) y pertenece a la Junta de Sonia Gumpert, pues no consideró necesario ni ético, dimitir de su cargo una vez fue proclamada candidata. Como Diputada en la Junta de Gobierno de Sonia Gumpert ni una sola vez se opuso al criterio por el cual la actual Junta de Gobierno impidió durante su mandato que se debatieran las proposiciones presentadas por abogados y abogadas que reunían los requisitos formales para su toma en consideración en la Junta General, participando de la actuación antidemocrática de la Junta de Gobierno, según ha sido constatado por sentencias del Juzgado contencioso administrativo nº 29 de Madrid (autos 367/15) de 4 de octubre de 2016, confirmada por sentencia del TSJ de Madrid de 30 de junio de 2017 (rec. Nº 50/2017) y del Juzgado Contencioso administrativo nº 10 de Madrid (autos 249/15) de 27 de julio de 2016, confirmada por sentencia del TSJ de Madrid de 2 de febrero de 2017 (rec. Nº 1034/16).

Angela Cerrillos integra la candidatura como candidata a Diputada 2ª y es una reputada defensora de los derechos de la mujer, sin embargo nos ha sorprendido su estruendoso silencio ante uno de los hechos más denigrantes para las abogadas de las presentes elecciones: la composición de la Comisión electoral del ICAM formada por 9 hombres y 1 mujer. La candidatura de José Mª Alonso ni siquiera intervino, ni se personó siquiera, en la reclamación presentada por ALA, ellos sabrán porqué. Lo extraño es que Ángela ni siquiera hiciera un comentario sobre un hecho que transmitía el desprecio a la igualdad por razón de sexo que se practica en el ICAM.

El propio José Mª Alonso no está libre de estas sospechas pues, como integrante de la Junta de Gobierno de Hernández Gil, participó en la paralización del Proyecto de Estatutos del ICAM, que nunca llegó a nada pese a contar con el más amplio consenso que se había conseguido hasta entonces para redactar unos Estatutos del Colegio de Abogados de Madrid. Fue su Junta de Gobierno la que impidió y cerró los trámites para su debate y aprobación.

Podemos terminar diciendo que no sólo lo explicado de José Mª Alonso nos preocupa, también nos inquieta que un posible futuro Decano se mueva (¿sólo en la campaña electoral?) por medio de favores: su afirmación de que la utilización del Teatro Barceló no le costó nada porque fue un favor nos intranquiliza. Queremos un Decano transparente y no uno que pueda recibir o devolver favores.

También le recomendamos que sepa escoger a sus colaboradores, hemos comprobado que el titular del dominio de la página web de su candidatura (alonsoconlaabogacia.es) es Jesús Gallardo Peso, quién figura como administrador de diferentes sociedades en el Registro Mercantil, todas ellas unidas por un denominador común: la no constancia en el Registro Mercantil de las cuentas anuales que, obligatoriamente, tienen que consignar todas las sociedades anónimas o limitadas. Esto último no es responsabilidad de Alonso, la elección de sus colaboradores sí.

Tras lo anterior se evidencia que no hay tanta “renovación” en las propuestas de José Mª Alonso, aunque sí aceptamos que promete un “cambio”: el de la privatización de los servicios del ICAM, el de la influencia directa de los Grandes despachos en la Institución, en perjuicio de la abogacía que debe representar y el de la extrema tibieza (cuando no retroceso) en las propuestas de transparencia y democratización del ICAM.

Madrid, 11 de diciembre de 2017.

La Comisión electoral de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados. ALA